Redacción El CoahuilensePor Kristel Reyes
En Saltillo junio se pinta de arcoíris. Las instituciones comparten mensajes de inclusión, las empresas colocan banderas multicolores y los medios de comunicación abren espacios para hablar sobre diversidad sexual. Sin embargo, para quienes integran la comunidad LGBTIQ+, la realidad cotidiana está lejos de reflejar ese discurso.
“Nosotros somos LGBT todo el año”, afirma Jorge Martínez García, presidente de Orgullo y Dignidad Saltillo, “una articulación”, como él le llama, conformada por diversos colectivos de la ciudad que desde hace cinco años impulsa un festival cultural y la marcha del orgullo en la capital coahuilense.
Aunque reconoce los avances legislativos y la apertura de ciertos espacios, sostiene que la inclusión sigue siendo superficial y que aún persisten discursos discriminatorios, la ausencia de representación política y una limitada participación institucional.
De la marcha a un movimiento cultural
Frente a una movilización que amenazaba con “estancarse” en la monotonía, hace cinco años nació Orgullo y Dignidad, un bloque integrado por diversas organizaciones civiles de Saltillo. Aunque la ciudad suma ya 17 años de marchas consecutivas, la creación de este frente permitió articular un festival cultural integral para sensibilizar a través de la cultura.
Lo que inició como un pequeño festival improvisado semanas antes de la marcha del 2021, evolucionó hasta convertirse en un proyecto que hoy integra a colectivos dedicados a la salud sexual, acompañamiento psicológico, apoyo a personas trans, deporte, actividades recreativas y expresiones artísticas.
Actualmente participan agrupaciones como Jóvenes Prevenidos A.C., Espacio Diversidad, Next Drag SuperStar Saltillo, Vaqueros Coahuila, Ruta Diversa, Red Arcoíris en Resistencia, Hombres XX SLW, Mercadito Pride y Punto de Fuga.
Durante último año la unión de colectivos se tradujo en más de 20 actividades de todo tipo, entre las que destacó la presentación de una obra de cabaret en el Teatro de la Ciudad, protagonizada por personas muxes originarias del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lo que representó una conquista histórica de espacios tradicionalmente cerrados para la disidencia sexual.
“Queremos demostrar que todos los espacios y todos los derechos deben ser para todas las personas”, expresa.
Discursos de odio
Durante la edición más reciente del Festival del Orgullo, integrantes de la organización comenzaron a hacer un análisis de diversas publicaciones relacionadas con la marcha y la diversidad sexual difundidas por medios locales y los propios colectivos. Pese a que muchas notas periodísticas mantienen una línea favorable hacia la inclusión, Martínez observa que en los comentarios de las publicaciones persisten expresiones de odio y discriminación.
Además, señala que aún existen coberturas periodísticas que recurren a términos considerados discriminatorios, como referirse a mujeres trans como “hombres vestidos de mujer”, expresiones que, afirma, legitiman y reproducen prejuicios sociales.
Esta hostilidad digital refleja una dinámica arraigada en la capital coahuilense. De acuerdo con el representante del movimiento, persiste un fenómeno donde los círculos heterocisgénero aceptan la diversidad únicamente cuando se encuentra en su entorno inmediato (familiares o amigos cercanos), pero replican prejuicios y discursos de rechazo cuando se trata de la población general.
“El respeto es otra cosa. Si los medios de comunicación hicieran el esfuerzo de respetar identidades y decir las cosas como son, la población empezaría poco a poco a cambiar estos discursos. Si los medios no se integran de lleno en esta lucha, difícilmente lograremos un cambio. Necesitamos que los medios sean nuestros aliados”, explica.
Esta contradicción, señala, refleja la necesidad de ampliar las conversaciones sobre diversidades más allá de las experiencias individuales.
Las experiencias narradas por el presidente de Orgullo y Dignidad coinciden con los datos nacionales. De acuerdo con datos obtenidos por el Centro de Estudios y Divulgación para la Libertad (CEDIL), obtenidos mediante la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, en México existen alrededor de cinco millones de personas LGBTIQ+ mayores de 15 años, mientras que en Coahuila la cifra asciende a 109 mil 457 personas, equivalentes al 4.5% de la población estatal de ese grupo de edad.
Sin embargo, la discriminación continúa siendo una constante. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 reveló que el 33.7% de la población de la diversidad sexual reportó haber sufrido algún acto discriminatorio durante el último año, convirtiéndose en el grupo poblacional con mayor prevalencia de discriminación en México. Asimismo, el 22.9% declaró que se le negó al menos un derecho en los últimos cinco años.
