Ernesto Núñez AlbarránPor Ernesto Núñez Albarrán
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La reforma electoral ha entrado a una semana crítica; la recta final en la elaboración de la propuesta de reforma político-electoral que habrá de enviar la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso. Su disyuntiva es clara: mandar una iniciativa para una reforma de ajuste del sistema electoral tal como lo conocemos, o plantear un cambio profundo de las reglas de competencia política, acceso al poder y representación popular.
Si continúa la línea trazada por las consultas hechas por la Comisión Presidencial que preside Pablo Gómez, la reforma tendría que ser de gran calado, afectando el sistema de representación proporcional que desde finales de los años 70 permite la representación de las minorías y la expresión de la pluralidad en el Poder Legislativo. Esa reforma profunda tocaría también el financiamiento público que reciben los partidos, las reglas para constituir nuevos partidos en México, facilitar los mecanismos de democracia participativa -que hoy pasan por un esquema híper restrictivo-, el tamaño y funcionamiento de los organismos electorales y ampliando los derechos de la ciudadanía perfeccionando acciones afirmativas y de inclusión, equidad de género, prevención de la violencia política en contra de las mujeres en razón de género e incorporación de mecanismos de voto electrónico y a distancia.
Todos esos temas están en el diagnóstico y propuestas que entregaron la semana pasada los integrantes de la comisión a la presidenta Sheinbaum, que esta semana tendrá al menos dos reuniones clave para el futuro de la reforma: el lunes, con la dirigente de Morena y los coordinadores parlamentarios, en donde analizarán los escenarios de negociación con los partidos aliados, PVEM y PT. De ellos depende en gran medida el futuro y alcance de los cambios, pues tienen los votos que abren o cierran la posibilidad de una reforma constitucional en ambas Cámaras del Congreso.
La otra reunión ocurrirá el miércoles, entre la presidenta Sheinbaum y la Comisión en la que confluyen la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; su jefe de oficina, Lázaro Cárdenas Batel; su consejera jurídica, Esthela Damián; el titular de la Agencia Digital, José Peña Merino; el coordinador de asesores, Jesús Ramírez; el exministro Arturo Zaldívar, junto con Pablo Gómez y su equipo de asesores, que ya arrastran el lápiz, pero dependen de las últimas definiciones de Sheinbaum para redactar la iniciativa.
La Comisión se reunirá antes con las consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral. El lunes, al mediodía, se prevé que la consejera presidenta Guadalupe Taddei entregue un documento a Pablo Gómez con las propuestas y apuntes técnicos consensuados en el seno del Consejo General, que apuntan a una reforma de ajuste y no de fondo. Entre las propuestas del INE no hay cambios profundos ni radicales en el sistema electoral; se pide sostener la experiencia y expertís de las áreas técnicas, se defiende la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), perfeccionar la fiscalización de los recursos con los que se financian las campañas, sostener la prevalencia del financiamiento público, respetar el Servicio Profesional Electoral Nacional, legislar en materia de sobrerrepresentación y modificar las fechas de la elección judicial de 2027, para que no se empalme con las federales y locales.
Las cavilaciones de la presidenta Sheinbaum, en medio de un contexto internacional y local complejos, girarán en torno a esos temas. Será una de las decisiones más importantes de su sexenio, pues del cambio en las reglas de competencia política dependen el futuro del sistema de partidos, la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación, la solidez de la coalición gobernante (Morena-PVEM-PT) y la supervivencia de la oposición, que ha comenzado a llamar a la reforma electoral la “Ley Maduro”, denunciando anticipadamente una posible reforma regresiva que, en su lógica opositora y la retórica que piensan posicionar ante Estados Unidos, convertiría a México en un régimen autoritario como el implantado por el chavismo en Venezuela .
Todo un tema, pues la Cuarta Transformación no ha podido, en siete años, hacer prosperar anteriores intentos de reforma electoral, contenidos en los planes A, B y C de Andrés Manuel López Obrador. La reforma política de Sheinbaum podría ser definitiva, un parteaguas en la historia electoral del país, o un simple ajuste a las reglas de acceso al poder y competencia entre los partidos. En ambos casos, las consecuencias estarán a la vista tan pronto como en la gran elección de 2027.
