El programa Mujeres con Bienestar, antes denominado Tarjeta Rosa en el Estado de México, enfrenta cuestionamientos tras la transición a la Licitación Pública LPNP-005-2026. Aunque se anticipaba un proceso competitivo, los términos del concurso apuntan a un esquema que, en los hechos, favoreció a un solo participante: Servicios Broxel.
El proyecto contempla una bolsa de hasta mil 750 millones de pesos destinada a actividades culturales, deportivas y apoyos sociales. Sin embargo, las condiciones impuestas en la licitación han despertado suspicacias. Entre ellas destaca la exigencia de entregar 700 mil tarjetas personalizadas en un plazo de 10 días posteriores al fallo, un requisito que especialistas consideran difícil de cumplir sin una producción previa.
A la par, el esquema incluye servicios adicionales como seguros de vida y asistencia veterinaria, con una comisión mensual estimada en 352 millones de pesos. Pese a ello, beneficiarias del programa reportan desconocimiento sobre los alcances de estos beneficios y los mecanismos para acceder a ellos, lo que pone en entredicho la efectividad en la distribución de los recursos.
En el procedimiento participaron únicamente dos empresas: Broxel y Previvale. Durante la junta de aclaraciones, Previvale presentó diversas preguntas; no obstante, ninguna prosperó. Tampoco se aceptaron propuestas para modificar requisitos, como eliminar certificaciones ISO o permitir tarjetas tipo carnet.
El caso revive antecedentes en otras entidades. En Jalisco, la Universidad de Guadalajara (UdeG) y trabajadores del sector público reportaron fallas en el sistema operado por Broxel. El Sindicato de Trabajadores Académicos denunció rechazos en transacciones pese a contar con saldo disponible, así como inconsistencias en la aplicación móvil y el portal de la compañía.
Usuarios fuera de la Zona Metropolitana también señalaron dificultades para utilizar las tarjetas ante la escasa red de comercios afiliados. En Monterrey, Nuevo León, se documentaron errores en depósitos, con montos que alcanzaron hasta 20 mil pesos en cuentas que debían recibir 2 mil 150 pesos. Aunque la empresa realizó ajustes, los afectados quedaron obligados a devolver los recursos utilizados.
Fuentes del gobierno estatal, bajo condición de anonimato, señalaron que Ernesto Armendáriz Ramírez, delegado de Programas para el Bienestar, conoce las denuncias en contra de Broxel. Dichos señalamientos se encuentran bajo revisión de la Secretaría Anticorrupción.