Apoyo institucional, a distancia
Una de las denuncias más críticas que hizo el colectivo afirma que es la “simulación gubernamental”. A pesar de que los colectivos reconocen el apoyo institucional para realizar actividades (principalmente en el acceso a espacios, logística y seguridad), consideran que el involucramiento del gobierno en la agenda de fondo es casi nulo.
“Muchas veces se siente como si el apoyo fuera solamente para la foto”, comenta.
Como ejemplo, recuerda la conferencia realizada en noviembre del 2025 sobre diversidad laboral, impartida por un director global de diversidad, equidad e inclusión de origen saltillense radicado en Nueva York. A pesar de que los colectivos solicitaron el respaldo de la Secretaría del Trabajo local para convocar a departamentos de recursos humanos de las empresas de la región, la asistencia institucional fue inexistente.
“Necesitamos que no sólo nos apoyen desde atrás. Necesitamos que estén presentes, que se involucren y que sean parte de esta lucha”, expresa.
Avances legales insuficientes
A pesar de que Coahuila es una de las entidades con mayores avances legislativos en materia de derechos para la comunidad, como el matrimonio igualitario y la adopción homoparental aprobados en 2014 o el cambio de identidad de género por vía administrativa para mayores de edad, establecido en 2018, para el colectivo aún persisten tres vacíos legales importantes que “exigen” atención inmediata:
El derecho a la identidad en las infancias y juventudes trans.
Actualmente, el cambio de identidad de género por vía administrativa está restringido para menores de 18 años, lo que según el colectivo obliga a las juventudes trans a enfrentar sus procesos escolares sin documentos oficiales que reconozcan su autopercepción, o bien, a recurrir a juicios costosos y prolongados. La falta de un mecanismo ágil no sólo vulnera su derecho a la identidad, sino que obstruye el acceso formal al acompañamiento médico y endocrinológico seguro dentro de las instituciones de salud pública.
El diseño de acciones afirmativas electorales.
A nivel político-electoral, según la perspectiva del colectivo, los mecanismos que debían garantizar la representación de la diversidad en el Congreso del Estado no se implementaron con claridad, al agrupar a todas las poblaciones históricamente vulneradas (personas con discapacidad, adultos mayores, comunidades indígenas y población LGBTIQ+) dentro de un mismo bloque general de cuotas. Martínez señaló que los partidos políticos terminan “regalando” las candidaturas de la diversidad sexual, anulando la posibilidad de una incidencia política real en los espacios de toma de decisiones.
La tipificación de los crímenes de odio.
En Coahuila los asesinatos motivados por prejuicios de orientación sexual o identidad de género siguen categorizándose bajo el esquema general de homicidios o bajo la narrativa que revictimiza lo sucedido como un “crimen pasional”. La exigencia por parte del colectivo radica en tipificar penalmente los crímenes de odio con el fin de visibilizar el problema en la estadística oficial y a la vez diseñar políticas de prevención efectivas.
La falta de estadísticas oficiales constituye una de las principales preocupaciones de organizaciones y colectivos ya que en México no existe un registro nacional que documente los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género, por lo que las cifras disponibles provienen principalmente del monitoreo realizado por organizaciones civiles. Letra S documentó al menos 80 asesinatos de personas LGBT+ durante 2024, de los cuales el 68.8% correspondieron a mujeres trans.
En Coahuila, el panorama no es claro, pues mientras la Fiscalía General del Estado ha señalado no contar con carpetas específicas relacionadas con crímenes de odio, organizaciones civiles han documentado al menos 14 homicidios de personas LGBT entre 2014 y mayo del 2020. Para el activista, esta falta de reconocimiento institucional deja a la comunidad en situación de vulnerabilidad.
“Cuando una persona es asesinada por quien es, eso debe reconocerse jurídicamente. También permitiría dimensionar la magnitud real de la violencia que vivimos”, recalcó.
Para quienes integran Orgullo y Dignidad, la visibilidad alcanzada durante junio representa una oportunidad importante, pero insuficiente.
De acuerdo con el análisis elaborado por CEDIL, el caso de Coahuila refleja que mientras el estado es pionero en derechos civiles para las personas LGBT+, aún mantiene vacíos legales importantes, particularmente en el reconocimiento y sanción de la violencia motivada por prejuicios.
El organismo advierte que la ausencia de registros oficiales y la clasificación de estos casos como homicidios comunes o “crímenes pasionales” perpetúan la importancia y dificultad dimensionar la realidad que enfrenta la comunidad.
Para las colectivos y activistas, la dignidad no se limita a una fecha, sino a todo el año.
“Todo lo que hacemos nace del corazón. No es un trabajo remunerado, pero sí una responsabilidad enorme, porque representamos a muchas personas, especialmente a infancias y juventudes que necesitan sentirse visibles y acompañadas”, finalizó.
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