Laura PuentePor Laura Puente
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El hackeo a 25 dependencias públicas en 2026 es una lección amarga para el ecosistema digital mexicano. La exposición de 2.3 terabytes de información sensible abre un escenario de riesgo prolongado que puede traducirse en intentos de fraude durante meses o incluso años contra ciudadanos.
Como advierte Layla Delgadillo, CEO de Silent4Business, no estamos ante un problema técnico temporal, sino ante una vulnerabilidad ciudadana de largo aliento. El diagnóstico es claro: México sufre de reactividad crónica. Mientras el mercado de ciberseguridad nacional alcanzará los 3,120 millones de dólares este año, el sector público destina menos del 0.5% de su presupuesto a proteger infraestructuras críticas.
El grupo “Chronus”, vinculado al hackeo masivo, demostró que, sin una arquitectura de defensa permanente, los atacantes encuentran caminos repetibles para vulnerar al Estado en tiempo récord. Además, las consecuencias de estas filtraciones son tangibles. La exposición de datos personales facilita la suplantación de identidad, fraudes fiscales, campañas de phishing más creíbles e incluso esquemas de extorsión.
No estamos ante el atacante solitario, sino ante una industria criminal que utiliza inteligencia artificial para escalar engaños. Con un 91% de las empresas mexicanas que reportó en 2024 intentos de infiltración, según el informe IT Security Economics de Kaspersky, queda claro que la gestión de riesgo continua no es un lujo. Sin estándares obligatorios, las instituciones quedan a merced de una delincuencia que ya no solo busca datos, sino el control total de la operatividad.
En México, el costo promedio de un incidente serio ya ronda los 1.2 millones de pesos, una cifra que puede ser letal para la continuidad de cualquier organización. Al respecto, Layla Delgadillo coincide en que la vulnerabilidad persiste porque la información robada circula, se vende y se reutiliza. Cada base de datos filtrada se convierte en materia prima para nuevas formas de engaño digital.
Ante este panorama, es urgente elevar el nivel de la conversación. No se trata de acumular herramientas tecnológicas de forma aislada, sino de migrar hacia un esquema de monitoreo permanente y respuesta madura. El enfoque de Silent4Business subraya que la resiliencia no se compra en una caja; se construye con planes de continuidad, protección de identidades y simulaciones reales que reduzcan los tiempos de reacción ante lo inevitable.
Finalmente, el camino hacia una resiliencia nacional exige un marco legal robusto. La Ley Federal de Ciberseguridad debe establecer obligaciones mínimas y certeza jurídica para proteger la infraestructura nacional. Sin una coordinación intersectorial y estándares claros, los esfuerzos seguirán siendo parches temporales.
MADRUGUETES
Oídos sordos en Nuevo León
En Nuevo León, de Samuel García, algo se está moviendo… y no precisamente las tuberías rotas por donde se pierde más del 40% del agua potable. Mientras empresarios y maestros jubilados empiezan a levantar la voz, en el Gobierno estatal parece que siguen practicando el deporte favorito de la política: hacerse de oídos sordos. Por un lado, las cámaras empresariales denuncian que las extorsiones y actos de corrupción ligados a trámites, multas y clausuras van en aumento —dicen que las quejas crecieron 30% en apenas seis meses—. Por el otro, desde Palacio se apresuran a prometer mano dura: más sanciones, iniciativas de ley y hasta penas de nueve años de prisión para quien abuse de su autoridad. Falta ver si las promesas avanzan más rápido que los expedientes.
Y mientras las empresas presionan por seguridad y estado de derecho, en paralelo crece otro frente incómodo: el de miles de maestros jubilados que reclaman pagos suspendidos desde 2024. Bajo el nombre de “Movimiento 6.43”, buscan amparo legal y visibilidad para una inconformidad que ya alcanza a más de 15 mil familias. El mensaje que empieza a circular en Monterrey es que cuando distintos sectores coinciden en que las instituciones no responden, el problema deja de ser sectorial… y se vuelve político. La pregunta es si el gobierno de Samuel García aprovechará la coyuntura para corregir el rumbo o si, como temen varios, la política seguirá escuchando… pero sin realmente oír.
La economía circular empieza en el diseño
Mientras algunos siguen discutiendo si el reciclaje es una moda pasajera o una responsabilidad inevitable, la realidad avanza sin pedir permiso. En México se presume —con razón— un liderazgo mundial en la recolección de PET, pero esa medalla brilla menos cuando se recuerda que buena parte de los plásticos producidos nunca regresa al ciclo productivo. Terminan en rellenos sanitarios, en ríos o en procesos de bajo valor. El problema no empieza en la basura sino mucho antes, en el escritorio donde alguien decidió cómo se iba a fabricar un envase. Ahí se define si ese producto tendrá una segunda vida o si está condenado a convertirse en residuo desde el primer día.
Por eso el verdadero cambio no está en recolectar más sino en diseñar mejor. Cuando las empresas integran criterios de reciclabilidad desde el origen del producto, dejan de correr detrás del problema y empiezan a prevenirlo. No es una cuestión de discurso ambiental ni de cumplir con la regulación que ya se asoma con fuerza en México. Es, simple y llanamente, una decisión estratégica. Quien entienda que el diseño define el destino de los materiales estará jugando a largo plazo. Quien no, seguirá produciendo envases que nacen con fecha de caducidad ambiental. Y en la economía circular, como en la política, el futuro siempre alcanza a los rezagados.
