Laura PuentePor Laura Puente
@LauraPuenteEn
La llamada “Ley Serrano” dejó de ser una discusión técnica sobre inteligencia artificial para convertirse en un problema político de alcance nacional. Aprobada el 13 de noviembre de 2025 por el Congreso de San Luis Potosí, la reforma impulsada por el diputado del PVEM, Héctor Serrano Cortés, incorporó al Código Penal los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter para castigar el uso no autorizado de imagen o voz generada con IA, la desinformación dolosa y la manipulación institucional. Sobre el papel, el objetivo parecía razonable: evitar suplantaciones, montajes y contenidos falsos. El problema vino después, cuando la norma comenzó a aparecer vinculada a investigaciones y procedimientos contra comunicadoras y periodistas.
A seis meses de su aprobación, Artículo 19 y ciudadanos potosinos presentaron ante el Congreso local una iniciativa para derogar esos tipos penales, al considerar que son ambiguos, desproporcionados y susceptibles de utilizarse de manera discrecional contra la libertad de expresión. La organización advierte que la reforma no establece criterios claros para diferenciar la crítica legítima de una conducta sancionable y que fue aprobada sin la participación de periodistas, especialistas en derechos humanos o expertos en tecnología.
De hecho, el propio Serrano terminó por agravar el caso. Tras revelarse que denunció al periodista Juan Pablo Moreno Rodríguez, director de La Noticia, el legislador aseguró que buscará acreditar una presunta red dedicada a manipular información para afectarlo, aunque evitó precisar públicamente cuál sería el delito atribuido al comunicador. También rechazó que su denuncia esté relacionada con la reforma de inteligencia artificial, pero el contexto ya lo alcanzó: cuando un político promueve una ley penal cuestionada por organizaciones de libertad de expresión y después aparece denunciando periodistas, la explicación jurídica difícilmente contiene el costo político.
La controversia ya trascendió las fronteras de San Luis Potosí, que gobierna Ricardo Gallardo Cardona. Mientras la administración de Claudia Sheinbaum impulsa una conversación sobre regulación tecnológica con enfoque de derechos, la llamada Ley Serrano terminó generando cuestionamientos sobre libertad de expresión y ejercicio periodístico. La inteligencia artificial requiere reglas, sí, pero no marcos legales tan amplios que permitan confundir crítica, sátira, denuncia o periodismo con amenazas a la paz pública.
La defensa que Serrano ha hecho de la reforma tampoco ayudó a desactivar la polémica. Lejos de abrir una discusión de fondo sobre sus alcances, el legislador optó por responder a sus críticos con descalificaciones personales e incluso sugirió revisar sus antecedentes en internet. El problema es que ese ejercicio también funciona en sentido contrario. Basta revisar su propia trayectoria política para encontrar un historial marcado por controversias que lo han acompañado desde su paso por la Ciudad de México. Quizá por eso la discusión ya no gira únicamente alrededor de la inteligencia artificial. Lo que hoy se debate en San Luis Potosí es si una ley puede terminar inhibiendo la crítica pública.
MADRUGUETES
Legislar el futuro
El Poder Legislativo busca unificar criterios institucionales para apuntalar la soberanía tecnológica de la federación. El presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en San Lázaro, Eruviel Ávila Villegas, acordó con la senadora Susana Harp la apertura de mesas de trabajo bicamerales para agilizar el marco normativo de los programas de innovación en marcha. La prioridad inmediata es la construcción de una Ley sobre inteligencia artificial capaz de dar viabilidad jurídica al ecosistema público que opera la secretaria Rosaura Ruiz por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta cartera abarca sectores críticos como la manufactura de chips vía el proyecto Kutsari, el diseño aeroespacial de la Misión Ixtli y la construcción de la súpercomputadora Coatlicue. El bloque del Congreso de la Unión prevé que la integración de profesionales y la base estudiantil a estos esquemas de manufactura local blindarán el desarrollo industrial hacia los próximos años.
La prueba documental
Las contrataciones de seguridad en el AICM quedaron bajo escrutinio público tras diversas publicaciones sobre empresas proveedoras. Ante ello, la terminal dirigida por el Almirante Juan José Padilla aclaró que todos los procesos se realizaron conforme a la legislación vigente y bajo los requisitos establecidos por la normatividad aplicable. La discusión, más que sobre versiones, se centra en la capacidad de las instituciones para acreditar cada decisión. En ese contexto aparece SERPROSEP, empresa que obtuvo un contrato de seguridad en 2025. La documentación corporativa muestra cambios en su integración accionaria desde septiembre de 2024, antes de participar en la licitación que posteriormente ganó. El concurso reunió a ocho participantes y la propuesta adjudicada obtuvo la mejor evaluación técnica y el costo más bajo, lo que representó un ahorro superior a 188 millones de pesos respecto a la oferta más alta. En un sector tan sensible como la seguridad aeroportuaria, los expedientes, las licitaciones y la evidencia documental terminan por tener más peso que las especulaciones.
Del gabinete al VIP
A meses de que Daniel Sibaja González, saliera de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, la falta de cargo no parece haber significado una pausa en las actividades de alto perfil para el exfuncionario, quien fue visto el pasado 11 de junio en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México, en el área hospitality, uno de los espacios más exclusivos del evento con costos que rebasan los 200 mil pesos por entrada. Su salida del gabinete mexiquense al frente de Delfina Gómez, estuvo precedida por conflictos con organizaciones de transportistas y críticas por su gestión, entre otros, como su ostentoso estilo de vida acción que contrasta con los principios de austeridad de la Cuarta Transformación. Cabe resaltar que, desde mediados de 2024, líderes del Movimiento de Transportistas Mexiquenses exigieron su destitución dada su actitud “intolerante y represora”.
