Redacción El Coahuilense
Ciudad de México.- La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma Irene de la Cruz Magaña, durante el Encuentro Nacional de Observatorios de Participación Política de las Mujeres en México, mencionó que estamos a días de celebrar una de las jornadas más importantes en nuestra historia electoral y los ojos del país y de todo el mundo estarán en este ejercicio democrático, pero después vendrá lo más complejo para la paridad y serán los tribunales donde deberán hacerse valer.
De la Cruz Magaña, señaló que será en los tribunales donde tendrán que volver realidad el principio de paridad y que esto se traduzca en mujeres electas en el Congreso a nivel local y federal, en los municipios, ayuntamientos, sindicaturas, regidurías, entre otros, por lo que hay mucho trabajo por hacer.
Además, dijo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no solo se está tomando en serio y con prontitud la participación de las mujeres en la política en general, sino en especial en este proceso electoral en puerta.
No obstante, el pasado 18 de marzo, El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se declaró incompetente para resolver la queja de la diputada Monserrat Arcos por violencia política en razón de género en contra del dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, bajo el argumento:
«Se constituyó un asunto intrapartidista y se debe resolver al interior del tricolor, aunque abrió la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda tratar los señalamientos sobre desvío de recursos de un programa destinado a la participación política de las mujeres».
La consejera del INE, resaltó que están resolviendo una queja por día, en promedio, recordó que antes no se contaba con la 8 de 8, por tanto, se refirió al «dinamismo de nuestro sistema electoral», y también en avances que se han tenido para hacer realidad los derechos políticos electorales y se puedan ejercer en paridad, en equidad en las contiendas y, sobre todo, libre de violencia.
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Pese a que en México hay mayor número de mujeres en cargos públicos y se piensa que está garantizada la paridad de género por la Constitución mexicana, lo cierto es que aún persisten prácticas estructurales que deben ser erradicadas, porque les impiden ejercer sus derechos político-electorales, así lo afirmó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso.
Estas declaraciones las emitió al inaugurar el Encuentro Nacional de Observatorios de Participación Política de las Mujeres en México, el cual preside, Soto desde 2016, cuyo objetivo es coordinar acciones para promover mayor participación de mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público así como lograr sinergias que cierren brechas de género.
La presidenta del Tribunal Electoral, también destacó que del 4 de noviembre de 2016, fecha en que iniciaron sus funciones las actuales magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, hasta el 30 de abril de 2024 se resolvieron mil 182 expedientes y se dictaron 6 mil 273 sentencias referentes exclusivamente con asuntos de paridad de género.
En este contexto, no perdamos de vista que estas elecciones serán las que mayor número de mujeres contengan por un cargo de elección popular y esto obliga a todas las instituciones del Estado mexicano a combatir la Violencia Política en Razón de Género (VPRG); porque de los 20 mil cargos en disputa en todo el país, más de 10 mil serán ocupados por mujeres quienes tendrán que ocupar esos espacios.
La participación de mujeres candidatas toma importancia, porque hay fuertes aspirantes en la contienda, pero la VPRG ya está siendo uno de los principales retos que enfrentan tanto las candidatas como las instituciones electorales.
Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), 18 estados nunca han sido gobernados por una mujer y solo el 28 por ciento de los Poderes Ejecutivos locales han sido ocupados por mujeres.
Las elecciones locales a nivel municipal son las que acumulan mayor desigualdad en materia de paridad, tiene el 72 por ciento de candidatas mujeres víctimas de violencia.
Metodología para juzgar en materia electoral
Al encabezar la inauguración del Encuentro Nacional de Observatorios de Participación Política de las Mujeres en México, el cual también preside, Mónica Soto indicó que desde 2016 se empezó a aplicar una metodología para juzgar en materia electoral, que valora no solo los elementos contenidos en cada expediente, sino también toma en cuenta el contexto y desigualdades estructurales del poder en las que se cometen las violaciones a derechos político-electorales de las mujeres.
Ante titulares de Observatorios de Participación Política de las Mujeres de todas las entidades del país, la magistrada presidenta del TEPJF consideró necesario vigilar constantemente el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género para lograr el ejercicio sustantivo de los derechos de participación política y electoral de las mujeres y no solo en términos cuantitativos.
En ese sentido, expresó que el Tribunal Electoral es una institución defensora y protectora permanente de los derechos político-electorales de todas las ciudadanas y ciudadanos, pero de manera particular se ha enfocado en juzgar con perspectiva de género y refirió la relevancia de las acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables para que puedan ejercer sus derechos de manera igualitaria.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylbermann, dijo que una de las grandes contribuciones del Observatorio en los últimos años es que la paridad está al alcance para todas las mujeres, en donde se destaca la promoción de la participación de las mujeres indígenas, afro, de la diversidad sexual o con discapacidad, y que son causas que el INE y el TEPJF han abrazado.
