Ethel ArredondoPor Ethel Arredondo
En el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila, un grupo de productores agrícolas decidió emprender una lucha legal para defender su derecho al agua.
El ejido San Francisco del Progreso, asentado en la zona norte del valle de Parras, interpuso una demanda de acción colectiva contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras autoridades, a quienes acusan de haber permitido, por omisión o acción, la sobreexplotación de los acuíferos que alimentan el escurrimiento superficial que históricamente ha irrigado sus tierras.
El caso fue certificado por el Juzgado Primero de Distrito en Coahuila bajo el expediente 4459/2024. Mediante esa figura legal el colectivo busca proteger no sólo su actividad agrícola y el abasto para consumo humano, sino también un ecosistema entero que depende del escurrimiento que fluye desde el acuífero General Cepeda-Sauceda, a mil 650 metros sobre el nivel del mar, hasta el acuífero La Paila, en el punto donde se ubica el ejido.
Ese flujo natural, de más de 18 kilómetros de longitud, ha sido históricamente constante y vital para la región. La interconexión superficial entre ambos acuíferos ha sido documentada mediante estudios técnicos y cartas topográficas, presentadas como pruebas dentro del expediente judicial.
De acuerdo con el representante del despacho de abogados que lleva el caso, el problema se intensificó a partir de 2015, cuando comenzaron a percibir una notable disminución del volumen de agua. En ese año el escurrimiento se redujo a menos de la mitad de lo que solía ser, y para 2017 las afectaciones eran ya insostenibles.
Paralelamente aumentaba el número de extracciones subterráneas autorizadas por la Conagua: de 378 en 2015 pasó a más de mil 800 concesiones activas para 2024. Esa multiplicación, documentada con datos oficiales publicados en el Diario Oficial de la Federación causó un desequilibrio hídrico que los productores consideran estructural y no producto del cambio climático, como han argumentado las autoridades.
La demanda interpuesta por el ejido no sólo cuestiona las decisiones de la autoridad federal, también señala la responsabilidad del gobierno estatal y del municipio de Parras de la Fuente. Según los documentos presentados ante el juzgado, el municipio otorgó factibilidades de agua para fraccionamientos urbanos sin verificar si existía disponibilidad real del recurso, mientras que las autoridades estatales omitieron aplicar medidas de vigilancia, protección y uso racional del escurrimiento.
El documento también revela que se dejaron de ejercer las facultades concurrentes que obligan a las instituciones a preservar los recursos hídricos, tal como lo estipulan la Ley de Aguas Nacionales y diversos tratados internacionales suscritos por México, como el Protocolo de Kioto. Las omisiones incluyen la falta de estudios de disponibilidad trianuales, requeridos por ley, y la ausencia de controles volumétricos en los pozos concesionados.
Un dato clave de la acción legal es que no se trata de un litigio común. La acción colectiva permite que cualquier persona afectada por el mismo hecho –en este caso, la reducción del escurrimiento– pueda adherirse al juicio, incluso si no fue firmante original. Esta apertura es especialmente relevante en una región como Parras, donde muchas comunidades rurales y pequeños productores dependen de las mismas fuentes de agua superficial.
La certificación de la demanda incluye la posibilidad de que organizaciones académicas y científicas participen como amicus curiae, ofreciendo opiniones técnicas que puedan influir en la resolución judicial. Hasta el momento, más de 50 personas del ejido San Francisco del Progreso han firmado la demanda, pero se prevé que el número aumente conforme se difunda el contenido del juicio.
El conflicto por el agua entre San Francisco del Progreso y Agrícola San Lorenzo (empresa perteneciente a Casa Madero) no es nuevo. Desde 2015 los acuerdos tradicionales de distribución del agua fueron dados por terminados por el ejido, al constatar que ya no llegaban los volúmenes acordados históricamente. Estos convenios datan incluso de 1899, cuando las familias Madero y González Treviño establecieron una organización formal del uso del agua para fines agrícolas.
