Ernesto Núñez AlbarránPor Ernesto Núñez Albarrán
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Han pasado seis años desde las elecciones de 2021, en las que Morena y sus aliados ganaron 12 Estados, con lo que se consolidó la presencia territorial de la Cuarta Transformación y surgió una generación de gobernadoras y gobernadores leales al lopezobradorismo. Expertos en la operación política, más que en la administración de la cosa pública, la generación 2021 comparte la polémica como sello distintivo, la militancia a ultranza como estrategia de supervivencia, y la incertidumbre como futuro.
A esos gobernadores y gobernadoras les ha llegado la hora de rendir cuentas, con motivo de las elecciones de 2027 y, aunque en la mayoría de los casos, buscarán erigirse en el factótum de sus procesos locales, no todos podrán pasar el examen.
De Rubén Rocha a Layda Sansores; de David Monreal a Evelyn Salgado; de Ricardo Gallardo a Marina del Pilar Ávila; de Alfonso Durazo a Indira Vizcaíno; de Víctor Manuel Castro a Lorena Cuéllar, o de Alfredo Ramírez Bedolla a Miguel Ángel Navarro, la generación 2021 no sólo es prolífica en controversias y polémicas personales; también será recordada como una camada de políticos que pintó de guinda el territorio nacional.
En 2024, fueron la columna vertebral de la fábrica morenista de votos que llevó a Claudia Sheinbaum a la Presidencia de la República. Y, pese a un largo caudal de acusaciones que pesan en su contra, representan un respaldo político fundamental para la presidenta.
La oposición, y Estados Unidos, ha dejado caer sobre ellas y ellos la pesada sombra de la sospecha por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Ya sea por acción u omisión, con o sin pruebas, ésta es la generación que ha hecho de Morena el partido de connivencia con el crimen organizado, en los principales corredores de trasiego de drogas.
Toda la Costa Pacífico fue ganada por el oficialismo en ese año: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero. Puertos, ciudades y rutas naturales para la producción y tránsito de drogas dejaron de ser priistas y panistas de la noche a la mañana y, a fuerza de votos, pasaron a manos de Morena, que ha sido incapaz de frenar el empoderamiento del crimen organizado.
En aquellas elecciones, el oficialismo ganó, además, Tlaxcala, Campeche, Zacatecas y San Luis Potosí a través del candidato del Partido Verde. En las dos últimas entidades la presencia del crimen organizado es notable y sobre sus gobernantes pesan serias acusaciones de colusión con grupos de la delincuencia organizada.
A la generación 2021, se sumaron en 2022 otros territorios tomados por el crimen organizado que se pintaron de guinda: Tamaulipas, con Américo Villarreal, investigado en Estados Unidos por vínculos con la trama del huachicol fiscal; Quintana Roo, con Mara Lezama; Hidalgo, con Julio Menchaca, y Oaxaca, con Salomón Jara.
El común denominador de ambas generaciones (que suman un total de 16 de los 24 gobernadores del oficialismo) es que sus triunfos fueron operados por la dirigencia de Mario Delgado al frente de Morena, el actual secretario de Educación Pública al que en su momento se vinculó con Sergio Carmona, el empresario al que se le apodaba “el rey del huachicol”, que fue asesinado en diciembre de 2021, justo en medio de las dos elecciones en las que Morena expandió su poder territorial.
Bajo órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, a Mario Delgado le tocó poner en práctica una estrategia pragmática para que Morena se hiciera con estados, municipios y Congresos locales. Fue el dirigente partidista más exitoso de las últimas décadas, pues ganó 12 gubernaturas en 2021, cuatro en 2022, el Estado de México en 2023, y seis más en 2024.
Sin embargo, Delgado nunca ha ofrecido explicación alguna ante las severas acusaciones que pesan sobre su partido y sus gobernadores por el probable financiamiento ilegal de esas campañas, los presuntos acuerdos con el crimen organizado (como los investigados por Estados Unidos en Sinaloa), ni por los compromisos presuntamente adquiridos para dejar que el narco -y otras industrias criminales- sigan operando en esos territorios.
En 2027 se renovarán 17 gubernaturas, una buena parte de las de las generaciones 2021 y 2022, y quizás esa es la oportunidad para que las y los gobernadores rindan cuentas; se terminen los acuerdos con oscuros patrocinadores (en caso de existir) y se comience a limpiar la política local. Es lo que debería ocurrir, si la presidenta y Morena quieren de mostrar que, efectivamente, la teoría del “narco Estado” sólo existe en la imaginación de sus críticos y opositores.
