Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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Este martes 23 de septiembre, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, confirmó algo que la industria del juego lleva años esperando: una iniciativa para reformar la vetusta Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947. “Son 78 años sin ninguna modificación, a pesar de que los avances tecnológicos les impactan”, reconoció. La declaración no es menor: marca un punto de inflexión para un sector que opera con una ley anacrónica frente al crecimiento explosivo del iGaming, la competencia ilegal y la urgencia fiscal del Estado mexicano.
La magnitud del ecosistema formal es innegable: 423 casinos físicos en 30 estados, 60 mil empleos directos, 180 mil indirectos, más de 100 mil máquinas en operación legal y alrededor de 13 mil millones de pesos anuales en impuestos. A esto se suma un mercado digital creciente pero desordenado: cerca del 60 % de las plataformas online operan en la ilegalidad, lo que implica una pérdida fiscal de más de 300 millones de dólares al año. La ausencia de regulación clara en este frente es el verdadero talón de Aquiles.
Miguel Ángel Ochoa, presidente de la Asociación de Permisionarios y Proveedores de Juegos de Apuesta (AIEJA), ha señalado que el sector formal está dispuesto a regularizar, a pagar impuestos y a coadyuvar contra la corrupción, pero también alerta sobre medidas fiscales que podrían resultar contraproducentes. El proyecto de paquete fiscal 2026 contempla un IEPS de hasta 50 % sobre el total apostado, incluso para plataformas extranjeras. Si bien busca atacar la informalidad, podría acabar asfixiando a operadores establecidos, sobre todo en ciudades intermedias o zonas rurales, donde las salas pequeñas apenas subsisten.
El reto es claro: evitar que el endurecimiento regulatorio empuje al sector hacia la clandestinidad. Ochoa enfatiza que si el objetivo es ampliar la base fiscal y combatir el lavado de dinero, es necesario facilitar la incorporación de operadores ilegales al marco legal y garantizar reglas equitativas. Además, urge una legislación que contemple facultades técnicas para bloquear señales digitales no autorizadas y evitar la evasión total por parte de plataformas radicadas en el extranjero.
Desde diciembre pasado, la industria y el gobierno han sostenido mesas de trabajo. Hay consensos: actualizar permisos, profesionalizar la operación, fortalecer el juego responsable y homologar criterios fiscales. El proyecto, según fuentes del sector, está listo. Solo falta que llegue al Congreso y que no se diluya en negociaciones partidistas.
La reforma legal no puede verse como un simple ajuste tributario ni como una herramienta punitiva. Es una oportunidad para construir una industria moderna, que genere confianza, proteja a los consumidores y mantenga a México competitivo en un mercado global que ya rebasó los 3 mil millones de dólares anuales. La comparecencia del martes dejó claro que el reloj legislativo ya está corriendo. Habrá que ver si el Congreso está listo para jugar en serio.
Mercado interno se fortalece
El sello Hecho en México que otorga la Secretaría de Economía (SE) encabezada por Marcelo Ebrard, promueve el fortalecimiento del mercado interno, la soberanía productiva, así como la incorporación de comerciantes, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas a las cadenas globales de valor y forma parte del Plan México, impulsado por Claudia Sheinbaum.
Este distintivo reconoce productos elaborados y/o ensamblados en México que cumplen con altos estándares de calidad, al tiempo de priorizar insumos de origen nacional. Hasta mayo de este año se contabilizaban más de 600 empresas que cuentan con la autorización de uso Hecho en México, y las que recientemente se sumaron son la Entidad Mexicana de Acreditación (ema) que preside Raúl Tornel y Cruz, organismo que registra más de 8,500 acreditaciones otorgadas en diversos sectores productivos; y Mujeres del Sistema de Infraestructura de la Calidad (MUSICA), asociación civil presidida por Maribel López, que trabaja para lograr una mayor igualdad en este rubro.
Aliados por el agua
Un 76% del agua en México se destina a la agricultura, pero buena parte se pierde en sistemas de riego ineficientes. El dato, llevado a colación por Paola Félix Díaz, subdirectora general de Administración del Agua en CONAGUA, explica por qué la tecnificación dejó de ser un lujo y se volvió asunto de Estado. En Morelos, la entrega de un sistema de riego tecnificado de Rotoplas, a través de la división rieggo, ilustra cómo la colaboración entre la empresa de agua y la dependencia a cargo de Efraín Morales López puede cambiar el rumbo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado la seguridad hídrica y alimentaria como prioridad de su Plan Hídrico 2024–2030, y es ahí donde voces como la de Carlos Rojas Aboumrad, director general de Rotoplas, recuerdan que la innovación empresarial no sustituye al gobierno, pero sí lo potencia. El objetivo es producir más alimentos con menos agua. Lo que hoy es un proyecto local debe escalarse a las más de 200 mil hectáreas contempladas en el programa nacional. Tecnificar el campo es lo que marca una diferencia en pueblos con soberanía alimentaria.
Levantan la mano
La Asociación Internacional de Edulcorantes (ISA por sus siglas en inglés) ya levantó la mano para participar en el “Primer Foro internacional sobre impuestos a productos nocivos para la salud” recién anunciado por la Cámara de Diputados. El organismo advirtió que no se puede meter en el mismo saco a las bebidas azucaradas y a aquellas formuladas con edulcorantes bajos o sin calorías, pues estas últimas han sido evaluadas y respaldadas por autoridades como la FDA, la EFSA y la COFEPRIS. Considerarlas “nocivas” y gravarlas de la misma manera, alertó, no sólo genera confusión entre los consumidores, sino que además encarece opciones que podrían ser útiles para reducir el consumo de azúcares, afectando especialmente a las familias de menores ingresos.
Asimismo, planteó que la discusión no debe centrarse en medidas punitivas, sino en soluciones integrales que promuevan la educación nutricional, el etiquetado claro y la reformulación responsable de productos. Solo así, subrayó, se podrán diseñar políticas que verdaderamente protejan la salud de la población.
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