Redacción El CoahuilenseCiudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó este lunes que el gobierno mexicano rechaza el informe elaborado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), al considerar que su metodología y conclusiones no reflejan la realidad actual del país ni los esfuerzos recientes en la materia.
Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, explicó que el análisis del comité integrado por expertos vinculados a la ONU, pero no formalmente parte del organismo, se basa en el estudio de casos de cuatro estados, entre 2009 y 2017, cuyos resultados fueron extrapolados hasta 2025.
“Bueno, va a haber una mayor extensión de esto por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de Gobernación. Este es un comité que no es un comité de Naciones Unidas, es un comité de expertos que está vinculado con Naciones Unidas. Eso es lo primero.
“Este comité hace un análisis de casos de cuatro estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis, los extrapolan hasta el 2025”, señaló la mandataria.
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Los estados que señala en donde se realizó el análisis de casos fueron Coahuila, Veracruz, Jalisco y Nayarit, informó Claudia Sheinbaum.
La titular del ejecutivo sostuvo que el informe no se apega a la definición de desaparición forzada establecida por la Organización de las Naciones Unidas, la cual implica la participación directa del Estado con fines políticos, y afirmó que las conclusiones del documento quedan fuera de esa caracterización.
Agregó que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como la Secretaría de Gobernación (Segob) enviaron previamente información actualizada sobre acciones emprendidas desde 2019, reformas legales y trabajos con colectivos, elementos que —dijo— no fueron considerados.
“Por eso se rechazó el documento… Esto no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos… rechazamos tajantemente la desaparición forzada como una herramienta del Estado mexicano”, afirmó.
La presidenta subrayó que su administración mantendrá la cooperación con organismos internacionales, en particular con la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, con quien, se buscará establecer una relación más estrecha para exponer los avances del país y las razones del desacuerdo con el informe.
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En contraste, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) afirmó que la decisión del CED de llevar con carácter urgente la situación de México ante la Asamblea General de la ONU representa una “oportunidad histórica” para fortalecer la cooperación internacional frente a la crisis de desapariciones.
En un pronunciamiento público, el colectivo señaló que existe una preocupación internacional por la limitada capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar este delito, y subrayó que el objetivo común debe ser “encontrar, identificar y regresar a casa a todas las personas desaparecidas”.
El movimiento también advirtió que, pese a un impulso inicial en políticas públicas, este no tuvo continuidad, lo que derivó en el aplazamiento de mesas de trabajo y de una reunión previamente acordada con la presidenta.
De acuerdo con cifras citadas del informe del CED, entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025 se reportaron 28 mil 880 personas desaparecidas.
Además, se han localizado más de cuatro mil 500 fosas clandestinas con más de seis mil 200 cuerpos y cuatro mil 600 restos humanos, mientras que a inicios de 2026 permanecen cerca de 72 mil restos sin identificar.
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