Redacción El CoahuilensePor Kristel Reyes
La Dirección de Desarrollo Urbano de Saltillo ha avalado la construcción de gaseras y gasolineras en zonas habitacionales y comerciales, en medio de una tensión legal entre normativas municipales y federales.
Documentos en poder de El Coahuilense Noticias revelan que, aunque los proyectos cuentan con permisos oficiales emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano, algunos han avanzado con condicionantes o con procesos judiciales y autorizaciones aún pendientes, mientras la intervención de Protección Civil ha frenado (al menos temporalmente) obras en colonias como Las Teresitas y Villas de la Angostura.
En Saltillo la expansión urbana ha alcanzado puntos que hace apenas una década parecían lejanos. Hoy la convivencia entre zonas habitacionales y estaciones de servicio de combustible pone a prueba la forma en que se aplican y se interpretan las leyes.
Normas federales vs. proyectos locales
Existe un sistema de reglas que operan en los tres niveles de gobierno. A nivel federal la NOM-005-ASEA-2016 es la hoja de ruta que establece los lineamientos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.
Esta norma, emitida por la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, establece las medidas para que la estación sea técnicamente segura: cuida desde el grosor de los tanques hasta el mantenimiento de las bombas.
Sin embargo, el riesgo no termina en la barda de la estación. Es aquí donde entra el reglamento municipal que regula los establecimientos de venta, almacenamiento y autoconsumo de gasolina o diésel, así como las estaciones de servicio y plantas de almacenamiento.
El Reglamento Municipal de Saltillo impone criterios adicionales, particularmente en materia de distancias mínimas entre estaciones y zonas de concentración con el objetivo de reducir el impacto en caso de accidentes.
A la par de esas reglas, entra en juego el papel de Protección Civil, encargada de regular y validar que el proyecto cumpla con todas las medidas de seguridad industrial y operativa para prevenir riesgos a la población y el medio ambiente. Mientras la federación cuida que la estación no falle, el estado y el municipio debe cuidar que, si algo falla, el impacto en la población sea mínimo.
Ahí es donde surge el conflicto. De acuerdo con la directora de Desarrollo Urbano Municipal, Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, existe una diferencia entre lo que exige el reglamento local y lo que permite la federación.
“La ley federal está por encima del reglamento municipal”, explica Castro al señalar que algunos proyectos pueden avanzar cuando cumplen con la normativa nacional, incluso si no se ajustan completamente a disposiciones locales.
Autorizaciones por vía jurídica
Castro Gutiérrez confirma que algunas estaciones han sido autorizadas mediante procedimientos ante jueces, como ocurrió con la gasolinera de Costco.
En el caso del predio de la empresa MAPZA Inmobiliaria, S.A de C.V., ubicado en el bulevar Las Teresitas, con más de 8 mil metros cuadrados de extensión, según el oficio 06S-US-3011-05/03/2025, con fecha del 14 de agosto de 2025, el uso de suelo fue determinado como “industria ligera, uso de suelo condicionado”, en cumplimiento de una sentencia judicial derivada de un recurso de inconformidad del mismo año.
Esto significa que el proyecto no estaba plenamente permitido desde el inicio, sino sujeto a evaluaciones adicionales, como estudios de impacto urbano, ambiental y de riesgo. A pesar de ello, en las tarjetas informativas municipales el proyecto aparece como “cumplido” en diversos requisitos técnicos.
Sin embargo, contar con uso de suelo o incluso con dictámenes técnicos no implica que una estación puede operar.
El proceso como tal se divide en dos etapas:
La primera etapa es la construcción que requiere estudios ambientales, dictámenes de riesgo y validaciones municipales.
La segunda es la operación, que depende de autorizaciones federales en materia energética, generalmente emitidas por organismos como la Comisión Reguladora de Energía.
Inviable desde el papel
El 25 de septiembre de 2025 la Subsecretaría de Protección Civil del Estado emitió el oficio SPC/AP/2374/2025 en el que negó la constancia de factibilidad a un proyecto de gasolinera impulsado por MAPZA Inmobiliaria en el bulevar Las Teresitas.
La razón principal: riesgos asociados a la cercanía con otros establecimientos y zonas de concentración.
De acuerdo con el documento, la empresa presentó un dictamen de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en el que afirmaba respetar las distancias de seguridad; sin embargo, estas no eran las adecuadas, considerando que coexistiría junto a la gasera “Super Gas”.
Además, el proyecto incluía “locales comerciales y una plaza”, lo que lo convertía en un punto de reunión.
Según el oficio, la NOM-003-SEDG-2004 establece una distancia mínima de 30 metros para estaciones de carburación y 100 metros para plantas de almacenamiento desde la tangente del tanque hasta la ubicación de locales comerciales.
Además, el artículo 6.1.3 inciso b de la NOM-005-ASEA-2016 menciona que debe de existir una distancia mínima de 100 metros entre los límites del predio y los tanques de una planta de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo.
Así mismo, el capítulo ll, artículo 5, fracción Vl del reglamento municipal menciona que el predio de la estación debe mantenerse a una distancia mínima de 200 metros respecto a lugares de concentración pública. Además la fracción lV, inciso a y b del mismo capítulo establece, al igual que la NOM, que los 100 metros de resguardo mínimo entre plantas de almacenamiento y distribución de Gas L.P.
