Redacción El CoahuilensePor Hiroshi Takahashi
Desde su nombramiento en 2019 como titular de la Dirección de Notarías del estado de Coahuila, Enrique Flores Ruiz ha asegurado que no posee empresas ni participaciones privadas a su nombre y que recibe un ingreso neto mensual como funcionario estatal de aproximadamente 47 mil pesos. Ese nivel de ingresos, por sí solo, plantea cuestionamientos sobre su capacidad real para poseer un portafolio de bienes inmuebles considerable como los que posee.
Según su declaración patrimonial pública, Flores Ruiz reporta actualmente cinco propiedades: dos adquiridas mediante créditos, una por 2.2 millones de pesos en 2019 y otra por 1.1 millones, y tres inmuebles recibidos vía donación. Dos de ellos en 1983 y otra en 1995. Si bien la adquisición vía crédito podría explicarse con recursos legítimos, el hecho de contar con cinco bienes raíces —más aún, tres heredados o donados— ha despertado dudas sobre el origen y eventual significado de dichas donaciones, así como sobre la posibilidad de que exista patrimonio no declarado o vínculos económicos no informados.
Y es que en el estado que gobierna Manolo Jiménez Salinas, se ha vivido en los últimos meses una oleada de clausuras y expedientes abiertos contra fedatarios en Sabinas, Morelos, Torreón y Arteaga, cuya narrativa para justificarlas ha sido el de una estrategia de supervisión, sin embargo ha acarreado también toda clase de cuestionamientos sobre el alcance, los criterios y la consistencia de las sanciones.
La ciudadanía tiene derecho a conocer si las donaciones reportadas en su declaración patrimonial corresponden a bienes heredados desde hace décadas, o si, por el contrario, podrían representar actos de favorecimiento, complicidades registrales o transferencias bajo condiciones “especiales”.
En las visitas que Enrique Flores Ruiz ha realizado a afectados por esa descontrolada compra de inmuebles que nunca recibieron escrituras porque los terrenos resultaron tener otro dueño o ser propiedad municipal, al funcionario, de paso, le han exigido una aclaración pública sobre:
1) El origen exacto de las donaciones de 1983 y 1995;
2) Los mecanismos de financiamiento utilizados para las adquisiciones de 2019 y otra;
3) Un desglose de ingresos y ahorros que permita demostrar la coherencia entre sus ingresos declarados y su patrimonio;
4) La verificación de que no existan empresas, fideicomisos o participaciones privadas que no haya declarado.
La integridad del sistema notarial coahuilense y la confianza del público requieren de mayor claridad.
No olvidemos que a Ruiz lo persigue el mal sabor de boca que dejó su gestión como coordinador jurídico de la Secretaría de Educación de Coahuila, donde reportó la baja de más de 50 docentes por diversas faltas, y el emblemático caso de una agresión cometida por una maestra, en donde la opinión pública lo tachó de lavarse las manos.
