Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
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El sector de vehículos pesados en México atraviesa una tormenta que amenaza con descarrilar su futuro inmediato. Los números de agosto muestran una contracción preocupante frente al mismo mes del año pasado, un síntoma claro de que la industria no solo enfrenta volatilidad externa, sino también inercias internas que la frenan.
La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), que preside Rodrigo Arzate, ha advertido, más en tono de urgencia, que si no se detiene la entrada de unidades viejas y no se acelera la modernización de la flota, México corre el riesgo de perder competitividad y de diluir el lugar que con tanto esfuerzo se ha ganado como potencia exportadora en la región.
En respuesta, el gobierno mexicano dio un paso significativo al proponer un incremento drástico en los aranceles a las importaciones de vehículos chinos, incluyendo camiones pesados, elevándolos hasta el 50% como medida protectora para la industria nacional.
Anunciada el 10 de septiembre de 2025 por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta política busca contrarrestar la avalancha de productos asiáticos de bajo costo que amenazan con inundar el mercado, especialmente en un momento en que las exportaciones chinas de camiones a México han experimentado un crecimiento explosivo del 2 mil 345% en los últimos cinco años, pasando de apenas 71 unidades en 2018 a mil 736 en 2023.
Aunque esta iniciativa representa un avance hacia la equidad comercial, su éxito dependerá de una implementación rápida y coordinada con otras reformas, como la regulación de importaciones usadas, para evitar que el sector siga perdiendo terreno frente a competidores desleales.
Decíamos que la ANPACT ha enfatizado que la importación desquiciada de “vehículos chatarra” socava los avances en innovación y competitividad, limitando el potencial de una industria que históricamente ha impulsado el crecimiento económico del país, sin mencionar que perjudica a los productores locales que invierten en cumplimiento y perpetúa un ciclo de obsolescencia que eleva los costos operativos para transportistas y consumidores por igual.
Lejos de abogar por cierres proteccionistas, el sector propone un enfoque que priorice el equilibrio comercial sin sacrificar estándares esenciales. El debate gira en torno a fomentar un ecosistema donde la innovación florezca bajo reglas transparentes y piso parejo. Vehículos pesados envejecidos incrementan los accidentes en autopistas —con tasas de fallos mecánicos hasta tres veces superiores a los modelos modernos y que en los últimos años han provocado graves pérdidas logísticas casi a diario— y agravan la contaminación, un factor crítico en un país donde el transporte de carga representa el 20.7% de las emisiones totales de CO2.
La renovación de la flota no es un lujo, sino una necesidad estratégica que podría catalizar avances en múltiples frentes. Al reemplazar unidades antiguas por modelos eficientes, se podría lograr una reducción de hasta el 80% en emisiones contaminantes, según estimaciones del sector basadas en transiciones similares en normativas EURO VI.
Esta modernización alinearía a México con estándares internacionales de sostenibilidad y optimizaría la logística, disminuyendo el consumo de combustible en rutas clave y contribuyendo a una movilidad más verde y sustentable.
Respaldo aduanero
La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), que preside José Ignacio Zaragoza Ambrosi, le mostró todo su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a la Reforma a la Ley Aduanera. Los aduaneros, que se han visto en el ojo del huracán en las últimas semanas, especialmente por el asunto del huachicol fiscal, pero desde su organización afirman que no son un obstáculo, sino un aliado estratégico del Gobierno Federal en un país donde más del 80% del PIB depende del comercio exterior.
El énfasis en la autorregulación y el compromiso de aplicar sanciones ejemplares contra malas prácticas habla de un gremio que quiere blindar su reputación y mantener su papel central en la competitividad de México.
Más allá de la retórica, el mensaje de la CAAAREM es doble. Cerrar filas con el gobierno y, al mismo tiempo, enviar una señal de advertencia interna para evitar que prácticas indebidas manchen a todo el gremio. En un momento de redefinición de las reglas del juego comercial, la Confederación apuesta por mostrarse como parte de la solución y no como parte del problema.
Consumidores y comercios bajo presión
El 2026 se perfila con un nuevo golpe para la economía de los consumidores, los dueños de tiendas de abarrotes y la propia industria de bebidas. Esto, debido al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos, bebidas saborizadas y también aquellas sin calorías.
La medida, que surgió en 2014 para atender problemas de salud relacionados con el consumo excesivo de azúcar, vuelve a convertirse en centro de debate. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de Édgar Amador Zamora, deberían considerar que la propia OPS reconoce que, al elevar los precios de alimentos y bebidas azucaradas, los consumidores tienden a sustituirlos por otros productos, lo que limita los beneficios esperados para la salud.
Además, la iniciativa podría frenar la innovación en bebidas con menor contenido calórico. Y el impacto va más allá de los refrescos: no hay que olvidar los 400 mil pequeños comercios donde estos productos representan hasta un 30 por ciento de las ventas. Necesario poner sobre la mesa las evaluaciones tributarias.
Empresario retador
Urge que Alejandro Svarch ponga freno a empresarios abusivos dentro del IMSS-Bienestar, pues a semanas que se dio a conocer que Armot Seguridad Privada y Servicios Institucionales -una de sus proveedoras de limpieza- habría dejado sin afiliación al IMSS a unos 10 mil trabajadores, se vio en las instalaciones del Instituto a José Juan Reyes Dominguez y José Juan Reyes Mote, quienes según fuentes del sector manejan tras bambalinas a la compañía.
Pero el motivo de su visita no habría sido responder por las posibles evasiones y faltas contractuales, ya que se habrían centrado en presionar a la titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Cristian Lilian García Romero, para que no les apliquen las penalizaciones correspondientes o de lo contrario llevarían a medios de comunicación la supuesta falta de pago de los servicios de aseo, exposición que ya comenzó a observarse en algunos canales.
¿Lograrán su cometido pese a actuar contra la ley? En medio están los trabajadores.
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