Ana Castañuela
Por Ana Castañuela
La falta de políticas públicas y de programas enfocados en la crianza positiva ha contribuido a que en Coahuila persista la violencia contra las infancias.
De enero a agosto de este año la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) atendió cuatro mil 837 casos de vulneración de derechos humanos de menores de edad en el estado, de acuerdo con esta dependencia.
Itzy Edith, 10 años
El 18 de septiembre último Itzy Edtith, de 10 años, ingresó en condición crítica a la Clínica 1 del Seguro Social en Saltillo. Estaba inconsciente, presentaba un cuadro severo de deshidratación, desnutrición y un deterioro neurológico avanzado.
La menor sufrió dos paros cardíacos. Los médicos lograron estabilizarla. Sin embargo, presentó un tercer infarto y perdió la vida.
Tras su muerte, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación contra los padres de Itzy por presunta omisión de cuidados, debido a la condición en la que se encontraba la menor cuando ingresó al hospital.
Según declaraciones de familiares y gente cercana a su vivienda, la menor vivía en condiciones precarias, con regularidad pedía comida a sus vecinos y no asistía a la escuela.
Dulce, la madre de Itzy Edith, fue vinculada a proceso por abandono de persona incapaz de valerse por sí misma. Ello ocurrió tras una audiencia en el Centro de Justicia Penal en Saltillo, y se otorgó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público continúe con la investigación.
Ángel, 6 años
Casi una semana después de la muerte de Itzy Edith, el 24 de septiembre un menor de seis años fue localizado en Piedras Negras con signos de maltrato y tortura.
Ángel deambulaba solo por la colonia Morelos cuando una mujer lo encontró y lo reportó a las autoridades, tenía huellas de violencia, quemaduras de segundo y tercer grado en las manos y diversas heridas.
Las autoridades lo trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría y posteriormente a una clínica particular en donde se confirmó que el menor era víctima de violencia familiar.
La Fiscalía General de Justicia de Coahuila inició una carpeta de investigación por violencia familiar y lesiones; mientras tanto, Gabriel, padre del niño, y Ericka, su madrastra, fueron llamados a declarar por el Ministerio Público y se encuentran bajo investigación.
Ángel y sus dos hermanas fueron resguardados por la Pronnif.
Cifras del maltrato
Los casos de Izty Edith y Ángel no son los únicos; de enero a septiembre de 2024 la Pronnif atendió cuatro mil 837 reportes de vulneración a derechos de niños y adolescentes.
Del total de casos atendidos, dos mil 246 fueron por omisión de cuidados, 779 por afectación psicológica, 603 por probables delitos sexuales y 337 por castigo corporal y afectación física.
Además, de enero a julio de 2024 al menos 50 menores de edad fueron retirados de sus hogares, de acuerdo con la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Coahuila, Liliana Salinas.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que de enero a agosto de este año se registraron 275 casos de lesiones dolosas contra menores de edad, mientras que en 2023 se presentaron 436.
La crianza tradicional
El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez García, considera que la violencia contra los menores dentro de sus hogares surge por las formas de crianza tradicional y la cultura machista.
Explica que bajo las pautas de la crianza tradicional los familiares asumen cómo deben educar a los niños y justifican cualquier tipo de violencia cuando los menores de edad buscan desarrollar libremente su personalidad y salen del canon o de los estilos tradicionales.
“La violencia contra niños y niñas busca controlar su cuerpo, sus pensamientos y su personalidad. Esto además de violar sus derechos humanos también les genera afectaciones en su salud mental”, advierte.
Señala que uno de los mayores desafíos en la materia es que la cultura de la violencia está normalizada, y, pese a que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México prohíbe que se ejerza cualquier tipo de violencia, castigos corporales y humillantes, cuando se denuncia “no pasa nada”.
Abusos del sistema
Cuando se recibe una denuncia por violencia contra un niño dentro del hogar, la Pronnif es la instancia encargada de supervisar el domicilio del menor de edad para conocer su estado, y se debe establecer un periodo de visitas y verificaciones. Además, la familia tiene que tomar tratamiento psicológico.
En caso de que el afectado desee denunciar o presente lesiones severas, le corresponde a la Pronnif reportar el caso a la Fiscalía del Estado para que determine si debe separarse temporalmente al niño de su familia, y debe buscarse a familiares extensos hasta cuarto grado para que puedan tener la custodia temporal de él, con el fin de evitar separar a los menores de la dinámica familiar.
“Si por alguna razón no encuentran familiares extensos hasta cuarto grado o no tienen perfil apropiado para hacerse cargo del menor, pueden ir temporalmente a un albergue. Esto no es recomendable, tiene que ser siempre la última opción por el menor tiempo posible y en espacio supervisados”, explica el director de Redim.
Pese a que la prioridad debe ser no separar al menor de su círculo familiar cuando se detecta un caso de violencia dentro del hogar, Juan Martín comenta que en la mayoría de los casos el Sistema DIF abusa de sus facultades y “opta por la medida más administrativa y rápida, sin pensar en lo que es mejor para los niños y niñas”.
“Les es más fácil llevarse al niño o la niña, depositarlo en un albergue y nunca acordarse de él, que realizar las amonestaciones, visitas periódicas y otro tipo de medidas de apremio para que las familias se cuestionen las pautas de crianza tradicional y reciban la capacitación para la crianza positiva”, afirma.
La responsabilidad del Estado
Juan Martín Pérez asevera que toda forma de violencia contra los niños es prevenible, y subraya que al Estado le corresponde desarrollar políticas públicas y asignar programas en instituciones para que se acompañe a las familias a transitar de la crianza tradicional a la positiva.
“Tenemos que ayudar a que las familias se den cuenta qué es más apropiado para los niños y niñas, para desarrollar aprendizajes sobre cómo criar de forma positiva” insiste.
Considera que la impunidad en los casos denunciados permite que los actos de violencia vuelvan a cometerse, por lo que destaca la importancia de sensibilizar, educar, monitorear y dar capacitación y seguimiento a las familias.
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