Redacción El Coahuilense
La aplicación de aranceles mantuvo al sector público, privado y a las organizaciones gremiales en pausa. Si bien es cierto que la condena es generalizada y los pronósticos poco alentadores, la toma de decisiones se aplazó para hoy, cuando se espera que la presidenta Claudia Sheinbaum sostenga una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Dicen que la esperanza es lo último que muere y acaso las expresiones que ayer por la tarde tuviera el secretario de Comercio nortamericano, Howard Lutnick es lo que la mantiene viva aunque no por ello se deja de advertir el desastre:
La Coparmex nacional y su dirigente en Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, están alertando de un riesgo de recesión y un impacto casi inmediato en la paridad peso dólar. El secretario de gobierno, Óscar Pimentel, ha dicho que el daño es primero para el mercado estadounidense y un freno a la inversión extranjera directa. Los sindicatos, en particular la CTM de Tereso Medina, se mantienen a la espera de la reacción de los industriales especialmente del sector automotriz y de autopartes.
Y acaso, una esperanza más sea que esos industriales hayan previsto medidas de esta naturaleza y estén preparados para mantener sus operaciones durante cuatro años o por el tiempo que dure la medida, aunque bien sabemos que en el análisis del costo-beneficio habrán de decidir lo que mejor les convenga.
Se trata pues de las horas de impasse que se habrán de prolongar, después de la llamada, a las respuestas arancelarias y no arancelarias del gobierno mexicano a exponerse en el mitin del domingo.
Capacitación y certificaciones
El escenario no pasa inadvertido para los sectores público y privado, como se pudo observar ayer en el encuentro que sostuvieron la secretaria del Trabajo Nazhira Zogbi y el presidente de Coparmex, Alfredo López Villarreal.
Con el asunto arancelario presente en corto y referido fugazmente en público, fue precisamente López Villarreal quien expuso que en medio de esta turbulencia lo que ayuda y da valor agregado a la región y al estado es su competitividad, que se ubica en primer lugar nacional, así como otros indicadores.
El encuentro de ayer al que asistieron también por el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icatec), Marco Antonio Cantú Vega y, el director de Coparmex, Miguel Monroy, tuvo como propósito hacer sinergia para apostarle a la certificación de competencias laborales.
Así que de este lado del país y en el ámbito de las posibilidades, el trabajo no para.
¿Quién abrió a Felipao?
Ayer el gobernador Manolo Jiménez Salinas realizó una gira de trabajo por Torreón y, en uno de los eventos, se reunió con cámaras y organismos empresariales, así como con algunos de los empresarios acaudalados de la Laguna que son consejeros del ISN y del Fomec.
Estuvo el alcalde Román Alberto Cepeda; la líder cameral, Luz Elena Morales y, entre otros funcionarios, el delegado de Mejora, Hugo Dávila.
Lo que llamó la atención fue que en todas las actividades anduvo muy movido el diputado Felipe González, “Felipao”, pero no apareció en ninguna de las fotos institucionales por lo que, aquellos acuciosos de la vida política se preguntaban ayer mismo en la Perla de la Laguna ¿quién abrió a Felipao? Y claro, no faltó la respuesta en la invocación del difunto don Fidel: el que se mueve no sale en la foto.
Los malos patrones
En la edición impresa 58 de El Coahuilense Noticias hay un amplio reportaje a propósito de la Ley Silla que, como se sabe, entrará en vigor en junio. Sin embargo, la toma de conciencia sobre las implicaciones de no dotar de sillas o bancos para el trabajo al personal ha dejado ver la insensibilidad de algunos y la responsabilidad de otros.
Un recorrido realizado por el equipo de esta casa editora visitó los supermercados del sureste, donde encontró que sólo Soriana y HEB, han dotado de bancos a su personal de cajas.
Pero nada en Walmart, AlSuper, Fresh Market o Ley, donde trabajadoras y trabajadores esperan de pie la obligatoriedad de la Ley Silla.
Reaparece Rodrigo
Quien reapareció ayer en su cuenta de X fue Rodrigo Germán Paredes Lozano, el expresidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), a quien el INE echó en enero por irregularidades en su desempeño.
Se dice que Paredes Lozano anda muy activo en la Ciudad de México, procurando revertir la decisión en el Tribunal Electoral, con apoyo de un cierto sector de Morena al que pudo convencer de ser blanca paloma.
La reaparición fue para referirse específicamente al director de El Coahuilense Noticias en relación a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, por un contrato de paquetería electoral en el que el órgano dictó la aplicación de procesos administrativos contra los implicados. Como hubo notas periodísticas al respecto, Paredes decidió publicar el contrato pidiendo se identifiquen los nombres de quienes participaron en el procedimiento.
Se trata del entonces secretario ejecutivo, Jorge Alfonso de la Peña Contreras; de la encargada de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración, Patricia Linnett Guel Dávila, así como a la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Laura Patricia Ramírez Vázquez.
Además, a Yuriria Rendón Yáñez por la Unidad Técnica de Fiscalización; a María Teresa Nares Cisneros, la contralora interna y al director ejecutivo de Organización Electoral, Julio César Lavenant Salas.
A ver qué dicen las y los aludidos.
Críticas a la selección al CPC
Quienes vienen realizando una crítica severa al desempeño de la Comisión de Selección para el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, son las integrantes de PC29, la asociación civil asentada en la laguna que suele ser muy acuciosa en su revisión al poder.
Desde el pasado lunes, Patricia Tobías, quien preside la organización, viene cuestionando el formato de las entrevistas, la ausencia de parámetros y, claro está, el cuestionamiento sobre conocimientos del sistema cuando se trata de una instancia que se supone debe ser integrada por ciudadanos no necesariamente legos como lo sería un exfuncionario.
De hecho, la crítica central parece orientarse a que aquellos mejor evaluados en la primera etapa son principalmente funcionarios o exfuncionarios públicos, lo que consideran desvirtúa el sentido de un consejo ciudadano.
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