“La solicitud fue ingresada desde septiembre de 2025. Fue resuelta en sentido negativo ya que los vecinos no estaban de acuerdo. Se volvió a ingresar en el mes de noviembre. Fue negada nuevamente en virtud de que el proyecto no cumplía con las normas oficiales mexicanas aplicables y representaba un riesgo para la población”, concluye el dictamen del subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán.
Villas de la Angostura: de la construcción a la clausura
El segundo caso se ubicó a pocos kilómetros de distancia, en la esquina nororiente de la carretera Saltillo Zacatecas con calle Villas de San Patricio, en el fraccionamiento Villas de la Angostura.
Aquí la situación se repitió, pero con un agravante: la construcción inició sin que Protección Civil estuviera enterado del giro del negocio.
La empresa Distribuidora de Gas Saga S.A. de C.V. inició la construcción de una estación de carburación de gas sin haber tramitado previamente permisos ante Protección Civil municipal.
De acuerdo con el oficio 06S-US-3838-22/03/2024, el 04 de abril del 2024 el gobierno municipal de Saltillo, la Dirección de Desarrollo Urbano y la Subdirección de Gestión solicitaron a la distribuidora de gas Saga presentar la licencia de construcción y/o licencia de funcionamiento y operación para la estación de carburación de gas LP con una superficie total de mil 419 metros cuadrados.
El documento señala que el predio contaba con uso de suelo condicionado, lo que implicaba cumplir previamente con los siguientes requisitos: respetar el alineamiento oficial que determina el Plan Director de Desarrollo Urbano vigente en el municipio; el estudio de impacto vial y urbano validado por un director responsable de obra; el estudio de riesgo elaborado por un perito acreditado en la materia; además, debía presentar el dictamen de seguridad y operación emitido por la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos y, finalmente, respetar los coeficientes de ocupación del suelo (COS) y el coeficiente de absorción del suelo (CAS).
Algunos de los trámites con los que presuntamente ha cumplido la distribuidora de gas Saga, son: constancia de uso de suelo, constancia de alineamiento y número oficial; el documento sobre limpieza, trazo y nivelación y la licencia para circular el terreno.
Ante esto, en una reciente declaración para El Coahuilense Noticias, el subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán, confirmó que la empresa no tenía algunos documentos en regla, pues no habían tramitado nada con la institución.
“No habían tramitado nada. No tiene permisos con nosotros”, dijo.
El pasado 22 de abril elementos de Protección Civil acudieron al lugar a realizar un recorrido por la obra y la institución dictaminó de forma inmediata la clausura de la construcción.
“Hoy se clausuró, se acordonó y se pusieron sellos. No tiene documentos por parte de nosotros”, afirma Durán.
La empresa comenzó a levantar muros para una estación de carburación de hasta 60 mil litros de gas LP sin antes haber tramitado la factibilidad de riesgo.
Los vecinos
Más allá de la normativa técnica que la empresa estaba incumpliendo en el caso de Villas de la Angostura, la oposición de los vecinos fue contante desde el momento en que observaron el inicio de la construcción.
“Mientras los vecinos no estén de acuerdo no podemos autorizar un negocio de este tipo y las sanciones en dado caso que se les permitiera los permisos pues tendríamos que poner la multa y después darles los permisos, pero en este caso solamente es la clausura y no emitiremos permisos nosotros”, señaló el subsecretario.
Aunque este criterio no está establecido de forma explícita en normas federales, en la práctica se vuelve determinante en la toma de decisiones locales.
Residentes de las calles Villa de los Ramos 2 y 3 del fraccionamiento Villas de la Angostura comentaron que hace aproximadamente un mes los vecinos del primer cuadro del fraccionamiento se acercaron con los demás para recolectar firmas con el propósito de frenar la construcción de Saga.
“Si, estaban levantando firmas para que detuvieran la obra. Los más interesados son los de la primera cuadra, porque son lo que indagaron sobre la construcción porque no les habían querido decir qué era. Nos pidieron la firma, el teléfono y la copia de la INE”, comentó una vecina.
“Nosotros nada más firmamos y anduvimos haciendo reuniones para ver si se podía cancelar”, comentó un habitante de la calle Villa de los Ramos 3.
Durán sostiene que toda construcción debe contar, aún antes de iniciar, con la firma aprobatoria de los vecinos. Además asegura que hasta ahora no se ha presentado ninguna clase de riesgo debido a que “no había ninguna estación de gas, solamente estaban comenzando la construcción”.
“El tema es: la licencia de construcción es municipal, nosotros no sabíamos que se iba a construir una gasera, hasta cuando ya comienzan los trámites hacemos la revisión en el atlas de riesgo y no nos marca una situación en el Atlas de Riesgo, sin embargo, cuando le pedimos las firmas de los vecinos es con la que no contaron, por eso hicimos la inspección física”, explica Durán.
Más allá de permisos, dictámenes y vacíos legales, lo que queda al descubierto es un sistema donde la legalidad no siempre garantiza la seguridad. En Saltillo, las estaciones de combustible no se construyen en la clandestinidad, sino en medio de interpretaciones normativas que permiten que proyectos cuestionados avancen, se detengan o se reactiven según la vía legal o administrativa que sus promotores encuentren.
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