Ernesto Núñez AlbarránPor Ernesto Núñez Albarrán
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La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha puesto en pausa. El desacuerdo en torno a los temas fundamentales es mayor, y ha frenado la propuesta que redacta la comisión presidencial presidida por Pablo Gómez.
El desacuerdo involucra a todos: a los integrantes de la comisión (una rara amalgama de claudistas y lopezobradoristas), a los coordinadores parlamentarios Ricardo Monreal y Adán Augusto López y sus vicecoordinadores, a las bancadas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, a la dirigencia de Morena, a los 24 gobernadores del oficialismo y a las dirigencias estatales del partido. Pero, sobre todo, el desacuerdo es con los dos partidos aliados de Morena, de cuyos votos depende la aprobación de cualquier reforma constitucional.
Los números no mienten: sin los 62 diputados del Partido Verde y los 49 del PT, el oficialismo sólo cuenta con 253 diputados, suficientes para aprobar reformas legales e incluso para sacar por sí mismo un Presupuesto de Egresos de la Federación, pero no para llegar a la mayoría calificada de 336 votos requeridos para aprobar una reforma constitucional. Y lo peor (para Morena y para la reforma que pretende Sheinbaum) es que uno solo de sus aliados no le sirve de nada. Si llegara a un acuerdo con el PT, sumaría 302 votos; si negociara únicamente con el Verde, sumaría 315 y le faltarían 20 para las dos terceras partes.
Algo similar pasa en el Senado, donde la mayoría calificada se alcanza con 86 de los 128 escaños. Ahí, Morena tiene 67 senadores, que le dan mayoría absoluta; pero el Verde, con sus 14, y el PT con sus 6 legisladores, son los que le abren la llave de las reformas constitucionales.
Como ocurre en la Cámara baja, a Morena no le basta negociar con una de las dos fuerzas para alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes; requiere por fuerza el respaldo de las dos bancadas.
La alianza con dos partidos antes miembros de lo que llamábamos “la chiquillada” le permitió a Morena crear un bloque legislativo y una eficiente coalición electoral en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con Mario Delgado como uno de los principales artífices, primero como coordinador de los diputados de Morena en la 58 Legislatura (2018-2020) y luego como dirigente nacional del partido (2020-2024).
Fue en esos años cuando Morena-PVEM-PT integraron la Coalición Juntos Hacemos Historia (que en 2018 se llamaba Juntos Haremos Historia y no incluía al Verde), con la que ganaron 24 gubernaturas y, en 2024, la mayoría en las Cámaras del Congreso.
Con esa coalición detrás, el presidente López Obrador, y después la presidenta Sheinbaum, decidieron ignorar a la oposición, hoy integrada por tres partidos (PAN, PRI y MC), cuyos dirigentes jamás han sido recibidos en Palacio Nacional ni han sido considerados para las grandes reformas.
Cuando el jueves se le preguntó a la presidenta si su reforma electoral pasaría por un diálogo directo con los dirigentes de la oposición, ella descartó reunirse con ellos, y descalificó las propuestas que han surgido desde esos ámbitos, concretamente las de Claudio X González y Lorenzo Córdova.
Pero también descartó reunirse personalmente con el PVEM y PT, y los remitió con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lo que levantó ámpulas entre sus dirigentes y legisladores.
La presidenta omite una realidad: esos aliados, antes de la chiquillada, ya se le volvieron fundamentales a la Cuarta Transformación. No sólo en lo legislativo, sino en lo electoral. Sin ellos no hay reformas constitucionales, le recordó el diputado Ricardo Monreal en la larga encerrona del miércoles pasado. Pero tampoco hay un buen 2027, cuando el partido gobernante intentará ratificar su mayoría en la Cámara de Diputados y ganar la mayor parte de las 17 gubernaturas que estarán en juego.
Hoy, esos partidos crecieron, ganan ayuntamientos y diputaciones locales; son cruciales para que Morena pueda maniobrar en las elecciones de diputados federales y senadores, y para sobrepasar el límite constitucional a la sobrerrepresentación.
El Verde gobierna solo en San Luis Potosí y tiene el control de las maquinarias electorales que llevaron a la gubernatura a Eduardo Ramírez en Chiapas y a Mara Lezama en Quintana Roo. El PT ya demostró, en Coahuila en 2023 y en las locales de 2025 en Veracruz y Durango, que sin su logo a Morena no le va bien.
Dejaron de ser enanos o unos simples partidos satélite. Por eso hoy quieren ser tratados como adultos en las negociaciones de la reforma electoral; piden un lugar en la mesa, y ya exigen candidaturas y cuotas en los gobiernos de la cuarta transformación.
Haber hecho depender la 4T de dos partidos con una cuestionable historia, sin principios ni una convicción democrática, hoy es un bumerán para la presidenta Sheinbaum que, por lo pronto, no tuvo de otra más que frenar su reforma político-electoral.
Paradójicamente, hoy el futuro del sistema electoral depende de esas dos fuerzas, que por cierto estuvieron a punto de perder su registro nacional entre 2015 y 2016. Su negativa a perder diputados plurinominales y prerrogativas podrían matizar una reforma que, mal hecha, podría demoler dos pilares de la democracia electoral: la representación de las minorías y las condiciones de equidad en la competencia entre partidos.
Hay quien da por muerta la reforma electoral. En cambio, en el oficialismo se asegura que habrá acuerdo y una aceptación del PVEM y PT a reducir los costos de las elecciones y del Poder Legislativo, con una propuesta intermedia que no dañe sus intereses y deje intacta su condición de partidos intermedios. Las dos semanas siguientes serán decisivas.
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