Por Andrés Flores Interial & Daniel Cárdenas Valdés // CEDIL
Cada 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. El concepto suena extenso, abstracto, por lo que para entenderlo es necesario saber de dónde y porqué surge.
El concepto de justicia nace desde la época platónica. Sin embargo, es a mediados del siglo XIX que surge el concepto “justicia social” ligado a la Revolución Industrial y como una respuesta a las desigualdades del capitalismo.
Actualmente el concepto ha pasado de centrarse sólo en la economía a incluir dimensiones culturales, educativas y sociales.
Autores como Javier Murillo Torrecilla y Reyes Hernández Castilla mencionan la distribución (el reparto de bienes, recursos, riqueza y oportunidades), el reconocimiento (respeto y la valoración de la diversidad cultural y social) y la participación (el derecho de las personas a participar activamente en las decisiones que afectan sus vidas) como las tres dimensiones fundamentales que deben darse de manera simultánea para concebir la justicia social.
Es en el contexto de este día que se nos invita a hacer el siguiente cuestionamiento: ¿existe la justicia social en Coahuila?
Según el reporte estatal del índice de Estado de derecho en México 2023-2024 del World Justice Project (WJP), Coahuila muestra una fuerte adhesión en factores como el orden y justicia y derechos fundamentales. Sin embargo, existen muchos otros factores relacionados con la justicia en los cuales el estado se encuentra débil.
La práctica confirma esta debilidad: cuando un ciudadano intenta resolver un problema legal sencillo (como recuperar un depósito o enfrentar un despido injustificado), la justicia social resulta olvidada y se queda solamente en un discurso.
Coahuila fue uno de los estados pioneros en la implementación de la reforma laboral que sustituyó a las Juntas de Conciliación y Arbitraje por los Centros de Conciliación Laboral (CCL) y los Tribunales Laborales del Poder Judicial. Este nuevo esquema, que apuesta por la oralidad y la conciliación obligatoria, ha enfrentado su verdadera prueba de fuego en fechas recientes.
De acuerdo con el informe de actividades de la dependencia, en 2024 el Poder Judicial del estado, mediante sus mecanismos alternos, atendió a nueve mil 118 personas para la exploración de conflictos, logrando mil 420 acuerdos formales. Pese a la alta tasa de convenios, persiste la duda sobre si estos acuerdos reflejan una verdadera justicia o si son producto de la desesperación del trabajador despedido que no puede permitirse un juicio de varios meses. El sistema permite que el proceso de conciliación dure un máximo de 45 días naturales, un plazo significativamente menor a los años que tardaban los juicios en el sistema anterior.
El panorama incómodo de la justicia civil
En Coahuila los datos más recientes del WJP pintan un escenario incómodo: la justicia civil, que atiende los conflictos del día a día, está lejos de ser accesible, confiable o igualitaria.
El estado se ubica en el lugar 18 en el indicador que mide si las personas pueden resolver sus problemas legales fácilmente y sin altos costos ni procesos burocráticos. Esto expone una realidad que muchas personas ya conocen: llevar un proceso legal suele implicar tiempo, dinero y trámites que desincentivan la búsqueda de justicia.
El problema no termina ahí: Coahuila ocupa el lugar 21 en la confianza ciudadana en las instituciones de justicia civil. Aún más grave, se ubica en la posición 29 a escala nacional en la garantía al derecho a la información.
El golpe más duro es que Coahuila se encuentra en la última posición nacional en la calidad del sistema de justicia civil, y en penúltimo lugar en participación ciudadana.
¿Cómo exigir justicia si no se conocen los derechos básicos o si existe desconfianza hacia las autoridades encargadas de garantizarlos? Los resultados de Coahuila en el índice de Estado de derecho en México dejan ver una realidad que no todos conocen. Pareciera que la igualdad de oportunidades y la percepción de justicia son únicamente un curita en la herida profunda de una sociedad que desconoce sus derechos, desconfía de sus instituciones y carece de tiempo y recursos para remar a contracorriente en aguas de procesos burocráticos lentos y costosos.
La verdadera justicia social
Como mencionamos anteriormente, los autores resaltan la participación ciudadana cómo de los tres pilares fundamentales para la justicia social. Esto resulta especialmente relevante para el contexto coahuilense, pues según los datos del WJP Coahuila presenta una muy débil participación ciudadana con un puntaje de 0.26 siendo este uno de los factores más bajos del estado.
Este resultado no es algo que debamos pasar por alto, pues una baja participación ciudadana implica que un gran porcentaje de la población queda al margen de la toma de decisiones cruciales para el desarrollo de su entorno cotidiano y es limitada su capacidad de decidir sobre políticas públicas o proyectos urbanos que directamente impactan en su rutina diaria y en muchos casos, en su bienestar.
Un ejemplo reciente de esa baja participación ciudadana se observa en la propuesta de la remodelación de la Alameda de Saltillo, la cual se vio rodeada de diversos conflictos, como el descontento de múltiples habitantes de la zona centro que señalaron la escasa apertura para integrar sus opiniones en el diseño y ejecución del proyecto. Más allá de los beneficios urbanos que pueda traer tal intervención, el proceso evidenció una limitada deliberación pública y una débil incorporación de las voces vecinales en la toma de decisiones. De modo que la justicia social pierde uno de sus factores fundamentales y se reduce a un ejercicio fantasma meramente formal.
La igualdad ante la ley es un punto de partida, no una meta. Cuando la justicia es lenta y cara, deja de ser un derecho y se vuelve un privilegio. Para que haya verdadera justicia social es imperativo llevar la igualdad de oportunidades a cada rincón del sistema legal y garantizar que todos los ciudadanos no sólo conozcan, sino que puedan exigir sus derechos básicos. La justicia que no es accesible falta sus principios básicos.
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