Redacción El CoahuilensePor Andrés Flores Interial & Daniel Cárdenas Valdés // CEDIL
En días previos Saltillo vio cómo cerca de dos mil 200 personas de la industria automotriz manufacturera fueron despedidas. Este evento no es un ajuste de mercado, es la manifestación más reciente de la crisis que vive Coahuila: ¿Por qué en un estado industrializado y motor económico cada vez más personas son expulsadas del sector formal?
Los datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reflejan un descenso en el número de asegurados pasando de un promedio de 874 mil uno en 2024 a 861 mil 91 en 2025. En contraste, la Población Económicamente Activa (PEA) asciende a un millón 572 mil 146, lo que indica que aproximadamente un 54% de la PEA no cuenta con aseguramiento ante el IMSS, careciendo de contrato formal, acceso a servicios médicos y derechos laborales. Esa caída representa el retroceso de la dignidad y protección laboral.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, casi la mitad del valor de las exportaciones locales (46.3%) corresponde a componentes vehiculares. Esta concentración productiva se traduce, a su vez, en una marcada subordinación comercial, donde 83.5% del intercambio tiene como destino el mercado estadunidense. Esa hegemonía del sector industrial no sólo define la economía local, sino que preconfigura la organización social de la ciudad.
La pobreza detrás de la formalidad
Para comprender la magnitud de la precariedad resulta insuficiente analizar sólo la cantidad de empleos formales; es fundamental revisar su rango salarial. De acuerdo con el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo, Coahuila registra una caída de los puestos con ingresos superiores a dos salarios mínimos, con variaciones que oscilan entre -6% y -23% hasta septiembre de 2025.
La única alza se concentra en los segmentos de menor ingreso: el rango de un salario mínimo o menos creció un 48.3% anual, y el de 1 a 2 salarios mínimos, un magro 1.60 por ciento.
Así, los indicadores de formalidad se sostienen a costa de empleos que pagan menos. Las oportunidades de acceso a puestos dignos, con mejores condiciones y estabilidad económica, están en franco declive.
Esta dinámica salarial es un factor de empobrecimiento; no sólo se reducen las oportunidades de ascenso social, sino que los salarios que sí están creciendo (de uno a dos mínimos) apenas cubren la línea de bienestar. En la práctica, se está consolidando un modelo de “empleo pobre” donde tener un contrato no garantiza la estabilidad ni la salida de la vulnerabilidad económica.
El costo de la resistencia
De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), la variación del precio de la vivienda en Saltillo (7.1%) se mantiene ligeramente por debajo del promedio nacional (8.4%). Pese a ello, la situación del mercado sigue siendo compleja. El precio promedio nacional de la vivienda en 2025 se acerca a los 1.86 millones de pesos, mientras que el precio mediano se sitúa en 1.2 millones. Esa marcada diferencia en Saltillo sugiere una oferta inmobiliaria sesgada hacia los segmentos de ingresos más altos.
Como resultado, los sectores populares enfrentan opciones limitadas viéndose obligados a recurrir principalmente al mercado de vivienda usada, el cual concentró 63.3% de las operaciones hipotecarias durante el primer semestre de 2025.
Para gran parte de la población, incluso para quienes tienen un empleo formal, la compra o el alquiler de una casa consume una parte desproporcionada de sus ingresos. Para la mayoría de la Población Económicamente Activa (PEA) que opera en la informalidad o percibe un salario mínimo, el sueño de acceder a una vivienda digna permanece inalcanzable.
La oferta inmobiliaria sesgada obliga a los trabajadores a desplazarse a zonas periféricas, incrementando los costos de transporte y los tiempos de traslado, lo que se traduce directamente en una pérdida de horas productivas y calidad de vida. Este panorama es insostenible: el costo de mantener a la fuerza laboral en Saltillo se vuelve una carga desproporcionada que el salario ya no puede absorber.
Emprender: de la elección a la supervivencia
Ante este panorama de bajos salarios y altos costos de vida, el emprendimiento emerge, paradójicamente, no como una vía de movilidad social, sino como una alternativa obligada para intentar compensar la insuficiencia de ingresos.
Esta dinámica, sin embargo, incrementa la PEA, pero al mismo tiempo alimenta la tasa de informalidad, reproduciendo un ciclo de búsqueda por una vida digna sin las garantías ni la protección social de un trabajo formal. El contexto económico, además, dificulta la supervivencia de estos nuevos negocios.
En Saltillo, la frase “aquí los negocios no pegan” es un lugar común. Restaurantes que cierran en menos de un año y locales con giros cambiantes son parte del paisaje. Esta supuesta dificultad del “mercado” se explica, en gran medida, por la erosión de la capacidad de consumo de la población. Cuando los únicos empleos que crecen son los de menores ingresos, se reduce drásticamente el margen para gastar en nuevos negocios locales.
La pregunta que debe plantearse la agenda pública de Coahuila no es por qué se emprende en la informalidad, sino qué fallas estructurales obligan a la población a una resistencia económica sin protección social. Mientras el trabajo formal no garantice salarios dignos y la vivienda continúe encareciéndose, el emprendimiento seguirá siendo, inevitablemente, más una forma de resistencia que una elección.
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