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Aunque cabe señalar que el 20 de septiembre del 2023, integrantes del Observatorio Estatal de Ciudadanas para la Participación Política de Mujeres Indígenas y Afromexicanas presentaron una demanda de juicio ciudadano ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta acción legal se dirigía contra el Acuerdo INE/CG527/2023 debido a su contenido al considerar que contravenía el principio de certeza electoral.
Mujeres indígenas y afromexicanas argumentaron que el acuerdo no establecía un número definido de candidaturas para cada uno de los cinco grupos en situación de vulnerabilidad, lo que permitía a los partidos políticos favorecer a un grupo sobre otro y socava la igualdad sustantiva. Esto, afirmaron, iba en contra de los principios fundamentales de legalidad, imparcialidad, objetividad y no discriminación.
Y es que parte del acuerdo establecía que para personas afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, en pobreza y mexicanas migrantes residentes en el extranjero, los partidos debían postular 20 fórmulas a diputaciones y 4 a senadurías.
Por tanto, se lograron alcanzar 246 candidaturas de mujeres indígenas en el actual Proceso Electoral Federal 2023-2024, hecho inédito alcanzado mediante acciones afirmativas y movilizaciones de defensoras.
Fue el pasado 26 de abril de este 2024, que Cristina Solano Díaz, indígena Ñuu Savi, intérprete traductora, dirigente estatal, refirió que la participación tan alta de mujeres indígenas en esta contienda electoral, es producto de una lucha que empezaron hace años, “hemos logrado una reforma electoral en Baja California mediante las acciones afirmativas del órgano electoral y, esta ley fue un logro de mujeres indígenas”.
La activista compartió que han estado dando acompañamiento para dignificar todas las candidaturas indígenas y afro desde el estado de Baja California, señaló que “de 147 postulaciones de candidaturas indígenas en el estado de Baja California, solo 1 fórmula es afromexicana, de esas postulaciones el 76 por ciento de participación corresponde a candidaturas de mujeres indígenas”.
Estas declaraciones se enlazaron con la Red Nacional de Abogadas Indígenas (RNAI) quienes también lanzaron un llamado para identificar a aspirantes que utilizan la identidad indígena como manera de escalar hacia el proceso electoral.
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, durante este Encuentro Nacional de Observatorios de Participación Política de las Mujeres en México, expresó:
«No al regateo por la paridad, pues somos la mitad y es lo merecemos y estamos en la víspera de una elección donde hay miles de mujeres candidata que no ha sido fácil, sino a “codazos y setenciazos” y estamos por tener una mujer presidenta y no es cualquier cosa, sino el trabajo sostenido de las mujeres de este país durante décadas».
Atender violencia política contra mujeres
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instaló la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género, para garantizar la participación política de mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia en los procesos electorales y en el ejercicio de los cargos de elección popular, es única en su tipo en América Latina, con servicios gratuitos y atención tanto presencial como digital, lo que puede favorecer a mujeres en ámbitos municipales y locales.
Esta Defensoría tiene como su primera titular a María del Carmen Carreón Castro, también lo integra un equipo de defensoras especializadas, conformado por Araceli Catalán Vázquez, Irina Cervantes Bravo, Ana Fátima López Bravo y Viridiana Aguilar Linares. Además, actuará a petición de la afectada y la solicitud podrá presentarse en forma presencial; por correo electrónico: [email protected] y por juicio en línea.
De esta forma, buscaron brindar el servicio de representación jurídica en asuntos de paridad y violencia política que son de competencia exclusiva de las Salas del TEPJF; de asesoría jurídica en asuntos de paridad y violencia política que corresponda a autoridades jurisdiccionales locales y administrativas. Además, ofrecerá orientación en las consultas que no requieran de los anteriores servicios.
Es un órgano auxiliar de la Comisión de Administración del Poder Judicial de la Federación y cuenta para el desempeño de sus funciones con autonomía técnica y operativa.
Su creación y funcionamiento se realiza con recursos del TEPJF, por lo que no implica aún ningún incremento presupuestal, no obstante se ha solicitado tenga su propio etiquetado.
Según la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cada delito tendrá una sentencia distinta dependiendo las circunstancias.
Las conductas señaladas en las fracciones de la I a la VI, serán sancionadas con pena de cuatro a seis años de prisión y de 200 a 300 días multa.
Las conductas señaladas en las fracciones de la VII a la IX, serán sancionadas con pena de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días multa.
Las conductas señaladas en las fracciones de la X a la XIV, serán sancionadas con pena de uno a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa.
Sin embargo; cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueren realizadas por servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio.
Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores, fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad.
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