Redacción El Coahuilense
Una razón social activa y sin movimiento desde su creación en los asientos registrales reúne a buena parte del equipo en la presidencia municipal que dirige Miguel Ángel Ramírez López, “El Charro”.
La empresa se llama “Grupo de Trabajo Los Charros”. No es todo. En la nómina municipal tuvo a bien designar a una de sus hermanas como funcionaria que también es accionista de dicha empresa.
El asunto es ejemplar y pone de manifiesto la atención que debe poner la Auditoría Superior del Estado en los actos de nepotismo y conflicto de interés, un tema tan importante que ahí, en el séptimo municipio más poblado del estado, la edición impresa de El Coahuilense Noticias pone el objeto de investigación, la cual puede leerse en la edición 44 que estará en circulación a partir de hoy.
Réplica de consejera Madeleyne Figueroa
El pasado 12 de julio, esta columna se refirió a la situación de la Comisión de Paridad en el Instituto Electoral de Coahuila, cuya dirección fue finalmente ocupada. La consejera electoral Madeleyne Figueroa rechazó diversas consideraciones de la mencionada columna y ejerció su derecho de réplica.
Por haberlo hecho conforme a las disposiciones jurídicas aplicables al derecho de réplica, no puede esta columna hacer apostillas ni comentarios. Sin embargo, consideramos que es preciso mencionar que dicha edición de Círculo Rojo consignaba la existencia de un conflicto, filtraciones y una situación fuera de un restaurante, que la consejera Figueroa niega.
En atención a su petición de réplica, reproducimos la parte sustancial de esta mientras que su solicitud extendida se encuentra disponible en formato pdf al calce de la presente columna.
“Dentro de las facultades de la consejera Madeleyne Figueroa no se encuentra el control de personal de dirección del IEC, el rumoreo institucional no es fuente de información, no existe prueba de filtraciones de su parte, quien al enterarse de hechos que no podrían vulnerar datos personales de candidatas, así como poner en peligro su seguridad e integridad, solicitó a Leticia Bravo un informe y una reunión, sin que ello implica inculparla, la investigación y sanción está pendiente en contraloría”.
Dilación judicial
Hace más de un año, El Coahuilense Noticias dio a conocer la historia de Salvador Llorens, un agroempresario nogalero quien, para evitar la instalación del negocio de un vecino que no le quiso vender sus tierras, decidió edificar una barda bloqueando un camino pavimentado que hacía de servidumbre de paso.
Bajo la protección de influyentes funcionarios judiciales, entiéndase jueces y magistrados, el nogalero pudo frenar a la familia Villegas, que posee una empresa de transporte y que había apostado su patrimonio a un proyecto de expansión.
Resulta que, a la vuelta de los años, muchos recursos y promociones, la justicia finalmente le dio la razón a los afectados por las acciones de Llorens, pero es fecha que no se ejecuta la sentencia, por estos días, amparado el Poder Judicial de Miguel Mery Ayup, estar en el período vacacional.
Cosecha de caza selfies
Luego de que ayer esta columna registrara el caso de los “caza selfies”, hubo un severo reclamo porque el primero en aplicar la categoría fue el matamorense Gustavo de León, mejor conocido como “El Chapu”, a quien extendemos nuestras sinceras disculpas por la omisión y expresamos nuestro afecto, en espera de que un desayuno chapulinesco –de esos a los que todo político lagunero asiste– logre superar el trance.
La otra cuestión es que se identificó como un fiel representante de dicha categoría al director de la Facultad de Jurisprudencia de Saltillo, Alfonso Yáñez Arreola, quien hasta enero mantuvo viva su aspiración a la rectoría.
Dicen que hay que tener cuidado con lo que se quiere. Y es que, en el Círculo Rojo saltillense se dice que el también notario podría ver cristalizado su anhelo de ser llamado rector… pero de la Universidad Tecnológica de Derramadero, a donde sería cuestión de días que lo inviten, ¿será?
Seguridad fronteriza
Ayer se realizó el encuentro de seguridad en la zona Del Río, condado texano que hace frontera con Ciudad Acuña, en el que participó el fiscal general, Gerardo Márquez; el titular de la Agencia de Investigación Criminal, Gabriel Martínez López, el jefe de la estadounidense Patrulla Fronteriza (la Border Patrol, para los cuates), así como los cónsules de Guatemala y El Salvador, entre otras autoridades de la seguridad en ambos lados.
El objetivo del encuentro fue implementar acciones conjuntas para la prevención de la trata y la protección de derechos humanos de las personas migrantes, incluyendo la vigilancia fronteriza, el intercambio de información y la creación de nuevos programas de seguridad.
Hasta ahí todo bien.
Lo único raro fue que, como si fuera de su interés hacer deslucir el encuentro, el director de Delitos de Alto Impacto Cometidos en Agravio de Migrantes de la propia Fiscalía General del Estado (FGE), Vidal González Orozco, salió a informar que 33 personas migrantes han muerto en el Río Bravo en lo que va de 2024. También que a un año del ahogamiento de una pequeña de siete años, en días pasados lograron su identificación y van a repatriar el cuerpo.
En el círculo rojo se exclama ya ¡Qué feo se llevan por estos meses en la FGE!
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