Redacción El CoahuilenseCiudad de México.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma el artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política, para reducir de manera gradual la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
El proyecto, que prevé una implementación escalonada hasta el año 2030, fue remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional.
Desde la Mesa Directiva, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, declaró aprobado el artículo 123 del proyecto de decreto y los transitorios segundo y tercero en los términos del dictamen.
“Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de la jornada laboral. Se remite a la Cámara de Diputados y Diputadas para los efectos del artículo 135 constitucional”, expresó.
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El único cambio que se introdujo en el Senado fue en comisiones, a propuesta de la senadora Malú Mícher Camarena, y se trató un enfoque de lenguaje incluyente: sustituir la palabra “menores” por “personas menores” en las referencias a edad a menores de 18 años.
Tras la votación, legisladores de la mayoría corearon: “¡vivan los derechos de los trabajadores! ¡Viva la jornada laboral de 40 horas! ¡Viva la primavera laboral!”.
Durante el debate, Morena defendió el proyecto como parte de la denominada “Primavera laboral de la 4T”, mientras que legisladores de oposición, aunque votaron a favor en lo general, advirtieron inconsistencias en el diseño normativo.
Los legisladores de Movimiento Ciudadano acusaron que la reducción efectiva del tiempo de trabajo debe traducirse en trabajar menos para vivir mejor y plantearon que la reforma debió garantizar explícitamente un esquema de cinco días laborales por dos de descanso, sin ampliar el umbral de horas extraordinarias.
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Durante la discusión de artículos reservados, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, presentó una reserva para establecer de manera expresa dos días obligatorios de descanso por semana.
Desde tribuna, sostuvo que millones de trabajadores enfrentan jornadas extensas y traslados extenuantes, lo que genera lo que denominó “pobreza del tiempo”.
El legislador advirtió que, sin la garantía constitucional de dos días de descanso, la reforma deja a los trabajadores en desventaja frente a relaciones laborales asimétricas.
En la misma línea, la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, dio lectura a un posicionamiento de centrales obreras que, si bien reconocen como avance la jornada de 40 horas y la prohibición de disminuir salarios, alertan sobre riesgos en la redacción del dictamen.
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El pronunciamiento sindical advierte que se mantiene el modelo de seis días de labor por uno de descanso, que la aplicación gradual difiere el pleno goce del beneficio hasta 2030 y que la redefinición de conceptos como “estar a disposición del empleador” podría generar interpretaciones restrictivas y facilitar subregistros de tiempo trabajado.
Asimismo, se expresó preocupación por la ampliación del límite de horas extraordinarias —de nueve a doce semanales— y por la posibilidad de jornadas combinadas de hasta 12 horas diarias, lo que, señalaron, podría contradecir el espíritu de la reforma.
Desde la tribuna, Viggiano afirmó que se trata de “una justicia a medias” y cuestionó que no se haya acompañado la reforma con apoyos fiscales para las micro, pequeñas y medianas empresas, ni con un sistema integral de cuidados que atienda el impacto diferenciado en mujeres trabajadoras.
En respuesta, el senador morenista Óscar Cantón Zetina defendió la gradualidad del esquema al asegurar que “tiene soporte sindical” y que ir más allá de la prudencia económica podría poner en riesgo la viabilidad de la reforma.
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Por su parte, el senador del PAN, Marko Cortés Mendoza, adelantó que su bancada solicitará que se declare la constitucionalidad de la reforma previa en materia de salarios para trabajadores del Estado, aprobada por el Congreso y avalada por 31 congresos locales, pero aún pendiente de declaratoria formal.
Aunque las distintas fuerzas políticas coincidieron en respaldar la reducción a 40 horas como un avance histórico, el debate evidenció diferencias sobre el alcance real del cambio y su impacto en la informalidad, que afecta a más de la mitad de la fuerza laboral del país.
Movimiento Ciudadano votó a favor del dictamen en lo general, aunque mantuvo sus reservas en lo particular. En el mismo sentido, legisladores del PRI y del PAN respaldaron la reducción a 40 horas, pero calificaron la reforma como “insuficiente” o una “justicia a medias” por no establecer explícitamente el esquema de cinco días laborales por dos de descanso.
¿Qué establece el dictamen?
El proyecto contempla una reducción gradual de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030 sin implicar reducción salarial. El calendario propuesto es el siguiente: 46 horas en 2027; 44 horas en 2028; 42 horas en 2029; y 40 horas al final del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Asimismo, la iniciativa eleva a rango constitucional la prohibición de que las personas menores de 18 años trabajen horas adicionales a la semana.
En materia de tiempo extraordinario, el dictamen amplía de nueve a 12 las horas extra permitidas por semana, aunque mantiene la posibilidad de rebasar ese límite con el pago triple de la jornada ordinaria, esquema que actualmente aplica cuando se superan las nueve horas adicionales.
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En la exposición de motivos se advierte que México figura entre los países con mayor carga laboral en el mundo y que el estrés laboral constituye un problema estructural de salud pública.
Con base en estudios de la OMS y la OIT, se señala que las jornadas prolongadas elevan el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Según los datos citados, 75% de los trabajadores en el país padece algún nivel de estrés laboral y una cuarta parte de los infartos anuales estaría vinculada a factores laborales.
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