Por Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez
Ciudad de México.– Al “desacato” que se le busca imputar a Claudia Sheinbaum Pardo, por no haber bajado del Diario Oficial de la Federación el decreto de la Reforma Judicial, le seguirá toda una campaña que busque lastimar a la Presidenta de México, planteó Silvina Romano, Coordinadora del Observatorio Lawfare, una organización que da seguimiento a la guerra judicial en América Latina.
“Después del desacato sigue cualquier tipo de denuncia que la criminalice a ella y a su círculo cercano, sobre todo por ser mujer”, comentó Romano en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por SinEmbargo Al Aire. “Claudia Sheinbaum como Presidenta mujer, van a buscar meter, probablemente, a la población esta idea de que tiene cierta incapacidad o hay algo en cuestiones de género”.
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La académica argentina consideró que el ataque de ahora será solo uno de muchos que busquen generar un impacto en la opinión pública más que enfrentarla a un proceso legal. “La palabra desacato, desacato es fuerte, decir ella es rebelde frente a la Ley, está desacatando, por eso buscan causas que tengan una impronta que llegue al corazón de la gente, como que se sienta engañado”.
“Lo que se busca es esto que dice Raúl Zaffaroni, una causa, otra causa, una denuncia, otra denuncia, otra y alguna va a calar más fuerte la opinión pública, están buscando cuál es el tema que quiebra esa moral. Entonces ojo con esto de Claudia como mujer, que a mí me parece lo más extraordinario que está pasando este continente, pero por eso hay que cuidarla más”, ahondó.
El Observatorio Lawfare que coordina Silvina Romano reconoce que América Latina hoy más que nunca es un espacio en disputa y de tensiones políticas que buscan ser dirimidas en el campo de lo jurídico, para ello el lawfare, o la guerra judicial, ”se ha empleado hasta alcanzar procesos electorales y aparatos financieros, incluyendo por momentos el libreto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se trata de un proceso de largo aliento que supera la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos”.
—¿En México está en desarrollo el lawfare en este momento? —se le preguntó a la académica.
—Es probable, a mí me gusta dejar la duda también porque confío mucho, mucho en este poder popular que hay en México, confío mucho, pero están dándose esos pasos que estamos conversando ahora, que hacen que tengamos que tener las antenas totalmente en alerta.
En México, de hecho, ya hay un antecedente de lawfare: el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, cuando era Jefe de Gobierno de la capital. La politóloga española Arantxa Tirado, una de las expertas en el tema, ha explicado que la llamada guerra jurídica se viene produciendo en América Latina precisamente desde el desafuero de López Obrador, un episodio que buscó minar sus aspiraciones para la Presidencia en 2006.
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En ese sentido, Silvina Romano apuntó que en México ante este desafío que implica para las derechas, para una minoría privilegiada la Reforma Judicial, se están empezando a calentar las vías que hay para desestabilizar gobiernos y llegar en algún punto, en algún momento, a lo que es el golpe de blando.
“¿Por qué digo se está empezando? Nosotros lo vimos con López Obrador en su momento, sean los fraudes, sea cuando lo judicializaron a él, es decir, no es que sea algo nuevo, porque la gente entonces dice ‘para qué, si esto ya pasó, para qué me hablan de lo mismo’. No, en realidad lo que estamos asistiendo ahora es que desde el Poder Judicial se están abriendo lo que es este golpe por goteo”, expresó.
En ese sentido dijo que hoy en día una muestra de esta ruta que se empieza a trazar puede advertirse en la cantidad de recursos judiciales que se han presentado contra la Reforma, pero antes de eso, recordó, sucedió lo mismo contra leyes, contra políticas públicas, contra todo lo que tenía que ver la posibilidad de que el Estado de Andrés Manuel López Obrador llevara a cabo las reformas y las transformaciones que había propuesto.
“Fíjense, contra el tren Maya, contra los libros de texto escolar, es decir, una gama de decisiones que se iban tomando y que justo utilizando una herramienta judicial, como son las demandas, ¿intentaban qué?, obstaculizarlo, y no era una demanda, una persona entendía sobre el tema, un grupo de abogados. No, cientos de demandas”, señaló.
Romano comentó que es así cómo se utiliza este aparato judicial para obstaculizar un proceso de cambio. “Ahora tenemos a Nancy Juárez, por ejemplo, con este tema de que quiere cortar con el tema de la reforma, dice ‘esto no va a suceder, la Reforma Judicial no va a suceder’, y yo me pregunto si ese procedimiento de Nancy, ha llegado a ser legal o solamente ha sido una declaración de la prensa y acá es importante esto, porque muchas de las demandas judiciales se presentan, pero muchas otras tienen el objetivo de la desestabilización política, son hechas frente a la prensa y después hay que ver si sigue ese curso legal, qué poco importa para el que hizo ese tipo de demanda, si sigue el curso legal, porque acá está la trama”.
La académica dijo que suele decirse que el lawfare es una guerra por la vía legal, cuando en realidad, “lo que buscan nuestras derechas en América Latina es hacer de cuenta que se hace por la vía legal, porque cuando nos ajustamos el debido proceso judicial no se cumple”.
“El lawfare es parte de lo que es el poder blando o las guerras blandas, ¿Por qué? Porque las guerras blandas pueden acudir no solamente al uso de la ley como un arma, que es lawfare, sino que pueden utilizar otro tipo de estrategias como boicots, sabotajes, es decir, unas herramientas muy propias de la guerra psicológica y lo que nosotros recordamos de películas de espionaje, todo lo que tiene que ver con lograr que el enemigo se vea acosado, se vea perseguido, pero sin despliegue o uso de armas militares o lo que conocemos como el despliegue militar convencional”, puntualizó.
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