Redacción El CoahuilenseEs probable que presidir una asociación civil mientras se ocupa una responsabilidad pública no sea generalmente incompatible, excepto cuando existe un potencial conflicto de intereses entre uno y otro desempeño como sucede con el caso de la magistrada, Isadora Rodríguez Garza.
La cuestión es sencilla. Rodríguez Garza es presidenta de la Asociación Coahuilense de Abogados Libres que, presuntamente, agrupa a 2 mil 400 abogados.
Considerando ese universo de profesionales, resulta inevitable que muchos de sus compañeros de asociación sean así mismo litigantes en diferentes asuntos de la Sala Familiar y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y, con ello, se actualiza un problema práctico:
Excusarse de los asuntos que de ese universo de 2 mil 400 profesionales lleguen a la mencionada Sala, una acción que representa una descarga significativa de asuntos para su ponencia o, llevar los asuntos con el riesgo de que su participación sea controvertida.
En el ámbito político la observación está sobre la juzgadora y en el círculo rojo coahuilense no ha pasado inadvertido su activismo que, en el último trimestre de 2025, implicó una serie de giras de trabajo por todo el estado para organizar comités regionales que tomarán protesta en enero próximo ¿a qué hora juzga y con qué recursos lo hace es duda razonable?
Naturalmente, también se está cuestionando la ética, desde una perspectiva que atañe a la moralidad pública de su desempeño. Y surge también la duda sobre quién más anda en las mismas, por ejemplo, la magistrada Yezca Garza.
APN de Enrique Neaves
El monclovense y exdiputado local, Enrique Neaves Muñiz, acaba de dar un paso importante: la Asociación “Venustiano Carranza”, que fundó hace ya unas dos décadas, acaba de gestionar autorización para convertirse en Agrupación Política Nacional (APN).
Para conseguir dicho registro, debe afiliar a través del sistema digital del INE al menos a 5 mil personas con representación en al menos siete entidades federativas.
El monclovense se plantea conseguir dicho registro con asambleas y convocatorias en los estados del norte del país, empezando por Sonora y siguiendo con Baja California.
Aunque 5 mil agremiados se dicen fáciles, la tarea no es sencilla y tiene hasta el 28 de enero de 2026, para lograr los apoyos ciudadanos.
Hasta hace unas reformas electorales, las APN recibían financiamiento público y se les considera el paso previo a conformar un partido político, algo que podría ser el destino de la Asociación de don Enrique Neaves.
El Informe de Karla Félix
La temporada de informes de este 2025 (todavía faltan los del arranque de 2026) cerró ayer con el informe del primer año de Karla Félix, como magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado.
El acto, desprovisto del boato y la estridencia de otros perfiles, fue discreto, institucional, parte de la sesión del propio órgano jurisdiccional y, en su mensaje, la togada centró su desglose de acciones en las actividades desempeñadas durante el año 2025 a partir de los ejes: actividad jurisdiccional; justicia abierta; estructura, operación y disciplina financiera; igualdad de género; y vinculación institucional y participación ciudadana.
La magistrada Karla Félix se ha visto prácticamente exenta de polémicas en este primer año de ejercicio como presidenta del Tribunal, destacando por su cuidado de la técnica jurídica y su imparcialidad, sello que comparte, a diferencia de otros momentos en dicho órgano, con sus pares, Gabriela Valencia y Clara Mujica.
Pirotecnia ilegal
Con las fiestas navideñas y hoy la Noche Buena, la prohibición para la venta de explosivos lúdicos tuvo una disminución significativa en el mercado formal pero con la consecuencia de siempre: el clandestinaje con un incremento en los precios de mercadeo.
En días pasados, reporteros de El Coahuilense Noticias visitaron diferentes puntos de la ciudad donde fue posible advertir la venta clandestina, aprovechando las redes sociales como Facebook para realizar entregas personales o estableciendo comercios informales como puntos de recogida.
Los riesgos de cohetones y fuegos artificiales son de todos conocidos, cada año las tragedias suelen dejar un reguero de víctimas por todo el país y Coahuila no es la excepción; además, plantean un riesgo en la salud y estabilidad de las mascotas y, en general, son una práctica absurda.
Los llamados del subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán, a evitar el uso de pirotecnia en estas fiestas han sido persistentes y las visitas de inspección municipales muy arduas aunque insuficientes para detener ese tipo de comercio por canales tan difíciles de seguir (imposible hasta para la Policía Cibernética) como Facebook o WhatsApp.
Las botas de Tony
Ayer, en la #LaFotodelaSesion que El Coahuilense Noticias recoge de cada jornada legislativa, se publicaron dos fotografías en las que el diputado Antonio Flores Guerra, muy cruzado de pierna, dejó ver que olvidó retirar el precio de sus botas, a un costo aproximado de 46 mil pesos al tipo de cambio de estos días.
La reacción del diputado petista fue furibunda en redes sociales, reclamando a este medio de comunicación por no mencionar que realiza posadas navideñas en colonias de Múzquiz, costeando reparto de dulces y juguetes de su bolsa, lo que ahora, ha quedado expuesto con la cita de su comentario.
La ostentación de bienes resulta contradictoria al discurso de austeridad que suele enarbolar la 4T, cuestión esta última que ya le recordó hace tiempo la presidente Claudia Sheinbaum, junto con la incompatibilidad de ser legislador y gozar de contratos carboneros.
Como ayer se comentó aquí, Tony Flores tiene mucho dinero y puede costearse esas botas o el Lambo, aunque en este caso haría bien el diputado en destinar un poco de tantos recursos en tomar un cursillo de ortografía básica que a todas luces (o mejor dicho, a falta de estas) le urge.
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