Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
Twitter: @Arturo_Rdgz
El nuevo impuesto propuesto a bebidas con edulcorantes ha abierto un debate que va más allá de la nutrición. En el fondo, la discusión enfrenta dos visiones. Una que busca soluciones rápidas a los problemas de salud pública mediante medidas fiscales, y otra que exige políticas basadas en evidencia científica, análisis económico y educación al consumidor.
De acuerdo con el doctor Hugo Laviada, endocrinólogo e investigador especializado en metabolismo y obesidad, los edulcorantes aprobados por organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no representan riesgos significativos para la salud cuando se consumen dentro de los límites establecidos:
“No existe evidencia concluyente que los vincule con alteraciones metabólicas graves en humanos. Por el contrario, su uso responsable puede ayudar a reducir el consumo de azúcares simples en poblaciones con sobrepeso o riesgo de diabetes”, explicó en una charla que sostuvo con medios de comunicación.
En la misma línea, Ana Marcela Rodríguez, directora de Temas Científicos y Regulatorios de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de Alimentos y Bebidas (ALAIAB), subrayó que el debate debe mantenerse en el terreno técnico. Recordó que muchos países han adoptado políticas integrales de reducción de azúcares sin recurrir a gravámenes punitivos, combinando incentivos a la innovación y campañas de información nutricional.
Por su parte, Laura Miranda, coordinadora regional para América Latina de la Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA), insiste en que si los legisladores quieren construir políticas efectivas, deben hacerlo con base en la ciencia, no en suposiciones. Un impuesto a las bebidas con edulcorantes puede trasladar costos a toda la cadena de valor: fabricantes, proveedores y el sector agrícola que depende de estos insumos.
Los especialistas coincidieron en que el problema de la obesidad en México es real y urgente, pero también complejo. En su opinión, culpar o gravar a los edulcorantes es una salida simplista que no atiende las causas estructurales: una dieta desequilibrada, el bajo acceso a productos saludables y la falta de educación nutricional. En lugar de sancionar a una industria que ha desarrollado alternativas con menos calorías, señalaron, el Estado debería incentivar la innovación y reforzar la investigación local sobre hábitos alimentarios.
Lo que es un hecho es que México necesita una política pública en salud que equilibre rigor científico y sensibilidad social. La obesidad no se combate con impuestos improvisados, sino con educación, regulación inteligente y decisiones informadas.
Alumno íntimo
En los últimos días volvió a ser tema la venta de Banamex, institución pilar de la banca nacional que tuvo en Roberto Hernández Ramírez no solo a su expresidente, sino al estratega que orquestó su histórica adquisición por parte de Citigroup en 2001. No es casual que, en ese entorno, reaparezca Manuel Rodríguez Arregui, uno de sus amigos más cercanos y considerado por muchos analistas, como su hijo pródigo.
Este talentoso personaje, quien fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Felipe Calderón y pupilo de Luis Téllez, vuelve a escena, pero ahora desde el sector privado. Desde su fondo AINDA Energía e Infraestructura, impulsa a empresas ligadas a sus intereses, como Controles Electromecánicos, que por varios años controló el mantenimiento de los sistemas de telepeaje de CAPUFE y quedó fuera en la última licitación.
La relación entre Hernández y Rodríguez Arregui viene de años atrás, pues la madre del ex funcionario trabajó con el ex propietario de Banamex. Pero lejos de seguir el buen legado de don Roberto y su progenitora, Manuel Rodríguez ha optado por otro camino: la presión mediática y el cabildeo para intentar para intentar descarrilar el proceso que sus aliados perdieron pues se niegan a soltar este millonario concurso.
El ruido no fue sólo político. En las casetas, se detectaron desactivaciones remotas y fallas sincronizadas en el cobro automático que interrumpieron el cobro de los TAG y afectaron a miles de automovilistas. Las pesquisas siguen abiertas, pero todo apunta a un posible sabotaje. Un episodio que, de confirmarse, revelaría hasta dónde llegan los intereses detrás del negocio del telepeaje.
Motor regional en sincronía
El desempeño reciente del sector de vehículos pesados confirma que, más allá de los altibajos coyunturales —como caídas en ventas, producción y exportación durante septiembre—, México mantiene una posición estratégica dentro del bloque comercial de Norteamérica.
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), encabezada por Rogelio Arzate, insiste en que la clave está en capitalizar la coyuntura para fortalecer la cooperación trilateral bajo el T-MEC.
Con un 64% de contenido regional y una industria que cumple cabalmente los compromisos de integración, el país articula una red productiva que impulsa empleo, innovación y desarrollo logístico en la región. México no se repliega ante la incertidumbre: apuesta por modernizar su parque vehicular, atraer inversión y consolidarse como una plataforma de movilidad sustentable que combine productividad con responsabilidad ambiental.
Campeche y las normas
La promoción del cumplimiento de Normas y estándares en productos y servicios dirigidos a consumidores finales, mediante la Jornada de Normas y Acreditación sigue en gira nacional.
Este ejercicio impulsado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que preside Raúl Tornel, junto a la CANACINTRA, que lleva María de Lourdes Medina; la CMIC, representada a nivel nacional por de Luis Méndez; y la PROFEPA, de Mariana Boy, llegó al estado de Campeche que gobierna Layda Sansores, haciendo acto de presencia Juan Pablo Mex Salazar y Sergio Pérez Barrera, presidentes de CANACO SERVYTUR en el estado y de CANACINTRA misma Delegación.
Ahí se abordó el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, vital para asegurar que los productos y servicios en el mercado cumplan con estándares que protegen la salud, la seguridad de los consumidores y el medio ambiente, además del Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA), implementado por PROFEPA.
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