Ethel Arredondo- El derecho como herramienta política, feminista y humana en la voz de una abogada lagunera.
Por Ethel Arredondo
Torreón, Coahuila.- Sofía Díaz Lozano tenía menos de 20 años cuando entendió que el derecho no era solamente códigos y tribunales, sino una herramienta para confrontar al poder. Hoy, a sus 30 años, es una de las voces más firmes del activismo jurídico feminista en La Laguna y cofundadora de Abogadas Laguneras, una colectiva que agrupa a cerca de 50 profesionistas del derecho.
Su discurso no es tibio. Tampoco cómodo.
“En Coahuila tenemos muy buenas leyes, pero muy poca voluntad por parte de las y los funcionarios”, afirma sin rodeos. “Nada más tienen que hacer su trabajo”.
En el norte del país, donde históricamente el ejercicio del derecho ha estado marcado por estructuras rígidas, jerárquicas y predominantemente masculinas, la figura de una abogada joven que habla de litigio estratégico con perspectiva de género no pasa inadvertida. Sofía Díaz Lozano y su presencia no se sostiene en el estruendo, sino en la firmeza. No es una activista improvisada ni una litigante tradicional; es el resultado de una generación que decidió entender el derecho no como un trámite, sino también como una herramienta para lograr la asistencia social encaminada al respecto de los derechos de la mujer.
Su diagnóstico sobre el sistema de justicia en Coahuila no es ambiguo. “Tenemos muy buenas leyes”, afirma con claridad. “El problema es que tenemos muy poca voluntad por parte de las y los funcionarios para aplicarlas como deberían aplicarse”. La frase, lejos de ser una consigna, se ha convertido en el eje que atraviesa su trayectoria profesional y activista.
Sofía no llegó al feminismo por casualidad ni al litigio estratégico por moda. Su primer acercamiento a la acción colectiva ocurrió en la preparatoria, en un entorno profundamente político que la llevó a participar en movimientos estudiantiles. Más tarde, en la universidad, el contexto nacional marcado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa terminó por consolidar una conciencia crítica que ya venía formándose. Desde 2011 se reconoce como activista; desde 2017, como feminista. El derecho apareció como una consecuencia natural de esa búsqueda por comprender y transformar las estructuras.
Sin embargo, fue en 2021, durante una especialidad en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, cuando experimentó lo que ella describe como un “cambio de chip”. Ahí entendió que los procesos jurídicos no tenían que reproducir las inercias tradicionales del sistema. “Aprendí que el derecho no es neutro y que los procesos pueden llevarse desde un enfoque distinto, estratégico, con perspectiva de derechos humanos. No se trata solo de presentar escritos y cumplir plazos; se trata de entender el impacto social de cada acción jurídica”.
Ese entendimiento fue el punto de partida para la creación de Abogadas Laguneras en 2022, junto con otra colega. Lo que comenzó como una inquietud por visibilizar la ausencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones dentro de barras y colegios de abogados, pronto se transformó en una colectiva que hoy reúne a cerca de 50 abogadas en Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. La decisión de definirse como colectiva y no como asociación formal no es menor: implica una postura política frente a las estructuras tradicionales del gremio.
En sus primeros meses, el objetivo principal era cuestionar por qué en las reuniones jurídicas predominaban los hombres y por qué, cuando había mujeres, rara vez ocupaban posiciones de liderazgo. Con el tiempo, el trabajo se amplió hacia la socialización del derecho, un concepto que Sofía repite con insistencia porque, para ella, representa una deuda histórica del gremio.
“La gente no conoce sus derechos porque el propio sistema se ha encargado de mantenerlos en un lenguaje inaccesible”, explica. “Como abogados hemos sido muy celosos con los términos técnicos, con la forma de presentar los procesos, y eso genera una distancia enorme entre la justicia y las personas. Explicar un procedimiento en palabras simples no te hace menos profesional; al contrario, te hace más responsable”.
Esa convicción se traduce en acompañamientos legales pro bono, asesorías gratuitas en plazas públicas y talleres dirigidos a estudiantes, empresas y funcionariado. El trabajo no se limita a la representación jurídica, sino que busca generar herramientas para que las personas comprendan lo que enfrentan. “Un proceso jurídico ya es difícil en lo emocional. Si además lo conviertes en un laberinto burocrático, lo vuelves insoportable. Y muchas veces esa complejidad no es necesaria; es resultado de la falta de voluntad”.
