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Por Álvaro Delgado Gómez
De pronto se volvió lugar común en la comentocracia que el periodismo debe cuestionar al poder. La frase se presenta no como uno de los principios del periodismo, sino como una novedad. Y lo es: Antes de 2018 la práctica en los medios corporativos era someterse al poder, al que ahora súbitamente se rebelan. Pero es una impostura: Se critica al actual poder gubernamental sólo para seguir siendo serviles y obsequiosos a los otros poderes constitucionales y fácticos que enfrentan a éste.
Es obvio, los periodistas y los medios debemos cuestionar al poder, sacando a la luz lo que le quiere ocultar a la sociedad, pero debemos hacerlo no sólo al poder político, que es lo que se ha puesto de moda en México cuando se habla de cuestionar al poder, sino a los otros poderes del Estado: Al Legislativo, que paulatinamente ha sido sometido a escrutinio, y sobre todo al Judicial, el más opaco, arbitrario e impune de todos los poderes.
En el Poder Judicial se han atrincherado históricamente todos los intereses de las élites y en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un contrapeso que, ahora con la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha decidido convertirse en la oposición, ante la anemia de los partidos políticos.
Con mayor razón es preciso que el periodismo en México cuestione al Poder Judicial tanto como al Ejecutivo y al Legislativo, sobre todo si con sus decisiones se configura un “autoritarismo judicial”, que por hacer política de oposición se aparta de la Constitución y las leyes.
Más aún: El periodismo debe cuestionar también al poder económico, el de las grandes fortunas construidas a menudo a la sombra del poder político, y al poder mediático, el de las cadenas de televisión, radio y prensa cuyos propietarios, directivos y periodistas fueron por décadas maestros del servilismo a cambio de privilegios y ahora se describen falsamente como paladines de la libertad y de la crítica “al poder”.
En México no debe haber intocables, ni el Presidente de la República ni los legisladores ni los jueces, pero tampoco los magnates ni los informadores ni los ministros de culto. Al poder —a los poderes— se les debe cuestionar a todos y siempre. Pero eso no pasa en nuestro país, donde la mayoría de los medios, fieles a lo que han sido, siguen subordinados al poder del dinero y sólo se oponen al que ya no se los da.
Ahora resulta que al Poder Judicial de la Federación, que encabeza la ministra Piña Hernández, no se le toca. Igual que el INE, igual que el INAI. Criticar a los ministros, magistrados y jueces por sus sentencias y comportamientos es sinónimo de destruir las instituciones, como si estas personas no fuera servidores públicos sujetos a escrutinio y como si la libertad de expresión ya estuviera proscrita.
No: El Poder Judicial y los servidores públicos que forman parte de él no son intocables, y menos deben serlo cuando son los que tienen la última palabra en la impartición de justicia en un país donde históricamente ésta se compra y se vende.
A diferencia del Ejecutivo y el Legislativo, que se eligen por el voto popular y deben rendir cuentas de lo que gastan, así como someterse a los tribunales sobre cualquier decisión que sea impugnada, al Poder Judicial no lo elige la ciudadanía, tiene la ultima palabra en todas las materias y sólo rinde cuentas a sí mismo, oculto a los ojos de los justiciables.
Es un escándalo que haya manifestantes fuera del recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y proliferan las voces que piden la protección de las tropas a los ministros que encabeza Piña, la valentona que llegó a Ministra con el impulso de Enrique Peña Nieto, de su “primo” Miguel Ángel Osorio Chong y que se ha rodeado de colaboradores de ese mismo grupo político y económico asociado también a personeros de Claudio X. González.
Seguramente habrá exabruptos y excesos verbales y escenográficos, como los ataúdes con dedicatoria a los ministros y quizá otra vez le prendan fuego al monigote de Piña, pero protestar no es un delito. Cotidianamente los malquerientes del Presidente López Obrador protestan, pero a quienes lo insultan con las peores expresiones verbales y escritas no han sufrido sanción alguna, incluidos prominentes opinadores y lectores de noticias que repentinamente descubrieron que “al poder se le critica”.
Los ministros no deben ser intocables. Los empresarios no deben ser intocables. Claudio X. González no debe ser intocable, como lo es en medios, incluyendo revistas que sólo lo citan para enaltecerlo. Los ministros de culto no debe ser intocables.
Los dirigentes partidarios no deben ser intocables. Y los periodistas no debemos ser intocables. Nadie, nunca jamás, debe ser intocable en México.
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