Redacción El CoahuilenseDos carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos federales en las que se mencionaba al empresario Gerardo Sánchez Zumaya concluyeron sin acción penal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que las diligencias realizadas no acreditaran conductas ilícitas.
Uno de los expedientes analizados fue integrado tras una denuncia anónima recibida el 19 de septiembre de 2024. En ese señalamiento se mencionaba al empresario, vinculado con el conglomerado Grupo GESA y la empresa Petrogesa, S.A. de C.V., por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita y por inversiones millonarias que, según la denuncia, se habrían realizado en Tabasco y San Luis Potosí.
La investigación quedó registrada bajo la carpeta FED/FEMDO/FEIORPIFAMF-SLP/0000715/2024. De acuerdo con un acuerdo ministerial fechado el 7 de marzo de 2024, el Ministerio Público federal revisó la información disponible y solicitó datos a diversas instituciones para corroborar los señalamientos contenidos en la denuncia.
Entre las dependencias consultadas se encuentran la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Policía Federal Ministerial, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Petróleos Mexicanos (Pemex). La empresa estatal confirmó la existencia de contratos con Petrogesa para el suministro de equipo y servicios, incluido uno para la adquisición de una bomba contra incendios y otro relacionado con reparaciones en instalaciones de almacenamiento ubicadas en Poza Rica.
Las revisiones financieras y ministeriales no identificaron indicios que vincularan los recursos investigados con actividades ilícitas. La UIF informó además que no contaba con elementos para denunciar el delito de lavado de dinero, lo cual constituye un requisito para proceder penalmente en este tipo de casos.
En una investigación distinta, registrada con la carpeta FED/TAB/VHS/0001450/2024 y tramitada por la célula de investigación I-6 en Villahermosa, Tabasco, el agente del Ministerio Público federal solicitó el 10 de diciembre de 2024 al fiscal federal en la entidad autorizar el no ejercicio de la acción penal por señalamientos relacionados con portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita y facturación de operaciones simuladas.
Aunque ambos expedientes fueron integrados por áreas distintas de la FGR, las conclusiones coincidieron en que no existían elementos suficientes para llevar los casos ante un juez. En el contexto político local han circulado versiones que relacionan estas acusaciones con posibles campañas de desprestigio o “campañas negras”, presuntamente promovidas desde círculos cercanos al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo “El Pollo” Gallardo Cardona, según menciones difundidas en medios de comunicación; sin embargo, las investigaciones federales concluyeron sin que se acreditaran delitos.
