Laura PuentePor Laura Puente
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La educación pública en México atraviesa una etapa en la que la tecnología ocupa un lugar cada vez más relevante. El acceso a internet, las herramientas digitales y la infraestructura necesaria para su operación forman parte de las condiciones que requieren las escuelas para responder a las nuevas necesidades de alumnos, docentes y personal administrativo.
Ampliar la conectividad del país es una de las metas planteadas dentro de la administración de Claudia Sheinbaum. La expectativa es que, al cierre de este año, todas las escuelas, centros de salud y hospitales públicos tengan acceso a internet, un avance que permitiría fortalecer los servicios públicos mediante el uso de herramientas digitales.
El reto implica atender las condiciones particulares de cada región. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, bajo la dirección de José Antonio Peña Merino, y la CFE, encabezada por Emilia Esther Calleja, son quienes trabajan en alternativas que permitan llevar conexión a distintos puntos del territorio nacional.
Sin embargo, en paralelo a este avance existen pendientes administrativos que requieren atención. Algo que preocupa en el gobierno es lo que ocurre dentro de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), a cargo de Luciano Concheiro Bórquez.
La dependencia enfrenta cuestionamientos por el retraso en la entrega de 30 mil equipos de cómputo correspondientes a un contrato por 618.5 millones de pesos con Mainbit, S.A. de C.V. La empresa obtuvo la adjudicación con una propuesta de arrendamiento 58.8 por ciento menor al precio de referencia y hasta ahora no ha cumplido con los tiempos establecidos.
El acuerdo contemplaba un periodo de entrega de 30 días; sin embargo, han pasado más de cuatro meses sin que la totalidad de los equipos haya llegado a la institución. Esta situación afecta la operación cotidiana, al grado de que parte del personal debe compartir computadoras para cumplir con sus actividades.
La atención está puesta en Juan Carlos Cummings, titular de Administración y Finanzas, y María Deifilia Madrigal Figueroa, titular del Órgano Interno de Control de la AEFCM, quienes estuvieron a cargo de la supervisión del contrato. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, de Raquel Buenrostro, ya solicitó información sobre las sanciones correspondientes, por lo que la autoridad educativa deberá definir las acciones para resolver un acuerdo que no cumplió con los tiempos previstos.
Sin embargo, la historia entre Mainbit y la AEFCM no comenzó con este contrato. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la empresa obtuvo adjudicaciones por 14 mil 750 millones de pesos, entre ellas el polémico programa Enciclomedia. La inercia continuó entre 2013 y 2021, periodo en el que Mainbit, en alianza con TED Tecnología Editorial, amarró contratos por más de 1,200 millones de pesos.
Este último tramo coincide con el paso de Noé García Ortiz por la Unidad de Administración y Finanzas de la AEFCM, donde gestionó los procesos de contratación antes de asumir su cargo actual como titular del Órgano Interno de Control de la SEP. Sin duda, la ambición de conectar a las escuelas del país topa con la realidad de los escritorios.
MADRUGUETES
Bellavista no se hace responsable
Si usted es vecino del campo Bellavista Golf & Country Club, en Atizapán, o simplemente circula por sus alrededores, más le vale encomendarse a la buena suerte porque, según el propio protocolo que el club difundió, no existe ningún tipo de protección integral o garantía de reparación, ni para el parabrisas de su automóvil, una ventana de su casa o, peor aún, quien resulte lesionado. El documento advierte que el responsable directo es el jugador y establece la creación de un comité interno que tendrá hasta 15 días para determinar si se hace responsable o no. Es decir, el afectado primero debe demostrar el daño, esperar el veredicto de un comité del propio club y cruzar los dedos para que alguien responda, ¡Hágame usted el favor!
Así se las gasta el club de golf que preside René Wolf y dirige Ben Singer. Resulta difícil entender que un desarrollo rodeado por cientos de viviendas pretenda trasladar toda la responsabilidad al ciudadano cuando el riesgo deriva de una actividad que el propio club opera y promueve. Más aún cuando el Código Civil del Estado de México protege a quienes sufren daños en sus personas o en sus bienes, mientras que la legislación en materia de Protección Civil obliga a prevenir riesgos para terceros; por lo que ningún reglamento interno está por encima de esas obligaciones. La gobernadora Delfina Gómez, Protección Civil del Estado de México y las autoridades municipales, que encabeza Pedro Rodríguez Villegas, harían bien en revisar si las medidas de seguridad son suficientes o si es mejor exigirle al club mecanismos de protección y reparación mucho más claros.
Tecnología y política
En San Luis Potosí más de uno comenzó a seguir de cerca los movimientos de Gerardo Sánchez Zumaya. El empresario, decidió que, antes de hablar de política, hablará del campo. En las últimas semanas ha intensificado la difusión de un modelo de producción agrícola basado en tecnología, uso eficiente del agua y agricultura de precisión, con el que busca posicionarse como un perfil capaz de llevar soluciones de la iniciativa privada a los problemas del sector agropecuario.
Detrás de esa narrativa, nos dicen, hay un objetivo político claro. Luego de que Morena no lo incorporara entre sus aspirantes, el PT le abrió la puerta y ahora busca construir una candidatura con un discurso técnico más que ideológico. Falta mucho para que arranquen las campañas, pero en la entidad ya hay quienes aseguran que la cosecha que más le interesa no es la de berries, sino la de simpatías.
Mala Praxis
Los empresarios Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani enfrentan un reclamo fiscal multimillonario del SAT, a cargo de Antonio Martínez Dagnino, porque su estrategia legal falló en el momento decisivo. La responsabilidad principal recae en su abogado y asesor, Francisco Javier Mondragón Alarcón, quien coordinó la defensa y los negocios de Interjet durante su etapa de mayor crisis. Sería este personaje quien dio luz verde a la compra de los 22 aviones rusos Sukhoi Superjet 100 que terminaron varados y canibalizados en Toluca, una decisión operativa que acabó por liquidar las finanzas de la empresa. Ahora que la Suprema Corte va a decidir si las deudas de la aerolínea se deben pagar con el patrimonio personal de la familia Alemán bajo la figura de responsabilidad solidaria, queda claro que las malas decisiones de su propio defensor fueron las que terminaron por pasarles mala factura.
