Hiroshi TakahashiPor Hiroshi Takahashi
En política pública, pocas decisiones parecen tan sencillas y al mismo tiempo tan complejas como definir un calendario escolar. Detrás de cada fecha, de cada ajuste y de cada periodo vacacional, existen millones de familias organizando su vida cotidiana, docentes planeando contenidos, autoridades estatales resolviendo realidades distintas y estudiantes que requieren condiciones dignas para aprender. Por ello, la revisión del calendario escolar 2025-2026 impulsada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, no puede entenderse como un simple movimiento administrativo, se trata de una decisión política con profundo sentido social.
Mientras algunos sectores de oposición intentan reducir el debate a una confrontación mediática, en la Secretaría de Educación Pública se abrió un proceso de diálogo con autoridades educativas estatales, especialistas y comunidades escolares para revisar el impacto que las altas temperaturas, las diferencias regionales y las nuevas dinámicas sociales tienen sobre el aprendizaje. En lugar de imponer, se decidió escuchar. Y eso, en tiempos de polarización, también es hacer política.
Mario Delgado ha entendido que la educación pública requiere algo más que discursos nostálgicos o posicionamientos electorales. Requiere capacidad de negociación, sensibilidad territorial y voluntad de construir acuerdos. La reciente reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas dejó claro que existe disposición para encontrar mecanismos que permitan proteger el derecho a la educación sin ignorar las condiciones climáticas que ya afectan a buena parte del país.
No es casual que la presidenta Claudia Sheinbaum haya respaldado este enfoque. La visión de la llamada Cuarta Transformación en materia educativa ha insistido en colocar a las comunidades en el centro de las decisiones. A diferencia de otros tiempos, cuando las reformas se imponían desde el escritorio y sin diálogo con el magisterio, hoy se privilegia la concertación. El calendario escolar se convirtió así en una muestra concreta de una nueva forma de gobernar.
Por supuesto, los detractores no tardaron en aparecer. Desde el PRI, partido responsable de algunas de las decisiones más cuestionadas en materia educativa durante las últimas décadas, surgieron críticas apresuradas y descalificaciones previsibles. Resulta paradójico escuchar reclamos de quienes durante años ignoraron las condiciones reales de las escuelas públicas, abandonaron la infraestructura educativa y promovieron reformas alejadas de las maestras y los maestros.
Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, ha intentado convertir cualquier discusión pública en un espacio de confrontación política. Sin embargo, su autoridad moral en temas educativos es limitada. El PRI arrastra todavía el desgaste de una reforma educativa que criminalizó al magisterio y fracturó la relación del Estado con miles de docentes. Hoy, cuando el gobierno federal plantea escuchar a las entidades federativas y construir consensos, la respuesta priista vuelve a ser la estridencia.
En la misma lógica se ubican las declaraciones del senador Manuel Añorve, quien ha buscado presentar el debate del calendario escolar como un supuesto signo de improvisación. Pero los hechos muestran otra realidad: la SEP ha sostenido reuniones permanentes con autoridades locales y ha explicado públicamente que cualquier modificación tendrá como prioridad el aprovechamiento académico y el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
La diferencia de fondo es clara. Mientras algunos actores políticos buscan rentabilidad inmediata en la polémica, Mario Delgado apuesta por el consenso institucional. Y en política educativa, construir acuerdos suele ser mucho más difícil —y más valioso— que lanzar consignas.
La discusión seguirá en las próximas semanas, pero hay algo que ya quedó claro: la SEP abrió un debate necesario y lo hizo poniendo en el centro a las comunidades escolares.
