Por Arturo Rodríguez García
A estas alturas, para nadie es desconocido que el ordenamiento de los cuerpos de seguridad así como la operación de grupos criminales coludidos con autoridades, se ha convertido en el eje de las acciones del gobierno de Delfina Gómez. Y, entre las múltiples problemáticas de seguridad en el Estado de México, destaca una: el robo de vehículos.
Según las últimas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de este año se reportaron 25 mil 643 robos de unidades en toda la entidad.
De ahí que el tema deba ser prioridad para el gobierno de Delfina Gómez.
Más allá de los operativos que se implementen para combatir el problema, uno de los aspectos al que el gobierno mexiquense le quiere poner especial esfuerzo y atención es a la baja calidad de placas vehiculares y retrasos en las entregas de las mismas que el estado viene arrastrando.
El proceso de regularización de vehículos robados sigue siendo vulnerable a prácticas ilícitas, pues los delincuentes logran introducir autos con reportes de robo en el mercado formal mediante la manipulación de documentos y la emisión de placas fraudulentas.
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La situación es posible debido a la carencia de un sistema robusto de verificación y trazabilidad, lo que facilita que coches con antecedentes delictivos sean registrados sin mayor supervisión.
Hay un descontento. Las placas despintadas representan un impacto significativo para combatir otros delitos como el secuestro y diferentes tipos de robos, pues las cámaras de vigilancia, que dependen en gran medida de la visibilidad de las placas para identificar los vehículos y sus propietarios, no pueden cumplir su función de manera eficiente si estas son ilegibles.
Esto dificulta no solo la recuperación de unidades robadas, sino también la identificación y detención de los delincuentes responsables.
Por ello, fuentes al interior del gobierno mexiquense informan que se estarían iniciando auditorías para revisar los contratos con los proveedores fabricantes de placas y que estas cumplan con la NOM-001-SCT-2-2016, que tiene carácter obligatorio a nivel nacional y cuyo incumplimiento de cancelación de las autorizaciones emitidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de Jesús Antonio Esteva Medina.
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Y es que actualmente, Placas y Señalamientos Mexicanos, responsable de emitir más de 3 millones de placas y 500 mil tarjetas de circulación, ha recibido cualquier cantidad de quejas, tanto en redes sociales como denuncias ciudadanas, que han expresado su malestar por los problemas de tránsito que esto les ha ocasionado.
Otro tema que también estarían abordando las autoridades sería robustecer el sistema de registro vehicular, así como revisar el trabajo realizado por el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC), del Instituto Politécnico Nacional, encargado de evaluar la calidad de los documentos, así como la viabilidad de los proveedores.
Con ello no solo se combatiría el descontrol en la regulación de la documentación vehicular, para evitar el flujo ilegal de automóviles, sino también le brindaría a la ciudadanía la tranquilidad en el ejercicio de compra/venta de autos de forma fácil y económica, y también una herramienta fundamental a los cuerpos policiales a fin de reducir los índices de robo y para lo cual una base de datos real y actualizada de los vehículos es fundamental.
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