Ana CastañuelaPor Ana Castañuela
Durante la fiscalización de los recursos federales para salud pública del ejercicio 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 53 millones dos mil 43 pesos en Coahuila.
El órgano fiscalizador determinó que el estado incurrió en diversas faltas e irregularidades relacionadas con la trazabilidad de pagos, falta de transparencia de las licitaciones y mal manejo de cuentas bancarias, lo que generaron una recomendación, una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones.
Para dicho ejercicio, el gobierno federal otorgó al estado de Coahuila tres mil 213 millones 31 mil 100 pesos para ejercerlos en salud pública mediante el Fondo de Aportaciones de los Servicios de Salud (Fassa) y el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos para la Población sin Seguridad Social Laboral (U013) 2024.
El recurso es ejecutado por el organismo público descentralizado “Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza” (SSCZ), que dirige el secretario Eliud Felipe Aguirre Vázquez.
Transferencia irregular de recursos
Los SSCZ transfirieron más de 65 millones de pesos del Programa U013 a cuentas bancarias externas. Sin embargo, no presentaron la documentación que acredita que los recursos llegaron al beneficiario final y que fueron aplicados en los fines del programa, lo que incumple la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Aunque durante la auditoría el gobierno de Coahuila solventó 38 millones 798 mil 583 pesos, no se comprobó el uso y destino de 26 millones 956 mil 198 pesos.
Ante la falta de comprobantes la ASF emitió el pliego de observaciones 2024-A-05000-19-0714-06-001 y determinó un presunto daño a la Hacienda Pública Federal por más de 26 millones de pesos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 2024, que el estado deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación o comprobar que llegaron a los beneficiarios correspondientes.
La opacidad se repitió nuevamente, pues la ASF detectó que no se acreditó el uso correcto de los rendimientos ni la trazabilidad del pago de tres millones 458 mil 50 de pesos del Programa U013 y dos millones 778 mil 626 pesos del Fassa.
Por estos hechos, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado (Sefir) inició el expediente SEFIRC/CGIA/IA/SALUD/015/2025 para deslindar responsabilidades y se emitieron los pliegos de observaciones 2024-A-05000-19-0714-06-003 y 2024-A-05000-19-0714-06-002 por posibles daños a la Hacienda Pública.
Pagos improcedentes
La ASF también detectó el uso indebido de más de 19 millones de pesos del Fassa 2024 destinados a una partida de gastos no autorizada en el presupuesto de la Secretaría de Salud para 2024.
De acuerdo con la autoridad fiscalizadora, los Servicios de Salud de Coahuila usaron el recurso para el pago de cuotas patronales del Fondo Estatal de Ahorro Capitalizable.
Dicha irregularidad generó el pliego de observaciones 2024-A-05000-19-0714-06-005 por posible daño a la Hacienda Federal y por el incumplimiento de la Ley de Coordinación Fiscal y su Anexo Presupuesto Autorizado 2024 Coahuila, emitido por la Secretaría de Salud.
Irregularidades en licitaciones
Durante la revisión de 20 contratos, la ASF detectó diversas irregularidades en procedimientos de adjudicación por Licitación Pública Nacional y directa, financiados con recursos del Fassa 2024 y el programa U013 2024 por un total de 191 millones 317 mil 700 pesos.
Para los contratos SSCZ-DA-AD-19-2024, LA-64-072-905038959-N-5-2024, y LA-64-072-905038959-N-7-2024, financiados con recursos del programa U013 2024, adjudicados de manera directa y por licitación pública nacional para servicios de anestesiología y gases medicinales, no se realizó la investigación de mercado respectiva con el fin de obtener las mejores condiciones de precio, calidad y financiamiento para el Estado.
En el contrato SS-LPN-CA-E011-2024-5 para la adquisición de medicamentos no se acreditó que los proveedores contaran con la licencia sanitaria o el aviso de funcionamiento a nombre del licitante del almacén expedido por la Secretaría de Salud.
Además, se observó que el contrato LA-64-072-905038959-N6-2023, financiado con recursos del Fassa 2024 para servicio de Limpieza a Hospitales y Oficinas Administrativas de los SSCZ, fue otorgado a un proveedor que no se encuentra en el padrón estatal.
Durante la revisión de procedimientos de adjudicación por licitación pública nacional y adjudicación directa se detectó que los contratos SSCZ-DA-SG-14-2024 y SSCZ-DA-SG-29-2024, para prestar servicios de limpieza a hospitales y oficinas administrativas de los Servicios de Salud, se realizaron con los mismos proveedores de 2023.
Sin embargo, dos de ellos no presentaron evidencia de que tuvieran capacidad y experiencia para brindar los servicios solicitados, por lo que la ASF consideró que se limitó la libre participación y se favoreció al mismo proveedor adjudicado en 2023, quien, además, no se encuentra en el padrón de proveedores del estado.
Lo mismo sucedió con los contratos SS-LPN-CA-E007-2024 y SS-LPN-CA-E019-2024, para servicios de limpieza de los SSCZ y el servicio integral de ropería para las unidades médicas de segundo nivel de atención perteneciente a los SSCZ, pues se tomaron como base los costos de la cotización que presentaron los proveedores a los que adjudicaron los contratos.
Al respecto, la ASF señaló que presuntamente los Servicios de Salud otorgaron condiciones favorables a los proveedores adjudicados y orientaron el procedimiento.
Además, durante algunas de las licitaciones, al menos tres de los proveedores no acreditaron contar con los diversos sistemas de gestión de calidad solicitados en la licitación pública, lo que limitó la libre competencia entre proveedores y una mayor participación en el concurso.
En las bases de la licitación también se solicitó que el licitante demostrara que contaba con oficinas debidamente instaladas en las cinco regiones del estado acreditándolas con reporte fotográfico y copia del comprobante de domicilio fiscal.
Sin embargo, el proveedor adjudicado solicitó en la junta de aclaraciones sólo tener una oficina ubicada en el estado. Tras una revisión, la ASF constató que el reporte fotográfico y la ubicación de la oficina que presentó el proveedor adjudicado corresponden a otra empresa.
Por las irregularidades en los contratos y presunto favoritismo a proveedores, la ASF emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria 2024-1-01101-19-0714-16-001, para que la Dirección General de Investigación y Responsabilidades realice las indagatorias pertinentes con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, califique la presunta responsabilidad administrativa correspondiente.
A la par, la Sefir también inició el procedimiento para deslindar responsabilidades.
Más anomalías
La Auditoría Superior de la Federación detectó el pago de más de 287 mil pesos a un trabajador de los Servicios de Salud que no acreditó cumplir con los requisitos académicos exigidos para su puesto, lo que va contra las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud.
A esa falta se suman deficiencias administrativas y de control de los recursos, pues los SSCZ utilizaron 16 cuentas bancarias para el manejo de los recursos del Fassa 2024 y del programa U013 para los pagos de nómina, gastos de operación y pago a terceros institucionales, en las que se identificó una mezcla de recursos de diferentes fuentes de financiamiento.
Además, los Servicios de Salud entregaron reportes del listado nominal del personal contratado al IMSS-Bienestar con retrasos de hasta 483 días, y no se hizo entrega de la documentación sobre la apertura de la cuenta bancaria para la aportación solidaria estatal.
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