Redacción El CoahuilensePor Hiroshi Takahashi
Las reacciones en la región están partidas. Gobiernos que durante años han colaborado con Washington en el combate del tráfico de drogas hoy toman distancia. Brasil, Canadá, Francia, México y el Reino Unido han criticado los bombardeos; en contraste, República Dominicana y Trinidad los respaldan y han recibido tropas estadounidenses.
Algunos países incluso han suspendido parte del intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos por temor a convertirse en cómplices de operaciones ilegales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a acusar a Washington de “asesinato” después de que un pescador colombiano muriera en uno de estos ataques, aunque luego moderó el tono para no romper la cooperación.
En el centro de esta escalada está Venezuela. Desde septiembre, el ejército de Estados Unidos ha lanzado 21 ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, y en el Pacífico oriental, con más de 80 muertos.
La Casa Blanca afirma que las víctimas eran “narcoterroristas” vinculados al llamado Cártel de los Soles y al presidente Nicolás Maduro, quien ya enfrenta acusaciones penales en Estados Unidos.
Para sostener esa narrativa, el gobierno de Trump declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera y notificó al Congreso que las fuerzas estadounidenses se encuentran en un “conflicto armado no internacional” contra los cárteles de la droga, una interpretación jurídica que especialistas y abogados del propio gobierno cuestionan.
Un documento del Congreso de EU recuerda que ni la estrategia de sanciones del primer gobierno de Trump ni el enfoque negociador de la administración Biden lograron que Maduro dejara el poder.
En enero de 2025, el líder venezolano inició un tercer mandato en medio de denuncias de represión poselectoral y resultados que apuntan a que perdió la elección de 2024. En ese contexto, una parte de la oposición, encabezada por María Corina Machado, “apoya” la opción de una acción militar estadounidense para derrocar a Maduro, pese a las advertencias de que una intervención podría generar “caos”, convertir a grupos criminales y organizaciones armadas en guerrillas insurgentes y desatar nuevas oleadas migratorias.
El Congreso de Estados Unidos, por su parte, aparece dividido. Hay un consenso general en los objetivos —acelerar el retorno a la democracia en Venezuela y combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos—, pero no en los medios.
Algunos legisladores respaldan los ataques como herramienta de protección frente a cárteles y grupos terroristas; otros cuestionan la base legal de los bombardeos y alertan sobre su potencial desestabilizador.
Por eso se han presentado resoluciones, al amparo de la Ley de Poderes de Guerra, para ordenar al Presidente que termine el uso de la fuerza contra ciertas organizaciones terroristas o contra Venezuela sin autorización explícita del Congreso.
El propio informe advierte que el Capitolio podría ir más lejos: autorizar o prohibir ataques, limitar o negar financiamiento y abrir investigaciones formales sobre esta nueva fase de la “guerra contra las drogas” que, vista desde México, ya no se libra solo en tribunales y puertos, sino también en aguas internacionales y bajo reglas que el propio derecho internacional pone en duda.
