Redacción El CoahuilenseEl post surgió de la cuenta oficial del INE. Su texto es general: la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, y la secretaria ejecutiva, Claudia Arlett Espino, recibieron al gobernador Manolo Jiménez y al subsecretario Diego Rodríguez Canales “para dialogar sobre la organización de los próximos comicios en el estado, que darán inicio en diciembre de este año”.
Asunto muy institucional que, sin embargo, motivó airada reacción de Ricardo Mejía Berdeja, quien, a la usanza de su narrativa, es decir, sin ton ni son, acusó “manos turbias en la elección”, derivó en las impugnaciones a la legislación electoral y desvarió sobre “el chayote a los medios corruptos” que les da Diego Rodríguez.
Al mismo nivel, el removido expresidente del Instituto Electoral de Coahuila Rodrigo Paredes consideró que estaban negociando las consejerías del organismo que alguna vez presidió.
La cuestión es que ni uno ni otro. Mejía pide que se saquen las manos de un proceso que no ha iniciado, mientras que el otro desliza la idea de trampa en el procedimiento que él mismo siguió para llegar al IEC a través del INE, que también decidió defenestrarlo.
El episodio es menor, pero su abordaje necesario para evidenciar que ambos siguen una misma ruta.
Se pasó de feminista
Lo que sí es cierto es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó algunas disposiciones del Código Electoral de Coahuila por contravenir la Constitución federal y que, coloquialmente podrías decir, se pasaba de feminista.
A través de un comunicado emitido la noche del martes, la Corte informó que se invalidaron las disposiciones (artículo 10, numeral 1, inciso h) del Código Electoral coahuilense, por impedir el acceso a cargos de elección popular a quienes hubieran cometido conductas sancionables contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Es decir, por violencia en razón de género o por violencia contra las infancias.
Lo que pasa es que los derechos políticos constitucionales tienen previstos los motivos para su limitación y en Coahuila fueron un poco más allá.
Por alguna razón, esas son las disposiciones cuya invalidez celebra Mejía Berdeja.
Y, finalmente, también se consideró revertir la disposición que limitaba a un solo recuadro las coaliciones sin individualizar en la boleta a los partidos que las conforman.
Descontón en La Laguna
Las miradas estaban puestas en las regiones Centro y Sureste ante los amagos arancelarios, dejando a La Laguna con mejores expectativas. Pocos vieron venir el trancazo por el lado textil.
Ayer, Wrangler de México, la famosa marca de ropa vaquera, anunció el cierre de sus operaciones en Torreón, el ejido Coyote, La Rosita y San Pedro de las Colonias.
No se trata de una desinversión y sí de un traslado “como parte de una reestructuración derivada de la evaluación de su cadena de suministro global y un análisis estratégico de capacidad”. Traducción: problemas con aranceles.
De aquí a octubre, Kontoor Brands, la firma global que controla Wrangler, realizará los despidos paulatinos. Mala noticia en La Laguna porque podría ser el primero de varios “ajustes”.
Precisamente un día antes, el lagunero Luis Olivares, secretario de Fomento Económico, se refería a un panorama difícil para el estado.
La promesa del gas shale
La posibilidad de que el gobierno de la República reinicie los proyectos para extracción de gas shale ha entusiasmado a varios políticos y empresarios coahuilenses, luego de que hace unos días las proyecciones de Pemex permitieran advertir que se retomaría ese modelo en el sector energético.
Coahuila, ciertamente, tiene riqueza en el subsuelo, aunque los riesgos que han advertido ambientalistas alrededor del mundo parecen ser lo de menos ante las necesidades energéticas.
El primero que se aceleró en el asunto es Rogelio Montemayor Seguy, el exgobernador de Coahuila y exdirector de Pemex –donde dejó malas cuentas y puso fin a su carrera política– pero quien, en los últimos años, se ha obstinado en la promoción de la extracción del también llamado gas de lutitas.
Ayer se le vio muy pedagógico con Blas Flores, el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Estado, quien por lo visto, será el encargado de explorar el modelo de negocio por estos lares.
Como se recordará, el expresidente López Obrador desde su campaña y durante todo su gobierno, prohibió ese tipo de producción y tal parece que ahora, con el cambio de gobierno, le vuelve a sonreír la fortuna a los voraces capitalistas del sector.
Caso TSM
Jennifer “N”, la señora que participó en el atropellamiento de fanáticos de Rayados, consiguió aplazar una vez más su sentencia.
La versión de la imputada fue que aquel fatídico 21 de enero de 2024, un grupo de aficionados del Monterrey agredió a su pareja, quien intentó confrontarlos; ella subió a la pick up y condujo hacia el lugar de la riña, pero asegura que perdió el control y atropelló a varios aficionados regios, provocando que una mujer perdiera la vida.
El asunto, pese a las condiciones de carácter personal, ha sido usado en contra del alcalde Román Alberto Cepeda y la policía municipal, al descubrirse que, independientemente del caso, no contaban y, por lo tanto, no tenían implementado un protocolo de control de multitudes.
Politización a parte, en lo concreto, se advierte aún muy difícil que se alcance una verdad legal.
Una causa de Álvarez Máynez
Por extraño que parezca, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se metió a una lucha peculiar: denunciar la sobreexplotación del acuífero Saltillo-Ramos Arizpe, que, aseguró, es responsabilidad de la industria refresquera y cervecera.
La defensa del agua siempre será bien recibida pero ¿a qué industria se referirá el también excandidato presidencial?
Y es que, en el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe, no se sabe de operaciones refresqueras a gran escala y, se supone, que está limitada a actividades de distribución, mientras que la reactivación de Fábricas “El Carmen” pareciera que quedó en proyecto sin concretar por Arca Continental.
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