Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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El caso Segalmex parecía un capítulo cerrado de corrupción en la 4T, pero la historia se repite con su sucesor, Alimentación para el Bienestar. Una investigación publicada por la revista Proceso documentó cómo una red de empresas ligadas a la familia Magaña del Valle sigue expandiéndose, obteniendo contratos millonarios mediante esquemas fraudulentos y con el respaldo de notarías que han validado la creación de nuevas compañías.
De acuerdo con la información revelada, los hermanos Enrique, Yibrán y Shyrel Magaña del Valle no solo son operadores de las firmas señaladas, sino que recientemente constituyeron nuevas sociedades en Cuernavaca, Morelos, bajo la fe de notarios que dieron trámite legal a estructuras hechas a la medida para competir en licitaciones públicas. Así nacieron empresas como Abarrotados y Transportes Shyma, diseñadas para insertarse de inmediato en concursos y contratos con los tres niveles de gobierno.
El modus operandi, según lo documentado, incluye domicilios inexistentes, uso de prestanombres con identidades robadas y la simulación de competencia entre firmas vinculadas entre sí. Ejemplos de ello son FamilyDuck, Abastémade, Konkistolo, Grupo Pelmu y Todólogos.com, que lograron acaparar más de 2 mil millones de pesos en contratos, muchos de ellos adjudicados de manera directa, sin licitación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), de David Colmenares, ya había advertido que estas empresas presentaban cotizaciones coordinadas y detectó transferencias millonarias entre cuentas bancarias de los mismos accionistas, lo que prueba que los concursos eran una farsa. Pese a ello, la paraestatal siguió otorgando contratos. Tan solo en 2025, Grupo Pelmu recibió 53 contratos por más de 173 millones de pesos y FamilyDuck otros 29 por más de 432 millones, la mayoría por adjudicación directa.
Ante la gravedad de lo documentado, tanto la ASF como la Secretaría Anticorrupción de Raquel Buenrostro ya tomaron nota y abrieron investigaciones. No solo se indagará a la familia Magaña y sus operadores, sino también a las notarías que se prestaron para dar forma legal a estas empresas. Además, se notificará a diversas dependencias federales y estatales para que se abstengan de contratar con este tinglado empresarial hasta que concluyan las investigaciones.
El caso vuelve a mostrar la fragilidad de los sistemas de control en compras gubernamentales. No es menor que tras el escándalo de Segalmex, que derivó en órdenes de aprehensión contra 22 personas, incluidas varias del más alto nivel, hoy se detecte un esquema paralelo que opera con la misma lógica de saqueo. La cercanía documentada de algunos de estos personajes con exfuncionarios señalados en el pasado solo enciende más alertas.
La pregunta de fondo es si el Estado mexicano tiene la voluntad real de cerrar el paso a estos mecanismos de simulación y saqueo o si seguirá repitiendo un ciclo de impunidad que permite que redes bien conectadas se reciclen y se fortalezcan. El seguimiento puntual de las investigaciones de la ASF y la Secretaría Anticorrupción será clave para saber si estamos ante un punto de inflexión o frente a otro capítulo más de corrupción institucionalizada.
Nuevo árbitro en Telecom
La inminente renovación del Consejo Directivo de la CIRT no se dará en un escenario de calma, sino en medio de una tormenta regulatoria y de intereses económicos.
En noviembre, cuando José Antonio García Herrera deje paso a un nuevo liderazgo, la industria enfrentará no solo la disputa interna entre radiodifusores tradicionales y nuevos grupos de medios, sino también la presión del naciente órgano regulador: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Antonio Peña Merino.
La pregunta es quién tendrá la habilidad de sentarse a esa mesa sin perder poder frente a un árbitro que llega con la venia del gobierno.
Lo cierto es que los nombres que circulan para sucederlo, desde Adrián Laris Casas del Heraldo Media Group hasta Francisco Aguirre de Radio Centro, representan intereses que no siempre han sabido adaptarse al ritmo de las plataformas digitales ni al cambio en las audiencias.
La nueva presidencia de la CIRT deberá decidir si se aferra al viejo modelo de influencia política y cabildeo, o si apuesta por una verdadera transformación.
Vuelve a escena
Las tuercas de la Secretaría Anticorrupción deben ser afinadas por Raquel Buenrostro, prueba de ello es la inconformidad INC/001/2025 interpuesta en el Órgano Interno de Control del IMSS-Bienestar, y es que la directora A del Área de Responsabilidades, Gabriela Medina García, ha admitido una serie de acuerdos con los que lejos de avanzar para reemplazar como proveedoras de aseo a Limpieza Jored, Lamap y Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales, parece retrasar el proceso, pese a evidencias que indicarían la ausencia de equidad en la respectiva compra.
Los expertos del sector apuntan a que José Juan Reyes Domínguez, conocido como ‘rey de la limpieza’, hace hasta lo imposible por mantener el contrato por más de 3 mil millones de pesos, sin importar que se hayan reportado evidencias de posibles evasiones fiscales al dejar sin seguro social a miles de trabajadores.
Reyes Domínguez parece haber perdido piso, pues en su círculo cercano se comenta que mandó a componerse el corrido ‘Niño de Oro’, de Luis Mexia.
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