Redacción El Coahuilense
Por Jesús Gerardo Puentes Balderas
La reforma al Infonavit propuesta por la Cuarta Transformación representa un intento deliberado de apropiarse de los ahorros destinados a garantizar el derecho a una vida mejor y una vivienda más digna. Este ataque no sólo compromete derechos ciudadanos fundamentales, sino que también sacrifica principios republicanos esenciales para la democracia.
Esta reforma presentada por la caterva mayoritaria del Congreso de la Unión plantea una amenaza directa a los derechos de los trabajadores y a la estabilidad institucional.
El gobierno de la Cuarta Transformación se distingue por un centralismo asfixiante, una intolerancia rampante, un desprecio absoluto por la pluralidad y un paternalismo que raya en el autoritarismo.
Más allá de la crisis de inseguridad y el desastre en el sector salud, la herencia más devastadora de López es la profunda descapitalización del país, un saqueo sistemático que ha minado los cimientos de nuestra economía.
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La presidenta formal, con “A”, hereda un país endeudado hasta los tuétanos, económica y financieramente en bancarrota, poniendo en jaque su precaria e insostenible política asistencialista. Esta situación se agrava por la obstinada persistencia en inyectar recursos a las obras faraónicas e improductivas de su predecesor, monumentos a la banalidad, la corrupción y el despilfarro.
Ante este panorama desolador y, con el único objetivo de perpetuar la fórmula clientelar de comprar votos con dinero público -no contentos con una austeridad republicana que sólo existe en el discurso-, este gobierno busca dilapidar los recursos administrados por las instituciones gubernamentales, consumando así un atraco a la nación.
Generalmente todo proceso de transformación sistémica, especialmente cuando busca cambios radicales, requiere medidas extraordinarias. Sin embargo, en el ámbito político, estas refundaciones frecuentemente siguen un patrón preocupante: el intento de destruir el pasado, sobre todo las instituciones y normas que pudieran obstaculizar los objetivos del grupo en el poder.
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En lugar de buscar el consenso y el diálogo, pilares de una sociedad democrática, la espuria mayoría parlamentaria opta por una estrategia de imposición respaldada en su aplastante número en las dos cámaras.
Declaraciones como las de Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró “vamos a gobernar por más de 50 años”, revelan una preocupante tendencia autoritaria.
La voluntad política genuina, la capacidad de anteponer el bien común a los intereses particulares, así como el compromiso con la pluralidad y la inclusión, no son parte de su repertorio.
Bajo el argumento que el pueblo decidió en las urnas los cambios propuestos, violentan instrumentos domésticos y tratados internacionales en materia de derechos universales a través de reformas que dicen ser para acabar con la corrupción y la ineficiencia, cuando en verdad son un intento agresivo de desmantelar estructuras que protegen a los ciudadanos frente al abuso del poder.
La situación actual revela una paradoja democrática importante: a pesar de que la secta gobernante y sus aliados obtuvieron 33 millones 135 mil 80 votos, tal cifra representa una minoría del padrón electoral total. De hecho, 58 millones 773 mil 420 mexicanos con derecho a voto no respaldaron tan impresentable coalición, ya sea por abstención o por votar por otras opciones políticas.
La reforma propuesta al Infonavit presenta varios problemas fundamentales, a saber:
1.- Busca eliminar los controles institucionales sobre los aproximadamente dos billones de pesos en las arcas del instituto.
2.- Amenaza el carácter sagrado de las aportaciones de los trabajadores.
3.- Deja abierta la puerta para disponer de recursos destinados específicamente para vivienda hacia otros propósitos.
El principio de división de poderes, esencial en cualquier República, está siendo amenazado. El constitucionalismo surgió, precisamente, como respuesta al Estado absolutista, buscando limitar el poder del gobernante. La concentración de poder que busca esta reforma es diametralmente opuesta a este principio fundamental y representa más que un simple cambio administrativo: constituye un intento de apropiación de las aportaciones de los trabajadores mexicanos.
Este dinero, fruto del trabajo y destinado constitucionalmente a garantizar el derecho a una vivienda digna, debe permanecer protegido y dedicado exclusivamente a su propósito original.
Los ciudadanos debemos mantenernos vigilantes y activos en la defensa de nuestros derechos laborales y constitucionales, especialmente cuando se trata de proteger el patrimonio que nadie nos ha regalado, sino que hemos construido a lo largo de años de trabajo, palabra que asusta a la mayoría de los zombies de la transformación de cuarta.
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