Redacción El CoahuilenseLa suspensión del servicio de la Ruta 322, una de las pocas que aún opera con pago en efectivo y conecta diversas colonias de San Nicolás con el centro de Monterrey, detonó este fin de semana una protesta ciudadana y abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra la política de inspección del Gobierno de Nuevo León.
Operadores de la empresa denunciaron que inspectores del Instituto de Movilidad y Accesibilidad realizaron revisiones a sus unidades, aplicaron multas y retiraron dos camiones de circulación. Los transportistas sostienen que los operativos forman parte de una estrategia para presionarlos a incorporarse al sistema de las nuevas unidades conocidas como “camiones verdes”, propuesta que la empresa ha rechazado por considerar que modificaría su modelo de operación.
La suspensión del servicio dejó sin transporte a miles de usuarios, lo que provocó que decenas de vecinos bloquearan la circulación en la zona de la base de la ruta para exigir que ésta continúe operando. Los manifestantes argumentaron que la Ruta 322 representa una alternativa indispensable para trabajadores, estudiantes y adultos mayores, especialmente porque mantiene el cobro en efectivo y comienza operaciones desde la madrugada.
“Nos dicen que hay otras opciones, pero ninguna pasa a la hora que necesitamos. Mucha gente entra a trabajar antes de las seis de la mañana y esta ruta nos resolvía el traslado. No queremos que desaparezca por un conflicto entre autoridades y concesionarios”, afirmó Mirna González, vecina de la colonia Jardines del Mezquital.
Entre los operadores también existe preocupación por el alcance de los operativos. “Nos revisan constantemente y cualquier detalle termina en multa o en sacar un camión de circulación. Sentimos que buscan obligarnos a entrar a un esquema que la empresa no ha aceptado”, comentó uno de los conductores, quien pidió reservar su identidad por temor a represalias.
El Instituto de Movilidad informó que enviaría unidades del sistema de transporte estatal para atender temporalmente la demanda mientras se resuelve el conflicto. Sin embargo, la medida no disipó el malestar entre los usuarios, quienes insistieron en que el problema de fondo es preservar una ruta que durante más de tres décadas ha prestado servicio en la zona.
El episodio también reavivó el debate sobre la política regulatoria impulsada por la administración del gobernador Samuel García. Organismos empresariales y distintos sectores productivos han señalado en los últimos meses un incremento en las inspecciones y procedimientos administrativos por parte de diversas dependencias estatales, particularmente en materia ambiental y de movilidad, lo que algunos consideran una estrategia de mayor presión regulatoria.
Hasta el cierre de esta edición, la Ruta 322 permanecía sin operar de manera regular, mientras autoridades estatales y representantes de la empresa continuaban las conversaciones para restablecer el servicio.