La justicia que duele
La falta de voluntad, insiste, es más peligrosa que la ausencia de legislación. Para sostener su afirmación, recuerda uno de los casos que más la han marcado: el de una niña de nueve años que, tras ser internada en un anexo por depresión, fue víctima de abuso sexual. Durante el proceso de denuncia, se enteraron de que una funcionaria habría solicitado 50 mil pesos al agresor para no judicializar el caso.
“Es devastador pensar que alguien pueda ponerle precio a la vida y la integridad de una niña”, reflexiona. “No se trata solo del delito; se trata de cómo opera la justicia cuando se corrompe desde adentro. Ahí entiendes que el problema no siempre es la ley, sino quién la ejecuta”.
El caso logró encauzarse y hubo consecuencias, pero la experiencia reforzó su postura crítica frente a las instituciones. “Lo que más me impacta no es solo el daño directo, sino imaginar cuántos casos no llegan a manos de alguien que pueda empujarlos. Cuántas mujeres y familias enfrentan solas esa pared institucional”.
Desde su perspectiva, la discusión sobre los derechos de las mujeres no puede quedarse en el discurso simbólico. Señala áreas concretas que requieren actualización: la violencia vicaria necesita mayor precisión normativa; el delito de acecho, aunque existente, no está suficientemente especificado; la Ley Olimpia debe incorporar las alteraciones digitales mediante inteligencia artificial. “La tecnología avanza más rápido que el derecho, y si no actualizamos los marcos legales, dejamos a las víctimas en un vacío”.
También apunta hacia la crisis de desapariciones y las limitaciones de la Ley de Salud para declarar legalmente fallecida a una persona cuando no se han encontrado determinados restos. “Las familias ya viven un duelo complejo. Exigir requisitos imposibles para acceder a pensiones o seguros solo prolonga el sufrimiento. Ahí también hay una deuda del Estado”.
Su participación en el acompañamiento jurídico tras los hechos del 8 de marzo de 2024 en Torreón consolidó su papel dentro del activismo regional. La recomendación emitida posteriormente tuvo impacto estatal y nacional, y abrió una discusión sobre el derecho a la protesta. “No es lo mismo vandalismo que iconoclasia. Las autoridades deben entender el contexto, saber cuándo intervenir y cuándo no, y capacitarse para actuar sin vulnerar derechos”.
Reconoce avances en municipios como Gómez Palacio y Lerdo en materia de capacitación policial, pero advierte que la apertura no es homogénea. “La transparencia también implica permitir observación y evaluación. No se trata de confrontar por confrontar, sino de construir garantías”.
Socializar el derecho: romper el lenguaje del poder
Uno de los ejes centrales del trabajo de Sofía es la “socialización del derecho”.
Lo explica con claridad:
“Las personas no conocen sus derechos porque históricamente los abogados hemos sido muy celosos con el lenguaje. Usamos términos complicados, hacemos ver los procesos como algo inalcanzable. Y no debería ser así. Explicar un proceso con palabras simples no te hace menos abogada. Al contrario, te hace más responsable”.
Sofía también mira hacia el interior del gremio jurídico. Observa que, pese a los avances, aún predominan hombres encabezando despachos y ocupando posiciones estratégicas. “Cuando empecé, muchas compañeras estaban en puestos secundarios. No es casualidad. Las estructuras pesan”. Sin embargo, su aspiración no es solo numérica, sino cultural: que las mujeres que lleguen a esos espacios transformen la manera de ejercer el derecho.
Soñar no es suficiente
La posibilidad de incursionar en la política no le resulta ajena. Para ella, el activismo y la política comparten territorio. “Si el derecho es una herramienta de transformación, la política también puede serlo. Lo importante es cambiar la lógica desde la cual se ejerce”.
Cuando se le pide un mensaje para niñas y adolescentes, su respuesta no es retórica. Habla de trabajo, de construcción constante y de la necesidad de no abandonar los sueños ante las primeras barreras. En una región donde el movimiento feminista ha crecido de decenas a miles de mujeres marchando cada 8 de marzo, Sofía Díaz encarna una generación que decidió no esperar invitación para ocupar espacios.
Su apuesta no es cómoda. Tampoco pretende serlo. En un entorno donde cuestionar estructuras suele interpretarse como confrontación, ella ha elegido litigar desde la incomodidad, convencida de que el derecho, cuando se ejerce con perspectiva de género y derechos humanos, deja de ser únicamente un instrumento técnico para convertirse en una herramienta de transformación social.
