Redacción El Coahuilense
Por Arturo Rodríguez García
El gobierno va iniciando y hay un registro innegable de violencia: el asesinato del cura Marcelo Pérez, un defensor de derechos humanos en Chiapas; dos coches bomba que detonaron en Jerécuaro y Acámbaro, Guanajuato y, para cerrar la semana, un enfrentamiento que dejó como saldo oficial 19 personas muertas, de las cuales 14 serían criminales, en Técpan de Galeana, Guerrero.
A lo anterior, hay que sumar la violencia en Sinaloa más el registro consuetudinario de asesinatos y desapariciones.
Entonces la crítica surge de manera que exhibe cierta desesperación por marcar la agenda política. El enfrentamiento es sometido a una discusión confusa respecto al video de un militar instruyendo una ejecución extrajudicial en otros hechos ocurridos en Culiacán. Nada que ver lo uno con lo otro.
O, para meterse en el asunto de los coches-bomba, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, llama a tipificar el acto como narco-terrorismo.
El parte de los hechos lo da el nuevo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con tres semanas en el cargo pero a quien ya se le exige pacificación. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, rechaza la tipificación de terrorismo.
El asunto es de responsabilidad política. Acaso el mayor problema de las oposiciones sea en estos tiempos la insuficiencia. Aún unida, la oposición es insuficiente en el Legislativo, con la precaria representación que le impide incidir mínimamente en las decisiones que toma una mayoría absoluta cuyo respaldo a la jefa del Ejecutivo es incondicional, tanto como para modificar radicalmente las condiciones del Poder Judicial.
Es decir, se trata de una oposición y, concretamente, de un panismo condenado a la irrelevancia que resultó del sistema electoral promovido por el propio panismo y cuyo dirigente nacional suele acusar autoritarismo.
Un autoritarismo que, sin embargo, para criticar las condiciones de inseguridad que se registran en algunas zonas del país exige la calificación de terrorismo cuando eso abriría la posibilidad legal de suspensión de garantías, o bien, de otras medidas de excepción que se asocian precisamente a gobiernos autoritarios.
Total: Cortés se duele de mano dura pero exige mano dura.
Porque en sentido estricto, lo que Marko Cortés está pidiendo es la implementación de medidas de seguridad más estrictas y tácticas más agresivas, pero cuando eso sucede, por ejemplo, en Técpan de Galeana Guerrero, también critica la medida.
En la misma declaración descalifica al gobierno por no prevenir la violencia de los coches bomba, pero también descalifica al gobierno por enfrentar a una banda criminal en Guerrero.
No es todo. Sus declaraciones fueron dadas en Estados Unidos, país en el que el asunto del terrorismo es cosa delicada como para que haya voces que piden intervención. Y, cuando menos, hay repercusiones sobre la confianza en las autoridades y, por lo tanto, una percepción negativa de la situación del país.
Es por demás. El extravío opositor se refleja en el dirigente panista que se ve mal cuestionando con tan enrevesados términos la política de seguridad de un gobierno que empieza a enfrentar el fenómeno de violencia generada, como se sabe, en los doce años en que su partido fue gobierno.
Para fortuna del panismo y del debate político nacional, en tres semanas se va aunque la esperanza en el surgimiento de una oposición responsable y digna en la derrota, parece lejana.
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