Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
El senador republicano Tom Cotton presentó el proyecto No Safe Haven for Terrorist Families Act, una iniciativa que busca declarar inadmisibles en Estados Unidos a familiares cercanos de actores extranjeros considerados amenaza: esposas o exesposas, padres, suegros, hijos, hijastros, hermanos, abuelos, nietos, sobrinos y hasta vínculos formados antes de la designación.
El texto, turnado al Comité Judicial del Senado el 14 de mayo, ordenaría revocar visas en un plazo máximo de 30 días, abrir procesos de deportación y cerrar la puerta a pleitos legales.
La lista no se limita a terroristas designados bajo la Orden Ejecutiva 13224: alcanza a altos mandos de organizaciones terroristas extranjeras, funcionarios de gobiernos patrocinadores del terrorismo, adversarios como Irán, China, Rusia, Corea del Norte y Cuba, además de sancionados por corrupción, cleptocracia o abusos a derechos humanos.
Es decir, si Washington considera que alguien representa un riesgo, también podrá revisar el apellido, la sangre, la red y la cercanía.
Estados Unidos quiere cerrar la puerta no sólo al personaje incómodo, sino a su familia completa.
El documento dice que Estados Unidos tiene el derecho soberano y el deber de proteger su seguridad nacional negando refugio seguro a personas cuyos vínculos familiares cercanos con enemigos de Estados Unidos generen riesgos inaceptables.
Considera que las disposiciones actuales relacionadas con terrorismo y admisibilidad son demasiado limitadas y discrecionales para evaluar sistemáticamente la inadmisibilidad de:
A) familiares de terroristas designados;
B) altos funcionarios de Estados patrocinadores del terrorismo y otros adversarios extranjeros; y
C) cleptócratas sancionados.
“Los familiares cercanos de amenazas activas suelen compartir acceso a redes, recursos e influencia que podrían perjudicar a Estados Unidos”, agrega el documento. “Otorgar visas, residencia permanente legal u otros beneficios migratorios a familiares cercanos de individuos señalados anteriormente debilita la seguridad nacional y fortalece a adversarios extranjeros”.
El texto establece que la ley “entrará en vigor en la fecha de su promulgación”, pero esa fecha aún no existe porque el proyecto no se ha convertido en ley. Una vez promulgado —si llegara a ocurrir— aplicaría de inmediato y además tendría efectos amplios: cubriría solicitudes de visa pendientes y personas que ya fueron admitidas o tienen estatus legal en Estados Unidos.
Hoy el proyecto no menciona a México, a los cárteles mexicanos ni a narcotraficantes mexicanos por nombre. Ni a políticos, por eso de la protección a terroristas.
Sin embargo, desde febrero de 2025, Estados Unidos designó formalmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y también como Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) a varios grupos criminales, entre ellos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además incluyó a otras organizaciones como Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.
Y ahí está el punto que conecta directamente con la iniciativa de Tom Cotton. El proyecto define como “actor extranjero considerado amenaza” a individuos vinculados con organizaciones terroristas o designados bajo esquemas antiterroristas.
El Cártel de Sinaloa y el CJNG ya fueron colocados por Washington dentro de esa conversación de seguridad nacional. Eso no significa automáticamente que familiares de cualquier narcotraficante mexicano entrarían mañana en la ley; pero sí significa que la distancia entre “narco” y “terrorista” en la legislación estadounidense se redujo drásticamente. Entonces otra vez la pregunta. ¿Los familiares de los políticos señalados como narcos también entrarán? Ya se verá.
