Redacción El CoahuilensePor Arq. Jaime Cleofas Martínez Veloz
Carlos Manzo Rodríguez no era un político más. Era un hombre que decidió gobernar con dignidad en uno de los municipios más golpeados por el crimen organizado: Uruapan, Michoacán. Electo como independiente tras haber sido diputado por Morena, Manzo se convirtió en símbolo de resistencia institucional. Denunció amenazas, confrontó a los grupos criminales, desmanteló redes locales de complicidad. Su trinchera fue el territorio. Su herramienta, la gestión pública. Su convicción, la ética.
El 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, fue asesinado. No fue un crimen común. Fue un mensaje. Fue una ejecución política. Fue la confirmación de que en México, gobernar con dignidad puede costarte la vida.
Carlos Manzo había pedido ayuda. Había alertado sobre los riesgos. Había solicitado protección. Y también había reclamado públicamente a la presidenta por su ausencia en Uruapan: “¿Por qué visita tantos municipios de Michoacán y nunca viene aquí?” —una pregunta que no solo evidenciaba el abandono institucional, sino la indiferencia frente a una ciudad sitiada por el miedo.
El Estado no respondió. El gobierno de Michoacán, en manos de Morena, guardó silencio. La Federación no actuó. Y como en tantos otros casos, el abandono institucional se convirtió en complicidad.
Durante el régimen de Morena:
* Se han registrado más de 205,913 homicidios dolosos entre 2018 y 2024.
* Han sido asesinados más de 500 políticos, según el informe Votar entre balas.
* Hay más de 133,000 personas desaparecidas, con 23,439 casos solo en 2025.
Estas cifras no tienen ideología. No militan. No justifican. Solo revelan. Y lo que revelan es brutal: México ha perdido más vidas por homicidio doloso en seis años que Estados Unidos en toda la guerra de Vietnam. Ha sufrido una violencia comparable a la de Hiroshima y Nagasaki, y se acerca al rango total de muertes en la guerra de Ucrania.
Comparativo histórico:
* México (homicidios dolosos, 2018–2024): 205,913
* Guerra de Vietnam (EE.UU.): 58,209 soldados
* Hiroshima y Nagasaki: entre 129,000 y 246,000 personas
* Guerra en Ucrania (2022–2025): entre 174,000 y 420,000 muertos
La violencia en México no es una estadística: es una herida abierta. Y cada nombre que se suma a esa cifra exige memoria, justicia y acción coherente.
Pero mientras alcaldes como Carlos Manzo son asesinados por enfrentar al crimen, otros funcionarios de Morena han sido señalados por vínculos directos con grupos criminales. El caso de Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, es emblemático: nombró como secretario de Seguridad Pública en Tabasco a un operador del grupo delictivo La Barredora. Y mientras eso ocurría, el huachicol fiscal se disparaba sin control, con redes de evasión que involucran a empresarios, funcionarios y operadores políticos.
En este contexto, la pregunta que hizo alguna vez el Subcomandante Insurgente Marcos resuena con fuerza:
“En tiempos de crisis no hay matices.”
Entonces, cabe preguntar a la presidenta:
¿De qué lado está? ¿Con los criminales o con el pueblo?
Durante los gobiernos de Morena, los criminales han sido sistemáticamente omitidos en el discurso oficial. Y cuando es inevitable mencionarlos, se hace en un tono de prudencia exagerada. Basta recordar cuando el expresidente López Obrador se refirió al “Chapo” y de inmediato rectificó: “el señor Guzmán”. Ese “señorío” no es casual: es forma. Y como decía Don Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo.
En contraste, a quienes disienten del gobierno se les descalifica sin contemplaciones: “la maldita deuda”, “los comentócratas”, “los conservadores”. Y cuando alguien señala a un funcionario de Morena, se le exige presentar pruebas, se le remite a “poner la denuncia”, se le desacredita. Así, el discurso oficial contribuye no a la claridad, sino a la confusión. No a la justicia, sino al caos social. En medio de un México que padece la etapa más dramática de inseguridad desde la Revolución Mexicana.
Carlos Manzo no murió por error: murió por confiar. Y esa confianza traicionada debe dolerle al país entero.
Porque cuando el Estado no responde, la memoria se organiza.
Cuando la justicia no llega, la dignidad se levanta.
Y cuando el poder se ausenta, el pueblo debe exigir presencia, protección y verdad.
Exijo al Estado Mexicano:
* Que reconozca su omisión y asuma su responsabilidad.
* Que garantice protección real a alcaldes, periodistas y líderes comunitarios.
* Que escuche los reclamos territoriales y no los archive en la indiferencia.
* Que investigue y sancione los vínculos entre funcionarios y grupos criminales.
* Que actúe con coherencia, no con cálculo. Con ética, no con espectáculo.
Porque si el Estado no protege a quienes lo defienden, entonces el pueblo debe proteger su memoria, su voz y su derecho a vivir sin miedo.
