Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, A.C en conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han dado un paso adelante para retroceder la reforma al Código Penal de Aguascalientes que pretende reducir de 12 a 6 semanas de gestación la legalidad para la interrupción de un embarazo.
Esta estrategia legal por parte de las colectivas ha solicitado oficialmente la emisión de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado en la entidad, una herramienta que podría meter freno al considerar esta reducción una violatoria a los derechos humanos en razón de género.
La petición ha sido oficialmente interpuesta ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres y busca levantar la alerta en todos y cada uno de los municipios que conforman Aguascalientes. De aprobarse, esto sería un hito importante en la entidad pues sería la primera vez que estaría suscrita a las recomendaciones y acciones que pauta una AVGM.
«Esta solicitud surge ante las recientes reformas legislativas que limitan gravemente los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes en la entidad», se lee en el comunicado del OCNF.
La representante de este movimiento es Mariana Ávila del OCNF, quien compartió con anterioridad para Cimacnoticias que la causa última de esta Alerta de Género sería detener la reforma por transgredir los derechos humanos y explicó en llamada que, al carecer de argumentos sólidos sobre el porqué reducir las semanas de gestación, era una responsabilidad del Estado federal atender lo que está sucediendo en Aguascalientes.
«Esto tendrá consecuencias por esta irresponsabilidad e ignorancia del congreso, tenemos que salir y cuidar; que ninguna mujer se enfrente a dar un amparo. ni a estar sola frente al aparato misógino del estado de Aguascalientes» compartió Mariana Ávila para Cimacnoticias tras anunciarse el avance de la reforma.
Ahora, esta ofensiva se ha consolidado y se proyecta que tenga una repercusión directa en el Congreso de Aguascalientes para congelar este intento que nace desde la bancada panista. Sin embargo, se debe apuntar a que el camino para meter un amparo no es sencillo, pues debe recordarse que la reforma ya fue publicada en el Diario Oficial del Estado desde el pasado 23 de septiembre.
A pesar de ello, el OCNF y el OVSGA se preparan para dar batalla bajo el sustento de que estas reformas al Código Penal estatal constituyen una regresión en los derechos humanos de las mujeres, pues esta medida no responde a las realidades psicosociales y biológicas del proceso de gestación y dificulta el acceso efectivo a servicios de salud.
Asimismo, la petición de esta AVGM se ampara en la NOM – 046 que establece los criterios para la prevención y atención médica en materia de violencia familiar y sexual, en añadidura, sostienen que está faltando a la Ley General de Víctimas al agravar la situación de violencia sexual y reproductiva de la entidad.
Principales exigencias: Organizaciones buscan tirar reforma
La solicitud primaria en este momento es aprobar la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado por toda la entidad. Así como la creación de un grupo multidisciplinario para investigar el contexto de violencia que viven las mujeres en el estado, conforme lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Por supuesto, la demanda número 3 busca revocar la reforma del Código Penal y restablecer el plazo de 12 semanas para la interrupción legal del embarazo, esto último, recordando la sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde demandó la despenalización nacional del aborto y la homologación de los Códigos Penales locales.
«El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes y el OCNF hacen un llamado a las autoridades estatales para que actúen de manera urgente y prioricen el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en la entidad.»
Además, hay que recordar que no sólo se tiene como antecedente la sentencia histórica, sino también, el máximo tribunal ya había ordenado hace un año a Aguascalientes despenalizar el aborto y derogar todo artículo que criminalizara a las mujeres por su derecho a abortar.
Y es que, Aguascalientes ha mantenido un sentido régimen derechista que conservaba en su Código Penal, artículos extremadamente violentos y punitivistas, pues en la entidad, la interrupción del aborto, sin importar las semanas de gestación, era contemplado como homicidio y se sancionaba de manera directa con la pena de prisión.
De 2020 a lo que va de 2023, en Aguascalientes se han abierto un total de 40 investigaciones contra mujeres por el delito de aborto, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el año con más casos es 2021, con un total de 14; seguido del año 2022, donde se criminalizó a 13 mujeres.
La tendencia de punibilidad parece no cesar en la entidad hidrocálida, pues mientras que en 2020 la cifra de carpetas de investigación por el delito de aborto fue de 5, en 2023, se abrieron 8, con ello, se infiere el alza de la criminalización y una preocupante violatoria a la progresividad.
¿De qué trata esta reforma de ley de Aguascalientes?
Cimacnoticias accedió a la iniciativa del Congreso del Estado de Aguascalientes, donde se encontró una serie de hallazgos preocupantes que defienden la vida desde la concepción, demandan la protección del embrión y ejerce la criminalización en contra de las mujeres. A continuación, un resumen de las principales demandas:
1. El embarazo comienza desde la implantación del embrión en el endometrio.
2. Determinar que quien voluntariamente practique un aborto u otorgue consentimiento para que se lo realice otra persona, se le aplicarán de 3 a 6 meses de prisión, de 600 a mil días de multa y el pago total de la reparación de los daños.
3. Cuando el aborto lo realice una persona médica, partera o cirujana, se le impondrán de 6 meses a un año de prisión y hasta dos mil días de multa. Si es otra persona que no cumpla con esta preparación profesional, alcanzará hasta 6 años de prisión y 3 mil días de multa.
Intentan modificar el artículo 101 para que quede establecido de la siguiente forma:
El aborto consiste en la interrupción del embarazo con el consentimiento de la mujer embarazada, después de la sexta semana de gestación, para este Código, el embarazo es la parte del proceso de reproducción humana que comienza desde la implantación del embrión.
4. La punibilidad no será aplicable en mujeres que aborten por causa culposa, es decir, de forma «accidental» y sin «mala intención».
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