Redacción El CoahuilensePor Andrés Flores & Daniel Cárdenas // CEDIL
“Llegamos a las siete de la mañana a Urgencias y después de más de tres horas al fin lo pasaron a consulta. Le dieron un mal diagnóstico y tuvimos que buscar atención particular para internarlo de emergencia”, relata Marta, quien acompañó a su esposo en una crisis médica.
“El doctor particular nos dijo que, si esperábamos 15 minutos más, el apéndice se le reventaba”, agrega.
¿Qué pasa cuando alguien enferma y no se le da la atención médica que necesita? ¿Qué ocurre cuando una madre no puede conseguir el medicamento de su hijo?
En Coahuila esa es una experiencia que comparten cientos de familias. La escena que relata Marta ilustra lo que en términos legales constituye una violación a los derechos humanos: el derecho a la salud negado por omisión, negligencia o falta de recursos.
Cifras del abandono
En 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió 438 expedientes en Coahuila por violación de los derechos humanos, indican los registros del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos. De esas denuncias, la falta de atención médica constituyó 44% (195 casos), mientras que la omisión en el suministro de medicamentos representó 14.3% (63 casos).
La situación no ha mejorado. En lo que va de 2025 –apenas hasta agosto– ya se superó el número de quejas del año anterior. Se contabilizan 449, de las cuales 186 (41%) son por omisión de atención médica y 79 (17%) por no proporcionar medicamentos.
Esos números no son sólo estadísticas: representan a personas reales a las que se les negó un servicio médico que necesitaban. Personas que no recibieron el medicamento que les correspondía, son historias que hablan de negligencia y de vidas puestas en riesgo.
El peso de la desigualdad
Resulta evidente que, si la situación no se atiende con urgencia, las cifras para finales de 2025 podrían superar significativamente las de años anteriores. El problema se agrava si se observa desde la perspectiva del acceso. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en Coahuila 19.7% de la población vive con carencia por acceso a servicios médicos. Es decir, casi una quinta parte de los coahuilenses no tienen derecho al IMSS, ISSSTE ni a instituciones privadas. Al menos dos de cada diez personas no tienen garantizado acudir a una clínica o recibir un medicamento básico.
Además, registra el gobierno estatal, Coahuila cuenta con apenas 0.54 médicos generales por cada mil habitantes, lo que nos coloca como el cuarto estado con menor cantidad de médicos generales en el país.
La salud no debería ser un privilegio ni estar sujeta a condiciones burocráticas o negligencia. Aunque el derecho a la salud es parte de la Constitución, en la práctica miles se quedan fuera del sistema de salud. La falta de personal médico, la omisión de atención y la carencia de medicamentos no son errores administrativos: son violaciones a los derechos humanos.
Consecuencias visibles… e invisibles
Lo grave de este problema no son únicamente los números, también las consecuencias directas en el bienestar físico, psicológico y social de los coahuilenses. La omisión de atención médica o de medicamentos puede agravar una enfermedad hasta volverla crítica o incluso mortal.
Pero también hay consecuencias invisibles. La violación a los derechos humanos por parte de las instituciones médicas puede generar una gran variedad de afectaciones psicológicas, como aumento de ansiedad, miedo, sentimientos de abandono y desesperanza, además de un gran estrés.
Familias que no consiguen medicamentos viven bajo un estrés económico constante, obligadas a elegir entre endeudarse o renunciar a otras necesidades básicas, que incluso después de optar por la primera opción reciben maltrato, tiempos de espera extremadamente largos, falta de medicamentos o se les niega la atención médica.
Las consecuencias no sólo se limitan a lo individual; sus efectos a escala psicosocial son igual de dañinos. Quienes cuentan con el capital económico y social suficiente son quienes pueden acceder a atención médica y un trato digno, mientras quienes no pueden, terminan siendo abandonados por el sistema de salud. Además, se quebranta la confianza en las instituciones, en el sistema, incluso en los médicos.
Por último, el bienestar social y comunitario se debilita, pues el estrés y miedo se apodera de los pacientes, de sus familias o cuidadores quienes centran toda su atención y energía en sobrevivir a la enfermedad por lo que otros intereses sociales, políticos o ambientales, fuera de sí mismos o de su familia, les resultan ajenos.
Deuda con los derechos humanos
Los organismos internacionales coinciden: negar atención médica o el acceso a medicamentos no es un error administrativo, es una violación directa a los derechos humanos. Así lo establece la Constitución mexicana y así lo ratifican tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.
En Coahuila, sin embargo, la salud se ha vuelto un terreno minado por la burocracia y negligencia. Las cifras de la CNDH deberían encender todas las alarmas: cada expediente abierto es una prueba documentada de que el derecho a la salud se quebranta todos los días en hospitales, clínicas y centros de atención.
Pese a ello, las autoridades estatales insisten en maquillar la crisis con discursos que hablan de infraestructura y modernización, mientras en los hechos miles de personas siguen esperando en pasillos saturados, comprando medicamentos de su bolsillo o peregrinando de clínica en clínica para conseguir una consulta.
La salud no es un favor del Estado, es un derecho humano. Cada caso de omisión es una advertencia. Cada queja registrada es un llamado a la acción. Y cada vida puesta en riesgo es una responsabilidad que recae directamente en quienes deberían garantizar la atención médica.
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