El conflicto de interés ensombrece casinos en Hidalgo

Por Arturo Rodríguez 

En Hidalgo, hoy en manos de Julio Menchaca, el cierre del casino Winpot en Pachuca ha encendido las alarmas en diversos sectores que advierten sobre un posible conflicto de interés relacionado con funcionarios estatales y empresarios. 

Y es que, a pesar de que el establecimiento contaba con permisos vigentes y amparos legales que le permitían operar, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Hidalgo (Copriseh), de Luis Alberto Mercado Hernández, clausuró el lugar el pasado 4 de diciembre. Esta acción, que afecta directamente a más de 200 empleados, ha generado entre el sector dudas sobre si se tomó en beneficio del casino Vía Dorada, ubicado a menos de un kilómetro y principal competencia de Winpot, ya que este negocio es administrado por empresarios con vínculos directos con el gobierno estatal.  

Documentos a los que este columnista tuvo acceso, entre ellos la escritura pública número 44,342 registrada en Monterrey, Nuevo León, confirman que los accionistas de Hermes Games, operadora del casino Vía Dorada, son Elías Marianno Gil Valdez, secretario de Administración del estado de Hidalgo; Juan Carlos Martínez Domínguez, conocido como «el hombre del pantalón»; y Fidel José Antonio Moreno Sosa. 

Hermes Games opera en conjunto con el permisionario Petolof S.A. de C.V., empresa en la que Sergio Jacinto Gil García, conocido como «el Sr. de los quesos», padre de Elías Marianno Gil Valdez, es el principal accionista. Al tiempo de que la cercanía geográfica entre ambos casinos, así como las conexiones familiares y políticas entre sus operadores, levanta sospechas sobre si la clausura del Winpot responde a intereses empresariales más que a un tema regulatorio.  

Sergio Gil fue señalado, entre otros polémicos temas, por abrir un nuevo casino en la comunidad de San Jerónimo, a pesar de la política federal del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador de no permitir nuevas salas de apuestas durante su mandato. Este historial deja dudas sobre la influencia que su familia y empresas podrían ejercer en el sector del juego en Hidalgo.  

Por su parte, Juan Carlos Martínez Domínguez no es ajeno a los señalamientos. Diversas investigaciones lo relacionan con esquemas de desvío de recursos públicos, como la «Estafa Siniestra», en la que empresas fachada habrían servido para canalizar fondos estatales.

Además, ha sido señalado por la venta de tabletas con sobreprecio a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y por su cercanía con el exgobernador Omar Fayad, con quien habría colaborado en la adjudicación de contratos sin licitación. 

Durante el gobierno de Fayad, Martínez Domínguez habría consolidado su influencia financiera y política, al punto de ser señalado como «el operador financiero» del exmandatario. También se le atribuye un papel clave en el desarrollo inmobiliario y comercial de Vía Dorada, ubicado cerca del casino que ahora administra y que lleva el mismo nombre.  

La figura del exgobernador resulta relevante en este entramado. Según múltiples fuentes, Fayad habría otorgado contratos y facilitado el desarrollo de proyectos inmobiliarios a Martínez Domínguez para fortalecer su posición como uno de los empresarios más influyentes en el estado. Se le vincula además con la asignación directa de contratos a empresas cercanas a Martínez, como Celular Milenium, compañía señalada por supuestos sobreprecios en licitaciones durante su administración.  

En este contexto, el actual gobernador Julio Menchaca Salazar enfrenta crecientes cuestionamientos por su falta de acción en el caso. A pesar de las resoluciones judiciales emitidas los días 9 y 27 de diciembre de 2024, que ordenan la reapertura de Winpot, el casino permanece cerrado. Esto no solo afecta a los empleados y sus familias, sino que deja en entredicho el compromiso de la actual administración con la transparencia y el respeto al estado de derecho. Las conexiones entre los accionistas de Vía Dorada, funcionarios en activo y actores políticos del pasado exigen una explicación clara que disipe las dudas sobre posibles intereses cruzados.

Hacia una Corte renovada

El proceso de selección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avanza, con el 31 de enero como fecha límite para integrar las listas de candidatos. 

Entre los nombres que destacan para ocupar alguno de los cargos del máximo tribunal, se encuentra el de Carlos Enrique Odriozola Mariscal, abogado con más de 30 años de experiencia en la defensa de derechos humanos. 

Fundador del Centro Contra la Discriminación (CECODI), Odriozola ha impulsado casos que marcaron precedentes, como la lucha contra la discriminación laboral por edad, que culminó en sentencias históricas de la Corte bajo la ponencia de Arturo Zaldívar. 

También fue clave en la inclusión laboral de personas con discapacidad, al lograr jurisprudencia toral en favor de este sector de la población. Comprometido con el acceso a la justicia, Odriozola ha defendido derechos de ejidatarios, mujeres y figuras públicas, con aportes significativos a la lucha contra la violencia de género. Sin duda un perfil clave.

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