Redacción El CoahuilenseNacida durante el sexenio de Felipe Calderón, Broxel, empresa de servicios financieros propiedad de Gustavo Gutiérrez Galindo, construyó en poco más de una década una red de contratos públicos que supera los 25 mil millones de pesos. Su crecimiento se fortaleció durante la administración de Enrique Peña Nieto, período en el que la firma consolidó su presencia en instituciones federales. Actualmente, distintos organismos revisan el historial de sus asignaciones y vínculos con dependencias públicas.
Desde su creación en 2011, la compañía encontró oportunidades en programas de vales y prestaciones. Entre 2016 y 2024, su participación en el Infonavit se tradujo en al menos diez contratos por 701 millones de pesos, de los cuales ocho fueron adjudicaciones directas. Ese esquema derivó en una denuncia presentada en 2025 ante el propio Instituto y turnada a la FGR, la SFP, el SAT y la UIF para indagar posibles conflictos de interés y triangulación de recursos.
A nivel estatal, los gobiernos panistas representaron un punto de expansión clave. De 2021 a 2024, las administraciones de Guanajuato, Querétaro, Yucatán y Aguascalientes otorgaron a Broxel contratos por más de 860 millones de pesos, siendo la mayoría mediante adjudicación directa.
En el plano regulatorio, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a su filial Broxel Transfer en 2020 por incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero, y dos años más tarde multó a otra razón social de la empresa por inconsistencias en la información entregada.
Asimismo, entre 2019 y 2025 la compañía retrasó la devolución de 121 millones de pesos correspondientes a vales no entregados al Gobierno de la Ciudad de México, lo que obligó a la Secretaría de Finanzas capitalina a emitir oficios de exigencia de reembolso.
Mientras tanto, en la antesala del fallo por la licitación de los vales de despensa de fin de año, estimada en más de 3 mil 700 millones de pesos, Servicios Broxel intenta mantener el contrato que ha ganado de forma consecutiva desde 2019. Según fuentes consultadas, gestiones impulsadas por el senador Adán Augusto López habrían derivado en presiones a funcionarios de la Ciudad de México y una ofensiva mediática favorable a la firma, lo que ha generado un ambiente de tensión política alrededor del proceso que se define este lunes 10 de noviembre.
En paralelo, Gustavo Gutiérrez Galindo, fundador de Broxel, ha sido vinculado a diversos actores políticos desde los años en que la compañía comenzó a recibir contratos federales y estatales. Fuentes cercanas refieren que el empresario sostuvo relaciones con funcionarios y representantes del sector público, coincidiendo con el periodo de expansión de la empresa en México y el extranjero.
