Arturo Rodríguez GarcíaPor Arturo Rodríguez García
@ARTURO_RDGZ
En el recién renovado Poder Judicial, ha cobrado relevancia el caso de Carolina N., una mujer de Iguala, Guerrero, que desde hace meses enfrenta un proceso legal profundamente desigual por la custodia y manutención de su hija. Su caso comenzó cuando, tras separarse del padre de la niña, buscó que se reconociera formalmente el apoyo económico y la distribución de responsabilidades, algo que para muchas mujeres en México sigue siendo una batalla cuesta arriba. Desde el inicio, el expediente mostró demoras, omisiones y decisiones que parecían favorecer siempre a la parte con mayor poder económico.
El padre de la menor, Edgar Rubén Guerra Romo, empleado de confianza en la farmacéutica italiana Alfasigma —una compañía grande y bien posicionada en el mercado— respondió a las solicitudes de Carolina con una serie de maniobras legales y presiones. Aunque la empresa presume políticas de responsabilidad social y diversidad, lo cierto es que nada en este caso sugiere que exista una preocupación real por el impacto que pueden tener, en mujeres y madres, las acciones de quienes ocupan posiciones de confianza dentro de sus estructuras. Y eso, al final, también habla de un sistema que sigue dejando los cuidados fuera de la ecuación.
La audiencia más reciente confirmó ese desequilibrio. Edgar Rubén Guerra Romo no se presentó, argumentando tener COVID. La jueza tampoco acudió. Cecilia Crokman Flores, del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, misma que fue quien redujo, en favor del papá, la resolución inicial y que ha sido señalada en las mañaneras del ex presidente López Obrador de favorecer con sus resoluciones a presuntos delincuentes.
En su lugar, su abogado lanzó una propuesta que buscaba cerrar el caso sin más, que él pudiera estar con la niña 15 días al mes, pagar la escuela y entregar una módica cantidad mensualmente. Y acompañó esa oferta con la advertencia de que si Carolina no aceptaba, moverían el asunto a la Ciudad de México para buscar otro juez.
Para rematar, la secretaria de acuerdos del juzgado, Michel Tagle González, afirmó que, aunque la cantidad ofrecida representa menos del 25 % del salario del padre, era “un súper acuerdo” para la hija de Carolina. Esa frase revela con claridad el trato que reciben tantas mujeres cuando acuden a los tribunales, donde se minimizan sus necesidades, se relativiza el esfuerzo de crianza y se presenta como generosidad lo que en realidad es lo mínimo exigible por ley.
La siguiente audiencia será el 24 de noviembre. Ahí, Carolina volverá a enfrentar un sistema que espera que agradezca lo que no es justicia. Su caso no es solamente suyo, pues muestra cómo la desigualdad de género se mantiene enquistada en los juzgados, en la burocracia y en las relaciones laborales y familiares. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Mujeres, de Citlalli Hernández, 7 de cada 10 mujeres que demandan una pensión alimenticia en México enfrentan obstáculos para recibirla de manera regular.
Colaboración aduanal
Esta semana la CAAAREM, presidida por José Ignacio Zaragoza Ambrosi, firmó un convenio de colaboración con la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), al mando de John Michael Willy Kolter, mismo que reforzará la competitividad del comercio exterior en la región al promover una nueva era de autorregulación y transparencia en el rubro. Esta alianza se marca como parteaguas para compartir experiencias, establecer lineamientos de integridad profesional y consolidar mecanismos de capacitación orientados al cumplimiento y la ética, impulsando así la competitividad y la profesionalización del comercio exterior latinoamericano.
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