Redacción El CoahuilensePor Hiroshi Takahashi
En el papel, esta semana termina el plazo para el registro en el padrón de Plataformas y Anfitriones de Alojamiento Temporal en la Ciudad de México anunciado por el gobierno de Clara Brugada en mayo pasado. En la práctica, los pequeños y medianos anfitriones decidieron ampararse ante la medida y así tratar de frenarla por la vía judicial.
Más de 700 propietarios de uno o dos inmuebles que se rentan mediante una decena de plataformas como Airbnb o Booking han presentado recursos ante el Tribunal en Materia Administrativa; pues la inscripción se prevé que venga acompañada de una restricción para rentar sus espacios el 50 por ciento de las noches del año.
El 90 por ciento de los mencionados anfitriones tiene hasta dos propiedades registradas en las plataformas de alojamiento; es decir son personas que complementan su ingreso, o que dependen de ello para quedarse en su propia casa. Esa población pidió en las mesas de trabajo convocadas por el gobierno capitalino que se hiciera una regulación diferenciada, pero su solicitud no fue contemplada en la propuesta de ley.
Según se supo esta misma semana, prácticamente la totalidad de los jueces que han recibido los amparos rechazó conceder las suspensiones provisionales; esto a pesar de que, en el pasado, los anfitriones habían ganado los recursos promovidos.
Desde el año pasado, un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa de la CDMX consideró que la afectación a los anfitriones se causó desde el momento en que entraron en vigor las normas heredadas por la pasada administración capitalina que encabezó Martí Batres; declarando la mencionada Ley de Turismo como inconstitucional.
También a principios del 2025, la plataforma Airbnb presentó una demanda de amparo en contra de la Ley de Turismo de la Ciudad de México y su Reglamento. Esto porque acusaron que la regulación aprobada en octubre de 2024 y que incluyó la restricción de un máximo de 183 noches al año “fue desarrollada y aprobada sin tomar en cuenta la postura de todos y con la intención de otorgar una supuesta certeza a la industria hotelera sin considerar el impacto que tendría en los anfitriones de la Ciudad de México y sus familias”.
Aseguran que, a pesar de los múltiples instrumentos legales promovidos, desde la administración capitalina se ha gestionado para que los recursos legales se mantengan en un limbo entre juzgados administrativos y especializados en competencia económica. Lo que existe actualmente son suspensiones provisionales vigentes.
Falta ver si, pasando el último día de este mes, el gobierno de Clara Brugada otorga un plazo para el registro -tal como se propuso extender el plazo para el registro de las líneas telefónicas- y si vuelve a sentarse a la mesa con los pequeños propietarios para implementar una regulación diferenciada de los grandes especuladores.
En el marco del Mundial de futbol, autoridades y plataformas han tratado de colaborar para enfrentar la demanda turística que ha requerido la capital del país; habrá que estar pendientes de si esa colaboración se mantiene cuando acabe la justa deportiva o si será otro frente abierto para la administración de Clara Brugada.
