Álvaro DelgadoPor Álvaro Delgado Gómez
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está en medio de una crisis institucional, educativa y ética provocada sobre todo por las autoridades que encabeza el rector Leonardo Lomelí Vanegas, cuya responsabilidad de privatizar el examen de selección de licenciatura y propiciar las trampas por el uso de la inteligencia artificial se pretende ahora transferir por completo a los estudiantes, incluyendo a los que con honestidad aprobaron y a quienes fueron desplazados por los corruptos.
¿De qué dimensión fueron las trampas que se cometieron en el examen que por primera vez se aplicó con inteligencia artificial? Esta es la primera respuesta que, con evidencia científica, deben dar en lo inmediato las autoridades de la UNAM, para evitar que se siga profundizando la crisis, en medio de especulaciones sin fin que están dañando emocionalmente a los 21 mil 962 jóvenes que fueron aceptados, sobre quienes también se está imponiendo el estigma generalizado e injusto de corruptos.
Es una infamia que los jóvenes que aprobaron el examen de licenciatura por sus propios conocimientos sean igualados con los tramposos de la muy priista escuela de que “el que no tranza no avanza”. En esa lógica se ha extendido la exigencia de que se anule todo el examen y se vuelva a aplicar, otra vez, de manera presencial. Con ello los tramposos quedarían impunes, y se castigaría la integridad y el esfuerzo.
Pero aun si fuera el caso, anular y reponer presencialmente el examen, debe haber absoluta transparencia en las razones para hacerlo, no sólo para salvar al rector y a la alta burocracia y, menos aún, para transferir su responsabilidad a los jóvenes.
Por eso, el rector Lomelí Vanegas debe transparentar todo el proceso de selección, desde la contratación de la empresa Territorium Life, que puso a la UNAM en manos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), hasta toda la burocracia que supervisó y avaló los resultados.
La empresa regiomontana que la UNAM contrató para aplicar el examen con inteligencia artificial, Territorium Life, debe tener toda esa información en sus bases de datos para identificar patrones y conductas de quienes sí incurrieron en prácticas tramposas para acreditar el examen.
Hasta ahora, esta empresa es la única que gana: El contrato fue de 41 millones de pesos, pero la multa por no hacer bien su trabajo será, en todo caso, de sólo cuatro millones. Es un negociazo para sus dueños, Carlos Guillermo Elizondo Ancer y Gerardo Sáenz González, ingenieros egresados del ITESM. La pregunta obvia es por qué la UNAM no hace este ejercicio. Y la respuesta no puede ser otra que el vulgar lucro.
Es importante caminar antecedentes del caso. En enero de este año, la directora general de Administración Escolar, Ivonne Ramírez Wence, aseguró que la integridad del examen estaba garantizada, porque la vigilancia durante el mismo la realiza personal y autoridades de la UNAM, con apoyo de inteligencia artificial, la cual les aporta evidencias de conductas anómalas que son revisadas, previo a cancelar el examen.
Además, agregó, hay representantes de la auditoría, quienes observan que todo se realice en apego a la normatividad universitaria y al instrumento jurídico, que es la convocatoria. También se ufanó de que el proceso está notariado y tiene certificación ISO 9000.
A su vez, la directora de Gestión Estratégica y Primer Ingreso, Gloria Ibett González Parada, aseveró que la IA “no cancela nada, son seres humanos quienes toman decisiones” luego de revisar las situaciones irregulares que se detectan.
Y hace tres semanas, el 6 de julio, la UNAM dio a conocer que la gran mayoría de los 158 mil 712 aspirantes realizaron su examen sin contratiempo alguno, aunque se detectaron algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen. Hasta una denuncia penal se presentó.
Lo que la UNAM informó oficialmente también es que tres mil 174 exámenes fueron cancelados por irregularidades, lo que equivale al dos por ciento del total aplicado. Siendo muchos los exámenes cancelados, el problema está identificado. Claro que el mayor el porcentaje ante los casi 22 mil que aprobaron el examen.
¿Por qué con estos antecedentes, incluidos los posteriores a la aplicación del examen, es que estalló la crisis? ¿Por qué el rector Lomelí Vanegas no ha sido capaz de enviar un mensaje que ataje todo tipo de versiones falsas o interesadas, incluyendo las de carácter político, y genere certidumbre a toda la comunidad universitaria y, sobre todo, a los jovenes que aprobaron con honestidad?
¿Son más de los tres mil 174 exámenes fueron cancelados los que incurrieron en trampas? Si es así, ¿entonces la UNAM cuenta con las herramientas para identificar a los tramposos y de qué carreras para que no ingresen a la comunidad y que quienes obtuvieron los aciertos por prelación puedan sustituirlos?
Lo que es totalmente injusto es que ahora se plantee anular todo el examen y aplicarlo, otra vez, de manera presencial. No tengo duda, sin embargo, que los jóvenes que aprobaron lo volverían a hacer.
Lo sé por el caso que me consta personalmente: Mi hijo mayor presentó y aprobó el examen, después efectivamente de prepararse para responderlo sin recurrir a trucos ni trampas. Yo mismo ingresé, en 1983, al Colegio de Ciencias y Humanidades la UNAM con el examen que se aplicaba de manera presencial en el Estadio Azteca y egresé de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva de la FES Acatlán.
Finalmente, diría que la crisis de la UNAM es más honda que el examen que está a discusión, una crisis estructural que tiene que ver con el modelo de desarrollo que aún prevalece en la institución, el neoliberal. La camarilla que gobierna esta institución es la misma desde Jorge Carpizo y Miguel de la Madrid. Es el PRIAN. Esto también debe discutirse de manera franca, pública y abierta…
