Ernesto Núñez AlbarránPor Ernesto Núñez Albarrán
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Ha pasado un mes desde que la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acordar con las dirigencias de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo un proyecto de reforma electoral aceptable para los tres partidos. Desde entonces, han transcurrido alrededor de 20 reuniones, algunas muy largas, otras muy tensas. Pero hasta la fecha no han encontrado las coincidencias que permitan a la presidenta presentar la iniciativa y enviarla al Congreso.
Hasta el momento, hay avances en nueve puntos que tienen que ver con el sistema electoral: 1. la reestructuración del Instituto Nacional Electoral, compactando áreas, reduciendo el número de funcionarios en las 32 Juntas Locales y eliminando funciones como la educación cívica; 2. una reforma a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para que sus integrantes ya no sean designados desde el INE y no se dupliquen funciones; 3. cambios que faciliten los ejercicios de democracia participativa, como la consulta popular, la revocación de mandato y la iniciativa ciudadana; 4. facilitar el registro de nuevos partidos políticos; 5. modificar los tiempos de radio y televisión que se asignan a los partidos y a las autoridades electorales; 6. facilitar el voto de los mexicanos desde el extranjero; 7. limitar el uso de anuncios espectaculares y la propaganda electoral contaminante; 8. realizar la próxima elección judicial hasta 2028, y 9. endurecer la fiscalización del financiamiento de partidos y candidatos y castigar severamente el patrocinio del crimen organizado.
Pero las diferencias persisten en dos puntos centrales de la reforma planteada por la presidenta: la reconfiguración de la representación proporcional en el Poder Legislativo y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Los dirigentes del PVEM y el PT comenzaron rechazaron ambas intenciones de manera tajante, y terminaron por manifestar su inconformidad con asuntos aparentemente triviales pero de gran calado para ellos, como el deseo de la presidenta de facilitar el registro de nuevos partidos políticos.
“Lo que quieren es nuevos aliados”, llegaron a decir los dirigentes del PT en el momento de mayor tensión en las conversaciones.
Según dirigentes del PT y el Verde, la actitud de Morena -y de Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral- ha sido por momentos arrogante e injusta para dos partidos que han acompañado prácticamente toda la agenda de reformas de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Según cuadros morenistas, sus aliados se han mostrado inflexibles en esos temas y por momentos caprichosos.
Aun así, los negociadores en la Secretaría de Gobernación han avanzado en otros temas de la reforma, e incluso se han empezado a redactar los nuevos textos constitucionales que se propondrán en la iniciativa y los nuevos párrafos de leyes secundarias, acordado cosas como mantener los 200 plurinominales en la Cámara de Diputados y los 32 en el Senado (ahí la presidenta habría cedido en su intención original de achicar las Cámaras del Congreso de la Unión).
Pero sigue sin llegarse a un acuerdo en torno a la petición de la presidenta de modificar la manera en la que se elige a los “pluris”, que actualmente depende de listas cerradas confeccionadas por las dirigencias de los partidos, en donde los propios dirigentes partidistas se quedan con los lugares de privilegio para asegurarse una curul o un escaño.
La presidenta quiere que todos hagan campaña y que la ciudadanía sea la que decida qué candidatos de representación proporcional llegan a las Cámaras, mediante listas abiertas en las que los más votados sean los que entren. Pero eso no aceptable para el Verde y el PT, cuyos dirigentes piden mantener la facultad de las dirigencias de decidir quiénes van en los primeros lugares.
“Los dirigentes no pueden estar dirigiendo y al mismo tiempo hacer campaña”, han dicho en la mesa de negociaciones, donde han argumentado que hay legisladores de carrera que no ganarían una campaña, pero son especialistas o cuadros con un gran oficio político que aportan mucho en las legislaturas.
Tampoco hay un acuerdo en torno a la reducción del financiamiento público que reciben los partidos políticos y que actualmente se calcula con base en una fórmula constitucional en la que se multiplica el número de electores registrados en el padrón electoral por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y que, por consiguiente, ha crecido exponencialmente en los 30 años que lleva de vigencia, y que en este 2026 arrojó como cifra 7 mil 600 millones de pesos para gasto ordinario, a dividirse entre los seis partidos con registro nacional. La distribución de esos recursos se da, el 30% en parees iguales, y el 70% de manera proporcional según el resultado de las últimas elecciones federales. Eso ha convertido a Morena en un partido millonario que, sólo en este año, se llevará más de 2 mil 500 millones de pesos.
Los desacuerdos en el tema se producen porque Verde y PT estarían dispuestos a reducir el financiamiento, siempre y cuando se mueva la distribución a un esquema 50-50, por ejemplo, a lo que Morena se niega rotundamente.
A los diferendos que han retrasado la iniciativa de Sheinbaum, quien primero la anunció para enero, luego para el inicio del periodo ordinario (1º de febrero) y luego para la segunda semana de febrero (que ya acabó), hoy se suma un ambiente de confrontación dentro de la coalición por lo que ocurre en estados como San Luis Potosí, donde el Verde desafía el combate al nepotismo ordenado por la presidenta; Oaxaca, donde el PT es el peor enemigo del gobernador morenista Salomón Jara; Coahuila, donde el Verde no se sumó a la coalición oficialista que pretende disputarle el domino al PRI en las elecciones del próximo 6 de junio, y Zacatecas, donde los Monreal insisten en que un tercer hermano sea gobernador.
Además, hoy pesa en el ambiente la guerra civil desatada dentro de Morena por el pleito entre el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el ex coordinador de Comunicación de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, cuya cercanía al expresidente López Obrador es innegable en ambos casos, y cuyas diferencias y acusaciones de corrupción e ineptitud alcanzan a la actual administración.
La salida de Adán Augusto López de la coordinación del Senado y su supuesta intención de irse a territorio a preparar las campañas de 2027 abren la duda de si la dirigente Luisa María Alcalde está de acuerdo con eso.
La detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de encabezar una red de extorsión, y las revelaciones de Scherer sobre los nexos de Sergio Carmona con Jesús Ramírez, reviven las dudas sobre los presuntos nexos de Morena con el crimen organizado.
La sensación de pleito y purga en el oficialismo se alimenta, además, con las salidas de Marx Arriaga de la SEP; Alejandro Gertz Manero, de la Fiscalía; Josefa González Blanco, de la embajada en Reino Unido; José Antonio Romero Tellaeche, del CIDE, y Romeo Ruiz (pareja de la gobernadora Layda Sansores), de la embajada en Guatemala. Episodios no exentos de escándalo y confrontación.
En resumen, el ambiente en el oficialismo se enrarece, mientras se sigue retrasando una iniciativa de reforma que moverá equilibrios, afectará intereses y generará rechazos en las propias bancadas de Morena, PVEM y PT, y desde luego, en las de oposición.
