Laura PuentePor Laura Puente
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Hay ausencias que pesan más que una votación. Y eso es exactamente lo que ocurrió en Nuevo León cuando la Comisión Anticorrupción del Congreso local inició el procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda.
El caso no es menor. El pasado 12 de junio, la comisión aprobó dar trámite a una denuncia promovida por la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Anabel Alcocer, contra el mandatario de Movimiento Ciudadano. La acusación se sustenta en presuntas triangulaciones de recursos públicos que, según la denuncia presentada por el partido guinda, habrían terminado por beneficiar a despachos vinculados al entorno familiar del gobernador. De acuerdo con la documentación presentada por Morena, se habla de presuntos desvíos por más de 2 mil millones de pesos y de operaciones que ya forman parte de investigaciones y denuncias públicas.
Por esa razón, la Comisión Anticorrupción acordó emplazar a Samuel García para comparecer el próximo 23 de junio y responder a los señalamientos. No se trata de una diferencia partidista cualquiera ni de una disputa electoral de rutina. Se trata del inicio de un procedimiento que podría derivar en consecuencias políticas de gran alcance para el titular del Ejecutivo estatal.
Y precisamente por eso resultó tan llamativo lo que ocurrió aquel viernes 12 de junio durante la convocatoria de la Comisión Anticorrupción.
Mientras la dirigencia de Morena impulsaba el juicio político, dos diputados morenistas integrantes de esta comisión simplemente no asistieron a la sesión: Mario Soto Esquer, entonces coordinador de la bancada, y Rodrigo Othoniel Montemayor Romero. Tampoco acudió la diputada del Partido Verde, Claudia Chapa, aliada legislativa de Morena. Aun así, el procedimiento avanzó.
La ausencia habría sido una anécdota parlamentaria más si no fuera porque el propio Morena decidió abrir un procedimiento sancionador interno contra Soto y Montemayor. Y aquí es donde la historia cambia de dimensión.
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido emitió un acuerdo formal en el que sostiene que la inasistencia de ambos legisladores pudo haber generado un beneficio político para Samuel García y abrió una investigación para determinar si existieron conductas contrarias a los principios partidistas. El documento es particularmente severo porque señala que la ausencia provocó cuestionamientos sobre la lealtad de los legisladores, dañó la imagen pública del partido y alimentó la percepción de una posible alineación con intereses externos a Morena.
Las medidas cautelares incluyeron restricciones para representar públicamente al partido y, en el caso de Soto, la suspensión de funciones como consejero estatal mientras se desarrolla la investigación.
Es de reconocerse que Morena a cargo de Ariadna Montiel ha decidido investigar y sancionar a sus propios diputados por ausentarse en la sesión donde se discutía un procedimiento promovido por el propio partido, lo que demuestra que lejos de minimizar el episodio, la dirigencia optó por enviar una señal de disciplina interna, algo que ni el PAN o el PRI y mucho menos MC, pueden presumir.
Samuel García tendrá oportunidad de defenderse de los señalamientos que motivaron el juicio político. Pero el episodio ya dejó una paradoja política. A veces una ausencia genera más preguntas que una votación.
MADRUGUETES
Infraestructura sobre rieles
La apuesta ferroviaria del gobierno de Claudia Sheinbaum comienza a traducirse en contratos de gran escala. Esta semana, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado adjudicó al consorcio conformado por RECSA, de Humberto Armenta González; COMSA, presidida por Jorge Miarnau Montserrat; y VISE, encabezada por Pablo Villanueva, un contrato por 7 mil 152 millones de pesos para construir talleres, centros de control, cocheras y bases de mantenimiento del tren Saltillo-Nuevo Laredo. La infraestructura será clave para la operación de uno de los corredores ferroviarios más importantes del norte del país, una ruta de casi 396 kilómetros que conectará polos industriales de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Más allá de la obra civil, el proyecto refleja cómo el Plan Ferroviario Nacional empieza a generar inversión, contratos y actividad económica real.
Seis años de Klu
El sexto aniversario de Grupo Klu, bajo la dirección de Alberto Djemal, coincide con una etapa de expansión para la industria fintech en México, que hoy reúne cerca de 1,000 participantes y se consolida como el segundo ecosistema más grande de América Latina. La trayectoria de la compañía refleja la creciente demanda de soluciones financieras que permitan a las empresas administrar recursos con mayor eficiencia y adaptarse a un entorno económico cada vez más digital. Su propuesta parte de un principio claro: concentrar en una sola plataforma servicios que tradicionalmente funcionan de manera independiente. Así, pagos, tesorería, adquirencia, crédito y operaciones transfronterizas convergen en una arquitectura modular que se adapta a los requerimientos de cada cliente. Este enfoque permite reducir la dispersión operativa, mejorar el control sobre los flujos financieros y facilitar la toma de decisiones. Hacia adelante, el desafío es ampliar capacidades, reforzar la infraestructura tecnológica y consolidar una oferta que acompañe la transformación de los negocios.
Tecnología que sí deja huella
La conversación sobre sostenibilidad suele quedarse atrapada en promesas, metas y discursos corporativos. Por eso resulta relevante que los Premios Logra 2026 de Pacto Global de las Naciones Unidas Red México hayan reconocido proyectos con resultados comprobables y no simples compromisos. En ese contexto, Grupo Rotoplas obtuvo un reconocimiento en la categoría Planeta gracias a una estrategia que coloca a la innovación tecnológica en el centro de la gestión ambiental. El reconocimiento premia la modernización de las plantas donde se fabrica el Tinaco Plus+, un proceso que combina eficiencia industrial, reducción en el uso de combustibles fósiles, incorporación de energía renovable, menor consumo de agua y reciclaje. La iniciativa también incluyó un análisis de ciclo de vida y la publicación de una Declaratoria Ambiental de Producto, algo poco común en América Latina para productos de almacenamiento de agua. El proyecto refleja cómo la tecnología puede traducirse en ventajas ambientales medibles.
