Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
El Gobierno federal confirmó que investiga la acumulación de 18.4 millones de piezas de medicamentos, dispositivos e insumos caducados en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, caso que fue denunciado por el entonces director Adrián Chávez López y que ahora está en manos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro.
“La lista de medicamentos es amplia, no es un solo medicamento ni unos cuantos; son medicamentos, son dispositivos, son material de curación, etcétera. Pero está en un proceso de investigación para saber las responsabilidades y determinar cuál fue el motivo que se fue acumulando esos medicamentos y dispositivos y material de curación”, dijo ayer el secretario de Salud, David Kershenobich.
El funcionario dijo que los productos vencieron durante varios años, antes de ser detectados por la nueva administración del hospital entre 2023 y 2024. Sin embargo, evitó revelar quiénes están bajo investigación.
Como advirtió este reportero desde el 10 de junio, la muerte del doctor Adrián Chávez López dejó demasiadas preguntas abiertas dentro de una institución atravesada por grupos administrativos, intereses sindicales y redes de poder que han sobrevivido a más de una administración.
El caso de los fármacos vencidos, con valor superior a 121 millones de pesos, confirma que Chávez no sólo enfrentaba un problema de gestión hospitalaria, sino una estructura completa de inercias internas.
De acuerdo con lo documentado posteriormente, el entonces director había solicitado inventarios, detectado irregularidades y presentado denuncias ante instancias federales. En otras palabras: antes de su muerte, ya había tocado intereses.
“Está haciendo la investigación Raquel Buenrostro y ella determinará quiénes son los responsables, si hay responsables, y si hubo alguna falta grave administrativa”, aseguró durante su conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por eso la investigación que hoy dice encabezar la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, no debería limitarse a saber por qué caducaron medicamentos, dispositivos y material de curación durante años. La pregunta de fondo es quién permitió que eso ocurriera, quién se benefició de la opacidad y quién operó para mantener intactos los mecanismos que Chávez intentó desmontar.
“Estos medicamentos caducos se hicieron cuando se revisó el almacén en el año de 2023 a 2024, y hay de varios años en la lista. Por eso está precisamente la investigación en proceso, para tratar de determinar cómo se fueron acumulando ese tipo de medicamentos”, dijo el secretario de Salud.
Este reportero también señaló que uno de los pendientes era revisar el papel de la Sección 84 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y de su dirigente, Cuauhtémoc Óscar Ruiz Osorno, mencionado en documentos oficiales y expedientes que, por supuesto, deberán esclarecerse ante las autoridades competentes. Pero el punto central permanece: si dentro del Hospital Infantil hubo campañas de presión, resistencias organizadas o maniobras para aislar a un director incómodo, eso también tendría que investigarse.
Lo grave no es sólo que hayan caducado medicinas mientras padres denunciaban desabasto. Lo grave es que el sistema haya permitido que millones de piezas se perdieran en bodegas mientras dentro del hospital se disputaba el control político, administrativo y sindical de una de las instituciones pediátricas más importantes del país. Ahí está la verdadera prueba para el Gobierno: no cerrar el caso con un diagnóstico burocrático, sino seguir la ruta de responsabilidades hasta donde llegue.