Sin embargo, con la caída del escurrimiento, los conflictos entre usuarios se intensificaron. En años recientes se documentaron disputas agrarias, penales y hasta la intervención de cuerpos de seguridad federal como la Guardia Nacional, cuando los ejidatarios intentaron intervenir los canales que consideran legítimos para su abastecimiento.
Parte de la documentación incluye evidencias de cercado de canales, actos de intimidación y desvíos forzados, lo que llevó a que los ejidatarios buscaran la vía legal como única alternativa viable.
Acción colectiva
El despacho que encabeza la defensa legal del ejido formó un consorcio técnico y jurídico con especialistas en temas ambientales e hídricos, y logró demostrar en el juicio de amparo –interpuesto paralelamente a la acción colectiva– que el escurrimiento superficial tiene conexión directa con el sistema de recarga de ambos acuíferos, y que su reducción es consecuencia directa de las extracciones subterráneas autorizadas en exceso.
Como resultado de esta evidencia, el tribunal otorgó una suspensión provisional y un tribunal colegiado la confirmó, imponiendo medidas que obligan a los tres órdenes de gobierno a garantizar la circulación continua del agua.
Esa resolución reconoce al escurrimiento como un bien ambiental sujeto a protección jurídica, y obliga a las autoridades a actuar dentro del marco de sus competencias.
Uno de los logros más importantes del proceso ha sido la certificación de la acción colectiva. Eso implica que, además de las medidas cautelares ya vigentes, se abre una convocatoria legal para que cualquier otra persona física o moral que se considere afectada por la disminución del escurrimiento pueda sumarse al juicio.
El expediente cuenta con enlaces digitales que permiten consultar de manera pública el contenido de la demanda, los estudios técnicos, las cartas topográficas, los convenios históricos y el historial de concesiones otorgadas por la Conagua en la región.
Una copia de este expediente fue entregada a El Coahuilense Noticias con el propósito de dar a conocer la existencia de esta acción colectiva, cuya notificación oficial ya fue presentada ante las dependencias responsables durante el presente mes de julio.
Defensa por el estilo de vida
Los productores de San Francisco del Progreso no descartan llegar a un convenio judicial si las condiciones lo permiten, pero enfatizan que la raíz del conflicto no se resuelve con acuerdos entre particulares. Aseguran que el verdadero problema no es el reparto del agua entre usuarios, sino la falta de regulación, vigilancia y control por parte de la federación en un contexto de creciente presión hídrica.
Además, advierten, si no se revierte esta tendencia, otras regiones del país podrían enfrentar situaciones similares. Casos como el de Jiménez, Chihuahua, o lo ocurrido en Viesca en los años cincuenta, son antecedentes de lo que puede suceder cuando los escurrimientos naturales se interrumpen por intereses económicos o falta de regulación.
Para los habitantes del ejido, este proceso representa más que un litigio: es la defensa de su forma de vida, de su entorno y de su derecho a un recurso esencial. Como señalan desde el despacho legal, esta es una lucha por la justicia ambiental, no por privilegios. El agua no puede estar sujeta al poder económico ni político, debe garantizarse a quienes dependen legítimamente de ella.
El caso continúa en proceso y se espera la respuesta de aquellos que ya fueron notificados. Mientras tanto, los productores de San Francisco del Progreso, con todos los sacrificios económicos que estas acciones legales han representado para ellos, esperan que esta acción marque un precedente nacional en defensa del agua y de los derechos colectivos, pero sobre todo en el futuro de sus familias.
Parras de la Fuente, además de ser conocido por su riqueza vitivinícola, es uno de los pueblos más antiguos del norte de México. Fundado en 1598, este oasis en medio del semidesierto fue clave en el desarrollo agrícola y cultural de Coahuila. Su tradición en el manejo del agua, mediante acequias, tajos y manantiales, ha sido fundamental para la supervivencia de comunidades que dependen históricamente de los escurrimientos naturales que recorren el valle.
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