Por Diego Corpus / CEDIL
La protección de los seres sintientes en Coahuila enfrenta un panorama difícil. En días recientes se suscitaron dos eventos que exponen las fallas en los marcos de bienestar animal de nuestra sociedad. Por un lado, la operación irregular de un zoológico en el municipio de Arteaga; por otro, la atroz agresión sexual perpetrada contra una perrita en Monclova. Desde distintas dimensiones, ambos hechos nos hablan de violencia interespecie y su normalización en nuestro estado.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) publicada en 2022, en Coahuila hay aproximadamente 3,146,771 perros, de los cuales dos de cada tres se encuentran sin hogar. Esto es un reflejo de la sociedad coahuilense y del modo en cómo podemos llegar a ser omisos con el medio ambiente, además, el abandono animal revela el modo en que cosificamos la vida al descuidar elementos fundamentales del cuidado del otro. Según datos de AnimaNaturalis México, entre 2019 y 2020 se reportaron 45 denuncias por maltrato y se abrieron 43 carpetas de investigación, sin embargo, sólo tres casos fueron vinculados a proceso.
Es importante recordar que Coahuila se ha distinguido por ser una de las entidades pioneras en el reconocimiento jurídico de los derechos animales. El Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza tipifica de manera clara el maltrato y la crueldad animal, además de contemplar sanciones específicas para actos aberrantes como la zoofilia. En términos normativos contamos con herramientas jurídicas relevantes; sin embargo, la existencia de leyes no garantiza por sí misma el acceso efectivo a la justicia para los animales no humanos.
Desde el debate bioético, los animales no humanos son considerados pacientes morales, es decir, seres que se encuentran a merced de las decisiones y acciones humanas. Aunque no poseen la racionalidad necesaria para ser agentes morales responsables de sus actos, sí cuentan con la capacidad inherente de experimentar dolor, miedo, sufrimiento y estrés. Precisamente esta capacidad de sentir es la que obliga éticamente a las personas y a las instituciones a reconocer su vulnerabilidad y a actuar en consecuencia.
La asimetría de poder entre la especie humana y las demás especies no otorga un derecho de dominio absoluto sobre la vida animal. Por el contrario, implica una responsabilidad ética y social orientada al cuidado, la protección y el respeto. La violencia contra los animales no humanos no debe dejar de indignarnos, ya que detrás de cada acto de crueldad existe una forma de deshumanización que normaliza prácticas de dominación y abuso.
Dado lo anterior, es importante que fortalezcamos la cultura de la denuncia pues, cuando se trata de seres sintientes, es nuestra responsabilidad velar por su bienestar y su cuidado.
Los actos de violencia en su contra no pueden dejar de indignarnos, de ese modo seríamos partícipes de la violencia estructural que padecen en forma de impunidad. En nuestra entidad contamos con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila, instancia que permite denunciar de manera anónima casos de maltrato animal a través de su portal oficial https://propaec.gob.mx/ y mediante el teléfono 8000220537. Tengamos presente que una responsabilidad ética colectiva habla directamente del tipo de sociedad que queremos construir.
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