Redacción El CoahuilenseLas fallas operativas registradas en tarjetas de vales de despensa y las dudas sobre el esquema de cobro en algunas transacciones han reactivado cuestionamientos sobre la operación de la financiera Broxel, particularmente en su participación dentro de programas públicos y esquemas de prestaciones laborales. El tema cobró relevancia luego de diversos reportes de usuarios y organizaciones sindicales que señalan inconsistencias en el funcionamiento del servicio. Estas inquietudes se suman al creciente papel que han adquirido empresas de intermediación financiera en la dispersión de recursos y beneficios laborales en instituciones públicas.
De acuerdo con una nota publicada por la revista Proceso, uno de los señalamientos más recientes provino del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara (STAUdeG). El 27 de febrero de 2026, la organización envió el oficio SG/EXT/059/2026 dirigido a la rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Alejandrina Planter Pérez, así como al director de Finanzas de la institución, Gustavo Alfonso Cárdenas Cutiño. En ese documento, el sindicato denunció fallas generalizadas en la tarjeta de prestaciones administrada por la empresa financiera.
El documento fue firmado por la secretaria general del sindicato, Natalia Juárez Miranda, quien expuso que los problemas detectados no corresponden a incidentes aislados ni a casos individuales. De acuerdo con el planteamiento del sindicato, las irregularidades observadas forman parte de un problema estructural sustentado en cientos de reportes presentados por académicos que han experimentado dificultades al utilizar la tarjeta en distintas regiones del estado de Jalisco. Esto, señalaron, refleja deficiencias en el funcionamiento del sistema.
Entre los problemas reportados por los usuarios figuran tarjetas declinadas pese a contar con saldo disponible, errores en el chip del plástico y fallas al intentar realizar pagos mediante tecnología sin contacto. También se registraron dificultades para completar el proceso de registro en la aplicación o en el portal digital de la empresa, lo que limita el acceso a las herramientas de administración del beneficio. Estas incidencias han sido señaladas de manera reiterada por los trabajadores que utilizan el servicio.
A estas fallas se suman otros problemas administrativos y operativos detectados por los usuarios. El sindicato documentó casos de tarjetas emitidas con nombres incorrectos, ausencia de número de identificación personal (NIP) y la aparición de cargos duplicados o no reconocidos. En algunos reportes también se mencionaron cobros asociados a comisiones y al Impuesto al Valor Agregado, lo que generó dudas entre los usuarios sobre la forma en que se procesan ciertas transacciones.
El STAUdeG también señaló limitaciones en la red de establecimientos que aceptan la tarjeta, una situación que se presenta con mayor frecuencia fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con los testimonios recopilados, en algunos municipios los usuarios enfrentan dificultades para encontrar comercios donde puedan utilizar el plástico para realizar sus compras. Esto reduce el alcance práctico de la prestación y limita su uso en diversas zonas del estado.
A las fallas operativas se agregan cuestionamientos relacionados con el funcionamiento técnico del producto financiero utilizado. Las características de algunos problemas han llevado a plantear la posibilidad de que ciertas tarjetas de vales emitidas por la empresa estén utilizando un BIN de crédito. Este número, conocido como Bank Identification Number, es el que determina la naturaleza de una tarjeta dentro de las redes de pago y permite identificar si opera como crédito, débito o prepago.
En el caso de los vales de despensa, que no implican financiamiento para los usuarios, lo habitual es que las tarjetas operen mediante un BIN de débito. Cuando una operación se procesa bajo un BIN de crédito, los comercios deben cubrir comisiones más altas que las aplicadas en transacciones de débito. Este esquema podría generar costos adicionales para los establecimientos que aceptan el pago y eventualmente afectar el valor real de la prestación que reciben los trabajadores.
La presencia de Broxel en programas públicos de dispersión de recursos es relevante. La empresa figura entre los proveedores de vales de despensa de fin de año para dependencias del gobierno federal y también participa en programas similares dentro de la Ciudad de México. Además, forma parte de distintos esquemas de tarjetas vinculadas con servicios públicos en diversas entidades federativas, lo que amplía su presencia dentro de la administración pública.
En Jalisco, trabajadores del sector público también han manifestado inquietudes sobre el funcionamiento de tarjetas administradas por la empresa. Policías estatales señalaron dudas luego de recibir avisos sobre labores de mantenimiento en el sistema, mientras algunas organizaciones sindicales recomendaron a sus afiliados no proporcionar información personal adicional dentro de la aplicación digital de la compañía. Estas advertencias reflejan la preocupación que existe entre los usuarios.
Especialistas en medios de pago y en temas de transparencia señalan que el crecimiento de los contratos de intermediación financiera en programas públicos exige mayores niveles de claridad. En particular, destacan la necesidad de contar con información más detallada sobre los contratos firmados, las comisiones aplicadas a las transacciones y el manejo de los datos personales de los usuarios que utilizan estas plataformas.
